La dolarización es un esquema de política monetaria que tiene impactos estructurales en la distribución del poder en el Ecuador. En dolarización el país depende de su balanza de pagos. Esto significa que las medidas de política pública que busquen preservar este régimen monetario deben estar orientadas a maximizar la repatriación de divisas, minimizar su salida y fortalecer el ahorro y la inversión doméstica.

Otro elemento que no suele ser mencionado es que bajo este esquema monetario, la creación del dinero queda en potestad exclusiva del sistema bancario privado, concentrado y excluyente, acentuando los problemas de acceso al dinero por parte de la gran mayoría de la población. El dinero es un bien público y de libre acceso para todos los residentes de un Estado, sin embargo, al ser distribuido por los canales privados, el acceso al mismo es más difícil y costoso para aquellas personas que se encuentran lejos de los centros urbanos, que no tienen una cuenta en el banco y que desde el punto de vista financiero “son menos rentables” a los ojos de la industria bancaria.

Otro elemento estructural es que el país sufre la carencia de papel moneda y se enfrenta a costos transaccionales muy altos por utilizar billetes y monedas que son provistos por la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Ecuador literalmente contrata aviones llenos de billetes. Más grave aún en cada transacción que usamos dólares financiamos el déficit de los EEUU. Frente a estas realidades estructurales, es falso que no se puede hacer política monetaria en dolarización, el país debe poner esta unidad monetaria al servicio del Buen Vivir de sus ciudadanos.

Son cuatro elementos claves para lograr este cometido: fortalecimiento de la institucionalidad, regulación, desarrollo de instrumentos y políticas públicas. La institucionalidad monetaria debe ser soberana de pensamiento y libre de conflictos de interés. No se puede permitir intereses del sector financiero escudados en la vieja escuela neoliberal, ni de los organismos internacionales -que impusieron la desregulación llevandonos a la pérdida de soberanía- incidan en la política monetaria soberana. Mientras que la política neoliberal ha buscado privatizar las funciones monetarias del Banco Central del Ecuador (BCE), la dolarización exige, por el contrario, que el ex- instituto emisor tenga capacidades regulatorias y operativas que permitan a los ecuatorianos poner a su disposición la mayor cantidad de recursos y herramientas para que la liquidez del sistema económico se mantenga dentro de la economía nacional, invertido en la producción local y controlando al sistema financiero para que opere en eficiencia y eficacia en la asignación de recursos para todos los habitantes, como manda la Constitución.

Para que el sistema opere con eficiencia para todos, se requiere una política regulatoria sobre uno de los precios más importante de la economía, las tasa de interés. El análisis para su regulación no solo debe considerar los intereses del lado de la oferta sino del lado de los demandantes del crédito. La tasa de interés es un elemento de asignación de recursos que no debe ser establecido por el poder de mercado de los grandes bancos en el Ecuador.

El dólar no es un tema de exclusiva competencia de los bancos. El Estado debe facilitar nuevos instrumentos para movilizar la liquidez dentro de la economía, independiente de que las personas tengan o no una cuenta bancaria. Utilizando la misma lógica para la creación de dinero secundario por parte de la banca privada, nada impide al Estado, a través del Banco Central del Ecuador, crear dinero, en forma electrónica, tal y como lo hacen todos los días los bancos privados, para permitir que las personas/empresas sin cuenta bancaria puedan acceder al dinero como un elemento que dinamice su actividad productiva y de emprendimiento.

Esto no solo representa una decisión que reduciría drásticamente los costos transaccionales para las personas pobres, que diariamente ven cómo para realizar una transacción o recibir un pago deben abandonar sus lugares de actividad horas y a veces días. Además permitiría reducir drásticamente el uso de billetes y monedas, que es tan costoso para el Ecuador.

De esta forma el Estado tiene una relación directa con sus habitantes en la provisión de este derecho básico como es el acceso al dinero, no dependiendo de un intermediario financiero, y reconstituye las relaciones de poder en la economía cuando se convierte al ciudadano en la persona que decide en qué institución financiera y bajo qué condiciones deposita su dinero en función de los beneficios que perciba de la entidad que le ofrece servicios.

El Banco Central del Ecuador es el administrador de la liquidez del país, y por tanto no es un actor “técnico” en el sentido de ser indolente frente a la pobreza, sino que debe ser un actor de redistribución del poder. Así, se debe fortalecer la actividad de las entidades financieras y las operaciones que buscan hacer que el dinero se mantenga en las zonas donde es captado con el fin de convertirlo en crédito productivo y de emprendimiento. Las entidades que fortalecen esta lógica deben tener un trato preferencial, tal como lo indica la Constitución. Esto porque en el pasado, el Estado ha sido quien ha favorecido el incremento de poder de mercado de la banca privada al impedir que otros actores financieros utilicen el Sistema Nacional de Pagos como elemento de conexión entre su entidad, sus clientes y el resto del sistema financiero. En esto, el Banco Central del Ecuador debe ser menos timorato y más programático en su accionar, sobre todo porque estas acciones fortalecen la dolarización al promover capacidad productiva en el país.

Finalmente, el Estado debe explicitar una política de preservación de dólares en la economía y evitar la fuga de capitales o importaciones innecesarias para la consecución del Buen Vivir.

*Economistas-Senplades