Bajo la dirección del Tribunal Penal integrado por los jueces nacionales, Dilza Muñoz (ponente), Iván León y Marco Rodríguez, la mañana de este jueves 25 de junio del 2020 se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la audiencia de juicio contra la exasambleísta Norma V., por el delito de concusión.

Ella es acusada del presunto cobro de contribuciones obligatorias a varios de sus colaboradores cuando estuvo en la Asamblea Nacional, en uno de los casos de los llamados diezmos.

Pese a su delicado estado de salud, por el cáncer que padece y por el que ha sido sometido a cirugías en varias ocasiones, la legisladora acudió a la audiencia, pero causó extrañeza la ausencia de quien venía actuando como su abogado defensor, Ramiro Aguilar, conforme se puede observar en las fotografías hechas públicas por la CNJ, ya que la audiencia se cumple sin público ni prensa.

Felipe Rodríguez, abogado de varios de los asesores que denuncian haber sido obligados a entregar diezmos, aseguró que en este juicio ellos demostrarán que la ahora legisladora no solo solicitaba recursos por el 10 % de sus sueldos sino que existieron muchas veces que solicitó más.

En esta jornada, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó doce pruebas testimoniales, siete documentales y seis acuerdos probatorios en relación a pericias.

En su alegato de apertura, la Fiscal General manifestó que este es un caso que afecta a la eficiencia de la administración pública y que ocurrió entre mayo de 2017 y noviembre de 2018, en la Asamblea Nacional.

Según la Fiscalía, Norma V., en su calidad de asambleísta de Pichincha –abusando de su cargo– habría ordenado y exigido la entrega de contribuciones mensuales a quienes conformaban su equipo de trabajo. Las cantidades oscilaban entre los 150 y 1.000 dólares en efectivo, como requisito para permanecer en sus puestos.

A través de los aportes entregados, la exfuncionaria pública se habría beneficiado de aproximadamente 20.305 dólares, que habría sido utilizado para cancelar deudas personales, gastos de su despacho, pagos de eventos y para hacer aportes al movimiento Alianza PAIS.

Nueve excolaboradores de la procesada dieron su testimonio, uno de ellos desde el Consulado de Ecuador en Barcelona. Varios mencionaron que en la entrevista de trabajo se les habló de los aportes a favor de Alianza PAIS, dependiendo del cargo que iban a ocupar, mientras que a otros se les había comunicado posteriormente. Incluso, uno señaló que hizo notar su inconformidad en reiteradas ocasiones, razón por la cual fue desvinculado.

También confirmaron que les pedían el dinero a través de un chat de la aplicación WhatsApp. Una de sus exasesoras agregó que llevaba un archivo en Excel en el que registraba los aportes de sus compañeros.

Todos coincidieron en que accedieron a pagar estos rubros para mantener su trabajo.

Además, testificaron una funcionaria de una entidad bancaria, quien confirmó las transferencias realizadas a la procesada desde las cuentas de sus extrabajadores; un policía que elaboró un informe de análisis telefónico y un asesor jurídico de Alianza PAIS, quien indicó al Tribunal que dicho movimiento se mantiene con aportes que "no son obligatorios".

La diligencia se cumplió en el Mezanine de la CNJ en medio de estrictas medidas se bioseguridad. En la tarde se suspendió y será retomada el viernes 26 de junio, al mediodía. (I)