A pesar de que la migración hacia Estados Unidos es un fenómeno permanente  y muchos de quienes viajan a ese país son víctimas de delitos por parte de autoridades y del crimen organizado, no existe un protocolo para que los jueces atiendan a aquellos que deciden denunciar o enfrentan procesos judiciales.

En vista de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México y la organización Sin Fronteras editaron el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, una iniciativa que busca orientar a los jueces que reciban casos migratorios y actúen apegados a derechos humanos.

Mónica Oheler, autora del documento e integrante de la organización, dijo que la idea es reconocer que si bien el acceso a la justicia es un derecho reconocido para todas las personas, a los migrantes se les complica más. “Lo que busca el protocolo básicamente es reunir toda la normatividad, tanto nacional como internacional, que le pueda servir a un impartidor de justicia cuando tenga un caso en el que está involucrado un migrante”, explicó.

También manifestó que no es un documento obligatorio ni vinculante, sino una herramienta que puede usar el juez para actuar apegado a derechos humanos. El documento plantea un escenario violento para los migrantes: “Las rutas migratorias han sido identificadas por grupos criminales que roban, secuestran y asesinan. También se han presentado casos de reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales, así como explotación laboral y sexual, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”.

Son un grupo al que, agrega Oheler, “se les violan sus derechos de forma terrible y pocas veces denuncian”. Se ha documentado que 6 de cada 10 mujeres migrantes son violadas en su camino hacia EE.UU.

El documento de la Corte señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado la participación de autoridades migratorias en la comisión del delito en el 8,9% de los casos de secuestro de personas migrantes. “En el informe relativo a esta problemática generado por la CNDH, se documentaron 214 casos de secuestro masivo de migrantes de abril a septiembre de 2010, con 11.333 víctimas”, establece el protocolo.