El llamado a rendir la versión para este miércoles 4 de julio de 2018 ocurre también luego de que el 16 de febrero pasado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social saliente presentó el informe concluyente No. 145-2017. Lo envió a la Contraloría General y a la Fiscalía del Estado para que establezca presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales.

La denuncia inicial fue presentada por los juristas manabitas Francisco Bravo, Marcelo Farfán y el exlegislador Leonardo Viteri. Mencionaron que el Prefecto de Manabí y su hijo habrían incurrido, incluso, en el delito de perjurio, al entregar su declaración patrimonial jurada omitiendo sus acciones y cargos en el Consorcio Mardcomsa-Marzam, que mantiene contratos con el sector público.

Por ejemplo, un contrato data de 2012, suscrito entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y Marzam para el transporte multimodal (marítimo y terrestre, recepción, almacenamiento y despacho), para el abastecimiento de combustible fuel oil 6 y diésel para la Central Termoeléctrica Jaramijó, por $ 18,6 millones.

Otro contrato da cuenta por la suma de $ 5,7 millones. 
Aquello -según los denunciantes- transgrede la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp, la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas - Código de la Democracia.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anterior emitió las siguientes conclusiones: 
“Los hechos analizados han permitido evidenciar que el Prefecto de Manabía, Mariano Nicanor Zambrano Segovia, su cónyuge María Piedad Vera Loor, su hijo Mariano Zambrano Vera, asambleísta por Manabí, y demás familiares, son propietarios de un conjunto accionario de un grupo de compañías, de las cuales cinco: Marzam Cia. Ltda., Marítima de Comercio Cía. Ltda. Mardcomsa; Naviera Marnizam Cia. Ltda., Automotores Manabitas Cía. Ltda.. Manhost S.A., han mantenido relaciones contractuales con instituciones públicas”.

Entonces detalló que entre ellas se encuentran Petroecuador EP; la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP); Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paján; Dirección General de Aviación Civil; Dirección Regional II; Centro de Movilización de Manta; y Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta.

El Informe añadió que el Prefecto de Manabí ha venido ejerciendo sus funciones durante tres períodos consecutivos, entre los que se puede definir como punto de partida los siguientes momentos: desde el 5 de enero de 2005 al 6 de enero de 2009, ciclo en el que no se observa actuaciones contractuales entre el Estado y las compañías, en las que el denunciado consta como accionista.

Luego se visualiza el período que empieza desde el 31 de julio de 2009 hasta el 14 de mayo de 2013. En éste -según el Informe- ya se avizora suscripciones contractuales con el Estado.

Finalmente el tercer período comprendido desde el 24 de mayo de 2014 hasta el 24 de mayo de 2019, “en el cual se puede observar con claridad la suscripción de contratos con el Estado. Los calados proyectados en este tipo de contratos de provisión de servicios suscritos con el Estado, sumarían unos $ 73’195.514.50”.

En Informe remitido por el Consejo de Participación Ciudadana a la Contraloría y la Fiscalía, según señalaron en el documento, respondió a una denuncia. (I)