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Los once centros de adolescentes infractores registran el 18,3% de hacinamiento

Los once centros de adolescentes infractores registran el 18,3% de hacinamiento
30 de abril de 2018 - 00:00 - Redacción Justicia

El robo, la violación, el asesinato y el tráfico de drogas, son los cuatro delitos principales por los que están con medidas privativas de  libertad 724 infractores menores de edad en los 11 Centros de Adolescentes Infractores (CAI) del país.

Según la Subsecretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores (SDIA), del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, los centros tienen capacidad para albergar a 612 personas de este grupo etáreo.

Sin embargo, en los CAI el hacinamiento es del 18,3%, situación que preocupa a las autoridades.

Betty Carrillo, subsecretaria de Desarollo Integral para Adolescentes Infractores, explicó que el hacinamiento se produce por dos razones: la permanencia de los transgresores en estado preventivo en los CAI y el número de años (ocho) que dura una medida privativa de libertad. 

La funcionaria puso de ejemplo el CAI de Ibarra, donde se encuentran 46 adolescentes con internamiento institucional y 14 con preventivo. En el centro de Guayaquil funcionan 103 institucionales y 39 preventivos.

Señaló que una forma para evitar el hacinamiento en los CAI sería que los jueces dicten con mayor brevedad las medidas socioeducativas.

Por ello, gestiona ante el  Consejo de la Judicatura (CJ) que las causas se despachen antes de los 90 días, que dicta la ley.

“Se requiere mayor agilidad en la administración de justicia, así no habría hacinamiento. Requerimos que los jueces cumplan lo establecido en la ley y que la última instancia sea la privación de la libertad”, dijo Carrillo.

En torno al número de años de sanción privativa de la libertad para adolescentes, manifestó que la medida de ocho años es muy alta.

Las edades que predominan en los CAI, a nivel nacional, son entre 16 y 18 años. Son 647 aislados que en menos de dos años cumplirán la mayoría de edad.

Para la Subsecretaria, las instalaciones de los centros y el trabajo que se realiza son adecuados para los menores de edad.

“Tener una medida socio-educativa ha generado un inconveniente, pues la tercera parte de adolescentes en los  CAI son mayores de edad. Es importante realizar una reforma”, sostuvo Carrillo.

Para Francisco Bonilla, director nacional de Mediación y Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura (CJ), los adolescentes en conflicto con la ley se involucran en delitos por el entorno en el que se desenvuelven.

Explicó que en el caso de los menores infractores la justicia debería ser restaurativa,  lo que significaría que ellos tomen conciencia del delito y reparen a la víctima.

Sobre la tardanza en los procesos, señaló que estos se cumplen a su tiempo y si hay atraso en los procedimientos se los debe denunciar. 

Indicó que los tiempos procesales en investigación previa de casos de menores es de cuatro meses para los delitos de una pena privativa de la libertad de hasta cinco años y máximo de ocho meses para una medida mayor.

La instrucción fiscal en delitos flagrantes es máximo de 30 días y 45 para los demás procesos, contados desde la audiencia de formulación de cargos.

Bonilla indicó que a nivel nacional existen ocho jueces especializados para menores infractores, 185 operadores de justicia con competencia en niñez, familia y adolescencia, y 251 jueces multicompetentes. Durante 2018, el CJ registró 1.551 causas ingresadas y 1.224 resueltas en procesos de infractores. 

El funcionario explicó que el incremento de años de medida preventiva para adolescentes en conflictos con la ley lo aprobó la Función Legislativa. Ello estableció que un menor salga en ocho años y no en cuatro como era antes.  

“El problema más grave que se genera es que los adolescentes se convierten en adultos en los CAI, lo que  origina hacinamiento”, dijo. 

Según Henry Betancourt, psicólogo y experto en adolescencia, es necesario reformar la ley y reducir el número de años de medida privativa de libertad; y crear un modelo para trabajar con los adultos que están en los CAI.

Sostuvo que la población adulta tiene otras necesidades, como la sexual. “Ellos tienen otros niveles de experiencia y conflictividad, frente a los adolescentes que están en los centros”. (I)

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