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El Telégrafo
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Asambleístas refugiados no tenían impedimento legal para salir del país

De los cuatro legisladores que ayer viajaron a México para evitar a la justicia ecuatoriana, solo Gabriela Rivadeneira está siendo investigada.
De los cuatro legisladores que ayer viajaron a México para evitar a la justicia ecuatoriana, solo Gabriela Rivadeneira está siendo investigada.
Foto: John Guevara / El Telégrafo
10 de enero de 2020 - 00:00 - Redacción Justicia

La tarde de este jueves 9 de enero de 2020 llegaron a México los cuatro asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) y los cónyuges de tres de ellos, que estuvieron 88 días refugiados en la embajada del país Azteca en Quito.

Se trata de los legisladores Gabriela Rivadeneira y su esposo, Luis Flores; Soledad Buendía y su cónyuge, el exvicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Edwin Jarrín y, Carlos Viteri y su esposa, la exvocal del Cpccs, Tania Pauker. A ellos se suma el asambleísta alterno Luis Molina.

El pasado 14 de octubre de 2019 se refugiaron en la embajada de México, ante el temor de ser procesados por su participación en las violentas jornadas de protesta indígena que vivió el país entre el 3 y el 13 de octubre.

Sin embargo, este jueves 9 de enero la Fiscalía confirmó que no existe orden de detención ni impedimento legal contra ninguno de los ciudadanos mencionados.

Lo que sí hay es una investigación abierta por el presunto delito de instigación por los hechos de octubre, en la que está indagada Gabriela Rivadeneira junto con sus coidearias Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín.

El canciller ecuatoriano José Valencia reveló que el Gobierno Nacional dio las facilidades “para que esos ciudadanos salgan de Ecuador”, como en efecto lo hicieron a las 10:00 en vuelo de la compañía Aeroméxico.

Con los que viajaron este jueves 9 de enero, son 10 los allegados al gobierno del expresidente Rafael Correa, que se encuentran refugiados en el país Azteca.

Anteriormente lo hicieron el excanciller Ricardo Patiño, el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa y la exlegisladora Sofía Espín. Los dos primeros con orden de detención en el Ecuador.

Con respecto a sus cargos como asambleístas, los cuatro no pierden su nombramiento, pero sus alternos deberán ser principalizados, dijo la legisladora Ana Belén Marín (PAIS).

La remuneración completa es percibida por los alternos, manifestó. (I)

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