La Unidad Judicial Multicompetente sentenció a un año a Cristian P. J., por delito contra la fauna, debido a que tenía en su poder diecinueve tortugas y un mono capuchino, que iban a ser comercializados en el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua.

En la audiencia de juicio directo los fiscales Carlos Noboa, Lenin Haro, y una acusación particular por parte del Ministerio de Ambiente, presentaron elementos como el parte policial, el reconocimiento del lugar de los hechos, el reconocimiento pericial de evidencias, el informe técnico medioambiental, las versiones de los agentes, el examen veterinario de las especies, entre otros.

El delito contra la flora y fauna silvestres está tipificado en el artículo 247, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Por su parte, la defensa técnica del procesado solicitó la suspensión condicional de la pena.

El Juez de la Unidad Judicial Multicompetente dictaminó su prohibición de salida del país y la presentación periódica una vez al mes ante la autoridad judicial de Píllaro y, como medida alternativa a la prisión –durante el tiempo que dure su sentencia–, el ciudadano cumplirá medidas enfocadas en motivar la responsabilidad ciudadana y el cuidado de los animales silvestres, como servicio comunitario de ocho horas a la semana, y dictar charlas de educación ambiental en el mismo cantón.

A finales de agosto, policías observaron a un joven que con actitud sospechosa que llevaba dos cartones. Al registrarlo, hallaron varias tortugas y un mono. El ciudadano habría adquirido las especies en un mercado de la provincia de Pastaza, pagando 20 dólares por todos los especímenes, para su criadero personal.

La Policía de Medio Ambiente (UPMA) confirmó que las especies se encuentran en peligro de extinción, por lo que el implicado fue aprehendido y las especies trasladadas a las oficinas de la Unidad de Protección de Medio Ambiente de Tungurahua, para la respectiva reinserción en su hábitat natural. (I)