CJ inició sumarios contra una jueza de Cotopaxi y tres jueces de Guayas
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió, el 5 de junio de 2020, iniciar sumarios disciplinarios contra la jueza de la Unidad Penal de Garantías Penitenciarias de Latacunga, Alzira Benítez, y los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas Alfonso Ordeñana, Gabriel Jama y Martha Sánchez.
El CJ justificó la resolución en el caso de la jueza Benítez por sus accionar dentro del pedido de prelibertad a favor de Jorge Zambrano, quien tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada de 20 años por el delito de asesinato. En la actualidad, el procesado ha cumplido una condena de seis años.
La jueza es acusada de presunta manifiesta negligencia y dolo, lo cual está calificado como infracciones disciplinarias, en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
En cuanto a los jueces Ordeñana, Tama y Sánchez, el sumario se motivó por un supuesto retardo de aproximadamente siete meses en la emisión de la sentencia escrita en un proceso de garantía jurisdiccionales.
Con esta actuación, habrían incurrido en las infracciones disciplinarias contenidas en los numerales 8 del artículo 108 y 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, habrían vulnerado los artículos 75 y 76 de la Constitución e incurrido en manifiesta negligencia.
En el caso del juez Ordeñana Romero, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se inició una investigación por su actuación en el proceso judicial que se sigue por el presunto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos, durante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de la covid-19. En esta causa está involucrado el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva de Morales, a lo que Ordeñana dispuso la aplicación de medidas alternativas.
Esta actuación podría estar catalogada como una presunta infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial. (I)