En 1990, la compañía Telemóvil anunciaba, por primera vez en el Perú, el ingreso del teléfono celular a su mercado. ‘La libertad de la palabra y el derecho de elegir’, era el lema que acompañaba a una fuerte campaña con la que se buscaba imponer esta nueva forma de comunicación en un país económicamente quebrado: el primer gobierno de Alan García había llevado al suelo la economía nacional. Mientras la televisión no dejaba de promocionar las ventajas de la nueva telefonía, en la calle, el pánico social se apoderaba de la gente. 

“Teníamos las carteras repletas de dinero, no porque nos sobrara, sino porque la plata ya no valía nada, por ejemplo, ibas a una tienda, pedías una gaseosa y tenías que pagar por ella 500 mil intis, era algo totalmente aterrador”, señala en Lima, Domingo Carrasco, jubilado del servicio público.

Veinticuatro años después, cerca de 33 millones de líneas móviles se encuentran activas en el vecino país, representando una de las principales plataformas para la realización de transacciones electrónicas. La economía, apegada a una administración neoliberal, ha logrado salir a flote, haciendo que los recuerdos de las carteras llenas de un dinero inservible sean reemplazados por nuevas formas de consumo: las tarjetas de crédito, de débito, compras y pago de servicios on line, se proyectan como una red que en poco tiempo cubrirá todo el territorio. 

Basados en esa realidad, en 2012, los congresistas iniciaron un debate sobre los argumentos que caracterizarían la emisión de dinero electrónico en el Perú. Entre las razones para su utilidad, argumentaban 
a la inclusión social como una de las más importantes. No era para menos: de acuerdo con estudios realizados en ese tiempo, un 66% de la población nacional no tenía acceso directo al sistema financiero, lo que representaba una dificultad a la hora de pagar cuentas, adquirir servicios o producir réditos.

El dinero electrónico, entendido como un elemento virtual de intercambio monetario sería, de acuerdo con ese debate, emitido solo a personas naturales y en moneda nacional, y tendría como techo el valor de una Unidad Impositiva tributaria (UIT) equivalente a 3.650 soles (1.300 dólares, aproximadamente).

En enero de este año, Domingo Carrasco recibió el pago de su jubilación. “Era una cosa increíble, me estaban dando un papel que, según me dijeron en el banco, equivalía al monto total de mis haberes por trabajo. Imagínese, yo que estaba esperando ver la montaña de billetes salí del banco con un papel guardado en mi bolsillo”. Ese mismo mes, el Congreso del Perú, aprobó la Ley N° 29985, o Ley del Dinero Electrónico.
Su objetivo principal es regular la emisión de dinero electrónico, determinar las empresas autorizadas para ‘venderlo’ y establecer el marco regulatorio de las mismas.

“Era una cosa increíble, me estaban dando un papel que, según me dijeron en el banco, equivalía al monto total de mis haberes por trabajo. Imagínese, yo que estaba esperando ver la montaña de billetes salí del banco con un papel guardado en mi bolsillo”.

Siguiendo ese mandato, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), prevé que la entrada en vigencia del ‘Dinero Electrónico Modelo Perú’, será progresiva e incluirá en una primera etapa a las cajas rurales, municipales y banca, como generadoras del servicio, las que trabajarán junto con las redes de telefonía celular y tarjetas de crédito en una plataforma similar, cuya disposición requerirá una fuerte inversión por parte del sector privado.

Se empezaría así, por hacer posible el pago de servicios de electricidad, gas o crédito a través del teléfono, para después derivar en pagos más cotidianos como el servicio de transporte y comida. De acuerdo al presidente Ollanta Humala, estos cambios beneficiarán a los más pobres. “Se abre una gran autopista para facilitarle la vida a los que menos tienen”, señaló, apenas aprobada la Ley. Bimensualmente, el Estado peruano asiste a 700 mil madres de familia con un bono de 200 soles, un aporte que podría emitirse de forma electrónica. 

Por lo pronto, las empresas prestadoras del servicio ya negocian con las telefónicas móviles el valor de sus transferencias. Según los montos se pagaría por el servicio entre $ 0,2 y $ 0,5. Ese es un tema que causa 
expectativa pues de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, se espera que la oferta en el mercado de las transacciones sea alta para que su precio baje.

Se calcula que para el primer trimestre de 2015, las transacciones a nivel electrónico ocuparán una cuarta parte de la economía nacional, un nivel que continuará expandiéndose en la medida en que las nuevas herramientas de interconexión se desplieguen en el país logrando incorporar, cada vez con más fuerza, a los miles de peruanos no bancarizados.

En Kenia, desde hace años, existe el servicio M-Pesa que ofrece la operadora de celulares privada Safaricom, la más grande del país y que permite que los usuarios transfieran dinero, hagan pagos, etc. El 
sistema también tiene gran éxito en otros países como Paraguay, Filipinas y otros.