Ratifican prisión preventiva en contra de asambleísta por paralizar un servicio público
El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia desechó el recurso de apelación y ratificó la orden de prisión preventiva en contra del asambleísta Yofre P.; el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch.; el concejal Víctor B.; y el ciudadano José G., procesados por el presunto delito de paralización de un servicio público.
Esta es la resolución que dio a conocer el Tribunal (conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y Richard Villagómez) la tarde de este 28 de octubre, tras analizar los argumentos de la defensa de los procesados –quienes solicitaron el recurso– y del fiscal general del Estado, subrogante, Wilson Toainga.
#ATENCIÓN | Luego de acoger los argumentos de #FiscalíaEc, Tribunal de @CorteNacional desechó recurso de apelación y ratificó prisión preventiva contra asambleísta Yofre P., prefecto de Sucumbíos, Amado Ch. y otros, por el presunto delito de paralización de servicio público. pic.twitter.com/M9XroLo4vc
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 28, 2019
En relación a César P., Steven T., Gonzalo V., Jenny R. y Carlos Ch., el Tribunal de Apelación declaró abandonado el recurso, por cuanto su defensa técnica no se presentó a la audiencia.
En la diligencia, de carácter reservado, la Fiscalía solicitó al Tribunal que se mantenga la prisión preventiva en contra de los procesados, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues no se han desvanecido ni modificado los elementos de convicción sobre la existencia del delito y la autoría de estos ciudadanos.
El caso
Estos nueve ciudadanos fueron detenidos –en delito flagrante– el pasado 7 de octubre, cuando habrían irrumpido de forma violenta en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, obligando a los operadores a paralizar el bombeo de petróleo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
La paralización de estas operaciones, durante dos horas y diecinueve minutos, habría causado un perjuicio al Estado de más de $ 1’700.000. (I)