El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio al exjuez de Garantías Penales José Gerardo T. A., por el presunto delito de prevaricato, en audiencia preparatoria de juicio realizada la mañana y tarde de este miércoles 28 de octubre, en Guayaquil.

La fiscal del Guayas y Galápagos, Yanina Villagómez Oñate, emitió dictamen acusatorio contra el procesado y presentó los elementos de convicción recaudados en la fase de investigación previa, que determinarían la presunta participación del exmagistrado, en el grado de autor directo.

Entre estos, constan la denuncia presentada por el director nacional de Asesoría Jurídica, Andrés Peñaherrera, delegado de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, además de las copias certificadas del juicio penal del procesado Jorge Luis Z. G. (alias “Rasquiña”), la certificación de la acción de personal del exjuez investigado, así como su versión rendida en la Fiscalía y, finalmente, las copias certificadas del expediente disciplinario seguido contra el exmagistrado.

El Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas acogió en todas sus partes el dictamen presentado y formulado por la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio al procesado José Gerardo T. A., Además, ratificó la prisión preventiva en su contra, que fue emitida en la audiencia de formulación de cargos, realizada el pasado 18 de junio de 2020.

José Gerardo T. A., exjuez de Garantías Penales del Guayas, según investigaciones de la Fiscalía, habría modificado la sentencia ejecutoriada por el Tribunal de alzada, contra el ciudadano Jorge Luis Z. G., presunto líder de la banda delincuencial de “Los Choneros”, sentenciado en 2011 por el delito de asesinato.

El 7 de febrero de 2019, El exmagistrado habría modificado la sentencia ejecutoriada a través de un recurso de garantías penitenciarias denominado “Rebaja de pena por ley más benigna”, reduciendo la sentencia de 20 a 8 años de prisión, por lo que el procesado se acogió a un pedido de prelibertad, ya que habría cumplido más del 90% de los ocho años de condena impuesta; en consecuencia, el líder de la organización delictiva abandonó la cárcel de Cotopaxi, el pasado 6 de junio de 2020.

La Fiscalía procesa este caso con base en lo que dispone el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de prevaricato con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Prevaricato de las o los jueces o árbitros.- Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses. (I)