Tras los barrotes de las frías celdas del Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca, provincia de Azuay, se ocultaban el terror, miedo y la incertidumbre de personas privadas de la libertad que durante un año vivieron al filo de la muerte. Sus enemigos los acechaban y los esperaban con una funda para asfixiarlos, con un interruptor para electrocutarlos o con grupos de hombres desalmados para golpearlos hasta perder el aliento. Todas estas penurias las evitaban con la emisión de billetes dólares depositados en cuentas bancarias de terceros.

Pero como se les ‘durmió el diablo’ a los presos extorsionadores y torturadores, uno de los afectados alcanzó a denunciar los agravios a los que eran sometidos a diario.

La denuncia llega a los agentes de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, quienes al verificar la información presentan un reporte en junio de 2016 a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti).

Este informe es el que reseñó la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado Carrión, a los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el miércoles 20 de septiembre.

Según el documento, desde enero de 2016 a enero de 2017, en la regional Turi se evidenció la presencia de un grupo delictivo, integrado por privados de la libertad, familiares y allegados de ellos. Los primeros se dedicaban a extorsionar a otros internos, a quienes exigían dinero o a sus parientes. Los segundos, recibían el dinero depositado en cuentas por los parientes de los presos para que no los maltraten física ni psicológicamente.

Los extorsionadores utilizaban como mecanismos frases como estas: “si no me pagas, si no me llevas ese dinero, van a cambiarte de pabellón, serás golpeado, te pondremos fundas plásticas en la cabeza o te aplicaremos el ‘camionetazo’, es decir agresión entre varias personas”, señala el reporte.

El 8 de marzo de este año se ejecutó la operación ‘Victoria’ en los centros penitenciarios del país y específicamente en la regional Turi, donde se aprehendieron a 24 personas, 13 privados de la libertad y 11 beneficiarios de las cuentas bancarias, familiares o allegados de los presos. Ellos fueron procesados al día siguiente en la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada.

El 7 de junio de 2017 se vincula al proceso al interno William P., a los coordinadores de pabellones Remigio R. y Sebastián P., y al director del centro, Paúl P., porque no siguió los protocolos ni procedimientos en el traslado de internos. Estos cambios generaban las agresiones denunciadas.

El 10 de julio de 2017, se cierra la instrucción fiscal. Y en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio el fiscal emite un dictamen mixto, en el que acusa a 25 procesados y absuelve a cinco. El 19 de septiembre, la jueza de la causa llama a juicio a todos los imputados.

Este caso no solo quedaría en delincuencia organizada, sino que la Fiscalía considera que se desprenden otros delitos como fraude procesal, asesinato,  asociación ilícita y tortura.

Los privados del Centro de Rehabilitación Social-Regional Guayas estudian desde educación básica, bachillerato hasta educación superior, a través de becas. Foto: William Orellana / El Telégrafo

Hacinamiento en cárceles

Esta historia delictiva es una de las muchas que se viven en los pabellones de las cárceles del país y de la región, como las violaciones, las agresiones, los hurtos, el tráfico de drogas, la prostitución. Todo como consecuencia del hacinamiento que registran los centros de rehabilitación social a nivel de Latinoamérica.

En Ecuador existe un 42% de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. “Esto es muy complicado, no solo con respecto a la infraestructura, sino a la política penal del país”, piensa la ministra Alvarado.

Pero, ese no es el mayor nivel de hacinamiento que se registra; en 2006, las cárceles ecuatorianas bordeaban el 120% de apilamiento de reos. “Eran bodegas de seres humanos sin ningún mecanismo que permita diferenciar a los criminales de los delincuentes no peligrosos para la sociedad”, dice la ministra.

Recuerda que con la declaratoria de emergencia penitenciaria se autoriza la construcción de nuevas infraestructuras, con la que da la bienvenida a un nuevo régimen y a la disminución del hacinamiento.

Las cárceles regionales de Guayaquil, Latacunga y Cuenca cuentan con mejores condiciones que los centros de rehabilitación pequeños. “En los CRS regionales existe hacinamiento, pero también hay oportunidades. En las prisiones pequeñas resulta más complicado, pero se trabaja para alcanzar otro nivel”, agrega la funcionaria.

Ecuador registra al momento 36 infraestructuras penitenciarias, donde habitan 36.046 personas privadas de la libertad, el 92% de ellas son hombres, el resto mujeres y alternativos. El 64% está sentenciado y el 36% procesado.

