La situación legal del expresidente de la República Rafael C. se complica. A la orden de prisión que pesa en su contra por el caso del secuestro al político Fernando Balda, este martes 7 de abril de 2020 se sumó una sentencia penal.

El tribunal, integrado por los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, condenó a ocho años de prisión al exmandatario y a quien fue su vicepresidente, Jorge G., por ser autores mediatos por instigación del delito de cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, por el que fueron procesadas 21 personas.

La misma pena fue dictada para seis exfuncionarios y 10 empresarios, mientras que dos tienen una condena menor a los cuatro años y uno fue absuelto de culpa.

Tras 32 días de deliberaciones del tribunal, la resolución de la sentencia fue leída la mañana de este martes 7 de abril por el juez ponente Iván León, en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del octavo piso y transmitida vía telemática a las otras tres salas en donde fueron distribuidos los abogados de los procesados.

Al inicio de la lectura de la resolución, que le tomó al juez alrededor de dos horas, este declaró la competencia y la validez procesal y determinó la existencia de la materialidad de la infracción.

Señaló que la víctima del delito es el Estado y que el tribunal considera que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción. Explicó el grado de participación y culpabilidad de cada condenado.

En el caso de Rafael C. y Jorge G., se comprobó que ellos constituían el nivel jerárquico superior y que recibían los reportes de los recursos entregados por los empresarios. Por tanto, conocían de los aportes indebidos que eran utilizados para las actividades políticas del Gobierno y de Alianza PAIS.

Como reparación integral al Estado, la resolución también determina la publicación de la sentencia en tres diarios de circulación nacional y el comiso de bienes inmuebles de los procesados.

Además, con esta resolución, quedan suspendidos los derechos políticos de todos los sentenciados por un lapso de 25 años y se les condena al pago de daños y perjuicios.

Asimismo, como parte de la reparación integral, la colocación de una placa en el edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas.

Lo que se viene

Luego de la lectura de la sentencia oral de este martes 7 de abril de 2020, los magistrados tienen 10 días para notificarla por escrito. Desde esta notificación empezarán a correr los plazos para los tres recursos que los procesados pueden presentar, para evitar que se ejecute una sentencia condenatoria.

Podrán solicitar el recurso de nulidad, apelar y la casación. Este martes 7, el primero en anunciar que apelará la sentencia fue Luis Muñoz, abogado de la ex asistente presidencial Laura T. Insiste en que ella es inocente.

Un hecho histórico que marca el fin del correísmo

Como un juicio y un hecho histórico calificó el penalista y catedrático universitario Felipe Rodríguez a la sentencia. La cataloga así porque se ha podido verificar que los que fueron poderosos por años, que hicieron lo que a bien tuvieron, finalmente sin poder ya no pudieron mantener una pantalla sobre sus conductas.

Para el jurista, la trascendencia de este fallo aterrizará en el campo político, porque si bien el expresidente Rafael C. y sus seguidores son una potencia y un fenómeno político que se estudiará en los próximos siglos en los colegios, en el actual momento están marcando su fin.

Aquello es porque, si se ejecuta la sentencia, Rafael C. no podrá ser candidato en los próximos 25 años, lo que significa su muerte política, porque de aquí a dicho tiempo, solo será un recuerdo. (I)