Que los jueces dicten prisión preventiva como último recurso, que no todos los delitos ameriten privación de la libertad, el incremento del uso de dispositivo electrónico (grillete) e impulsar una ley de prevención del delito, son mecanismos que reducirían la población carcelaria.

Estas son cuatro propuestas que llegaron a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el proceso de socialización que lleva adelante respecto al proyecto de ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según datos oficiales del Ministerio de Justicia, existen 37.000 personas privadas de la libertad (ppl) en los centros de rehabilitación social del país, lo que representa un hacinamiento de 37,6%. Además, el costo para el Estado ecuatoriano por cada interno está entre los $ 400 y $ 500 mensuales.

Para la asambleísta Karla Cadena, integrante de la Comisión de Justicia, “la cárcel debe ser la última instancia”, pero considera que lamentablemente en Ecuador “los jueces la ponen como la primera opción”.

Por ello, plantea que se opte por otras medidas cautelares, particularmente el uso del dispositivo electrónico que presuntamente es uno de los más efectivos para garantizar la presencia de los implicados en el desarrollo de los procesos legales.

“De no actuar así, las cárceles se llenarán de detenidos, que tanto le cuesta al Estado y que provoca el hacinamiento que hay actualmente”, sostuvo.

Durante su comparecencia a la comisión legislativa, la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, planteó que se analicen reformas a fin de que no todos los delitos ameriten la privación de libertad.

Según la funcionaria, esta medida se debe reservar para aquellos que comprometen la paz social y lesionan derechos. Así como a los que causan daño a los bienes jurídicos de más alto valor.

Para los demás casos, dijo,  se puede igualmente garantizar la seguridad ciudadana a través de la aplicación de otras medidas como el uso de dispositivos electrónicos, prohibición de salida del país, entre otros.

Además, se pronunció partidaria de dictar una ley de prevención del delito que, en el futuro, sin ser una solución definitiva a la problemática, permitirá disminuir la población carcelaria, en la medida  que se pueda evitar conductas delictivas en la sociedad ecuatoriana.

Lira Villalba, asambleísta integrante de la comisión, coincidió con la ministra Alvarado, sobre la conveniencia de revisar los tipos de delito, y puso de ejemplo que en el tema de tránsito aún se aplican penas privativas de libertad que no justifican. Apoya un plan orientado a la proporcionalidad de las penas.

El penalista Pablo Encalada, en su comparecencia a la misma mesa legislativa, se pronunció contrario a la imposibilidad de aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, pues en el país no tenemos el problema actual de que los supuestos delincuentes entren y salgan de las cárceles, en una especie de puerta giratoria.

La presidenta de la comisión, Marcela Aguiñaga, habló de revisar las estadísticas que manejan el Ministerio de Justicia y la Judicatura, especialmente sobre la prisión preventiva que no es la última opción, sino la medida que otorgan todos los jueces, sin posibilidad de discrepar, de racionalizar aquel pedido que hace un fiscal, además diferenciar las figuras de reincidencia y habitualidad, entre otras características.

Datos

→ Límite de Prisión preventiva. Establecer una prisión preventiva sin límite de tiempo puede vulnerar disposiciones constitucionales y de tratados internacionales. Esto ya pasó en Ecuador y fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

→ 28 por ciento de los 37 mil privados de la libertad que hay en Ecuador es por temas de sustancias ilícitas.

→ Reincidencia causaría daño. Ubicar todo tipo de delito, entre ellos robo y contra la propiedad dentro de la figura de la reincidencia, daría paso a una duplicación de la sanción y el hacinamiento se incrementaría. (I)