El tráfico ilícito de drogas lidera la lista de delitos más frecuentes en las cárceles con un 26%; asesinato el 10% y violación el 6%.

Dentro del sistema penitenciario también Alvarado menciona a los 1.070 adolescentes en conflicto con la ley penal, que se encuentran en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI). La mayoría está ahí por crímenes sexuales; pero, se trata de reinsertarlos a la sociedad con oficios y de vuelta a los estudios. Algunos de ellos tienen medidas socioeducativas.

Al asambleísta Luis Fernando Torres, que atendió la exposición de la ministra Alvarado, le preocupa el hacinamiento de más de 10.000 internos. “La  población carcelaria se ha triplicado de 2009 a 2017”. Y una de sus propuestas es cambiar la aplicación de penas de los presos.

Los delitos son denunciados

Con la presencia de 36.046 internos no es fácil controlar a los privados de la libertad en los centros de rehabilitación ni en los CAI, porque cometen cada infracción, la más frecuente el ingreso de objetos prohibidos en sus celdas como teléfonos celulares o sustancias estupefacientes, que son hallados en las requisas sorpresas que realizan los agentes de tratamiento penitenciario y los policías.

A esto se suma la indiferencia de las autoridades que dirigen los centros penitenciarios; por ejemplo, en la cárcel de Guaranda los ancianos enfermos no reciben la atención médica, las mujeres son ultrajadas por los guías, revela la asambleísta Lourdes Cuesta, que a través de mensajes de textos le llegan estas preocupantes vivencias de internos.

Alvarado manifiesta que está consciente de los delitos que se cometen al interior de los centros. Y en los ocho meses de este año, el Ministerio de Justicia ha presentado 26 denuncias en la Fiscalía contra funcionarios de los centros, guías y privados de la libertad.

“No nos ha temblado la mano para denunciar y separar a servidores públicos, agentes de seguridad penitenciaria que están inmersos en delitos”, 

Reconoce que el mundo de la rehabilitación es muy susceptible a la contaminación, por eso una de sus recomendaciones es hacer cambios en el sistema para prevenir esta situación.

En el Centro de Rehabilitación Social -Regional Cotopaxi, las mujeres privadas de la libertad trabajan en el área de confección y arte manual, cuyos productos luego son vendidos. Foto: Roberto Chávez / El Telégrafo

En las cárceles de Latinoamérica, la aglomeración de presos es de 100%

Los países de Latinoamérica tienen una tasa de hacinamiento superior al 100%. En el caso de Venezuela, la cantidad de reclusos es más de cuatro veces superior al número de plazas de todo el sistema carcelario, sostiene Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, con sede en Argentina.

Además, estima que el problema de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Latinoamérica es que detienen a un delincuente que rápidamente es reemplazado por otro. “El resultado es que se llenan las cárceles sin resolver el problema del delito”.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la aglomeración agrava los problemas, como enfermedades o exposición de delincuentes menores a nuevos grados de crímenes, publica el portal El País de Uruguay.

El hacinamiento dificulta separar los presos según la gravedad de sus crímenes y, cuanta más gente está encarcelada, más difícil se hace para los agentes de seguridad mantener el control y el orden.

Tras el incendio de una cárcel en Chile en 2010, donde murieron más de 80 reclusos, se dieron cuenta de que en los mismos pabellones convivían personas detenidas por vender películas piratas en la calle con asesinos, dice la CIDH.

La sobrepoblación se vincula también con la prisión preventiva. El procesamiento de los casos puede tardar años. En promedio, 33,4% de los reclusos de la región están en prisión preventiva.

Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México, asegura que se ha dejado de lado tres objetivos fundamentales de las cárceles: ser una herramienta de disuasión para aquellos que consideran cometer delitos; ser una herramienta de incapacitación y reducción de delitos y ser un centro de rehabilitación y reinserción social. Afirma que el abandono de esos objetivos debe encender las alarmas: las prisiones de Latinoamérica no pueden tener como única finalidad castigar a quien cometió algún crimen. (I)

En la prisión de Alcacuz, en Natal, capital de Río Grande, Brasil, se han registrado reyertas entre dos grupos de reos que se disputan el control del narcotráfico dentro del penal. Foto: nuevospapeles.com