El próximo lunes 16 de noviembre se reinstala la audiencia de juicio que se sigue en contra de
María Sol Larrea; 2 ciudadanos y 7 personas jurídicas por presunto lavado de activos.

Así lo dispuso este jueves el Tribunal de Garantías Penales, quien suspendió la diligencia luego de cumplir con 15 horas de diligencia seguidas. La audiencia se inició ayer, miércoles 10 de noviembre en el Complejo Judicial Norte.

En ese lapso, los magistrados escucharon las teorías del caso por parte de las partes procesales y las pruebas de cargo por parte de la Fiscalía General del Estado.

En el desarrollo de la audiencia, el Fiscal del caso adelantó que presentará la prueba testimonial, pericial y documental recabada durante la investigación, para demostrar la responsabilidad de los procesados en el delito imputado.

Según información difundida por Fiscalía, las investigaciones hacen presumir que María Sol Larrea, junto con su esposo y cuñado (Marcelo E. y Carlos E., respectivamente) habría obtenido contratos por aproximadamente $ 91,1 millones en el periodo 2008-2018, tiempo en el que la exfuncionaria ocupó altos cargos públicos (entre 2008 y 2015).

Según la tesis fiscal, el principal cliente de las compañías que constituyeron los ahora procesados fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los procesados habrían creado una fachada, colocando dinero en el sistema financiero nacional, fondos que habrían sido transferidos entre las cuentas de las empresas involucradas, simulando que los mismos provenían de proveedores y clientes.

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de lavado de activos con una pena privativa de libertad de uno a trece años, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si ha existido asociación para delinquir, o de si el delito ha sido cometido utilizando empresas, instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos.

Antecedentes penales
Entre 2008 y 2013, María Sol Larrea fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS.

Entre 2013 a 2015 fue asesora de Despacho y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad, a cargo de Ramiro González, quien se encuentra prófugo por presunto tráfico de influencias y defraudación tributaria. 

González también fungió como presidente del Consejo del Directivo del IESS.

María Sol Larrea también fue señalada en otros casos, uno de estos, tráfico de influencias en un caso de contratación de servicios de limpieza, en el que fue involucrado Ramiro González y otros tres funcionarios.

También fue vinculada en un caso de peculado por la compra de equipos oftalmológicos. En este caso fueron involucrados cuatro exfuncionarios y un contratista.

Un tercer delito tiene que ver con el tráfico de influencias en la compra de medicamentos y otro caso por peculado, en la importación de medicamentos. (I)