Cuando un funcionario público es destituido tiene a su favor el derecho de impugnación, el cual se ejerce a través de una demanda ante los tribunales distritales de lo Contencioso, Administrativo. Los jueces a cargo de estas instancias no despachan nuestros casos.  Durante cinco años fui jueza de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Asumí ese cargo después de obtener el mayor puntaje en el concurso que se realizó para mi designación.

Mi destitución se dio por un caso específico, reintegré al señor Sofonías Rezabala como jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta. En ese tiempo (2015) habían intereses políticos que vulneraban  la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ambos derechos están consagrados en la Constitución.

Cuando una persona es víctima de la vulneración de sus derechos constitucionales proceden las acciones de protección. Eso fue lo que yo le di a Rezabala.

Por emitir esa sentencia fui destituida bajo la causa de error inexcusable. Me separaron de mis funciones por no obedecer los intereses del gobierno de turno.

Desde entonces impugné esa decisión y cada vez que presento un escrito me lo despachan entre los ocho y los nueve meses. Desde hace cuatro meses mi proceso se encuentra en autos para sentencia. Sin embargo, los jueces a cargo no la dictan. En las reuniones que hemos mantenido con otros compañeros escuché que hay procesos que, a pesar de estar listos para despacharse, no se lo hace desde hace cuatro años. Mi temor es que el tiempo pase y no nos den una solución a la injusticia que cometieron al separarnos de nuestros cargos.

Algo que rescato del actual Consejo de la Judicatura (CJ) es que su titular, el doctor (Marcelo) Merlo, nos indicó que en los casos donde no existe el despacho inmediato se debe presentar una denuncia en contra de los jueces que no se pronuncian oportunamente dentro del plazo establecido para proceder a su inmediata destitución.

No es mi caso, pero la razón para la separación de algunos de los funcionarios judiciales fue la demora en sus fallos. Más de 30 días para dictar una sentencia.

No es justo que esos jueces no sean destituidos. Ni siquiera se les llama la atención.

Además, estos magistrados provocan un grave perjuicio al Estado. ¿Por qué? Porque -algún día- cuando por justicia seamos reintegrados a nuestros trabajos, el Estado nos deberá pagar cada uno de los meses que no pudimos laborar.

En la actualidad existe un pronunciamiento del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ahí se estableció que en muchos casos, específicamente en los que la causa de la separación fue el error inexcusable, las destituciones fueron ilegales.

La única autoridad competente para pronunciarse sobre mi actuación en el proceso que manejé y en la sentencia que emití es la Corte Constitucional del Ecuador y esa instancia nunca se pronunció.

Aun así fui separada de mi cargo.

Cuando fui destituida retomé mis actividades privadas como abogada litigante. De esa forma he podido subsistir y mantener a mis dos hijos, solo pedimos que se haga justicia. (O)