A un mes un día de que el Tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez entró a deliberar para determinar la sentencia, este 7 de abril de 2020 se conocerá la resolución a la que han llegado en el caso Sobornos 2012-2016.

Durante este tiempo los jueces analizaron todas las pruebas presentadas durante los 13 días de juicio por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y los 21 procesados, entre ellos 11 exfuncionarios y 10 empresarios (ver infografía).

Para estructurar la sentencia, el Tribunal también habrá tomado en cuenta el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de que se libere de responsabilidad a uno, mientras que los otros 20 acusados sean sancionados con ocho años de cárcel, pero para tres de ellos se les reduzca la pena por su cooperación para el esclarecimiento del caso.

Contra Jamil M. la Fiscal no emitió acusación porque según dijo, las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de inocencia y dejó en libertad para que los jueces resuelvan.

Por las pruebas encontradas y demostradas pidió al Tribunal, imponga la máxima pena del delito de cohecho establecido en el Código Penal (seis años de cárcel), más un tercio (dos años más) para el expresidente Rafael C., en calidad de autor mediato.

La misma pena, pero como autores directos, para los 19 restantes: Jorge G.; Vinicio A.; María de los Ángeles D.; Walter S.; Alexis M.; Pamela M.; Laura T.; Viviana B.; y Christian V.

De igual manera para los empresarios; Alberto H.; Bolívar S.; Édgar S.; Víctor F.; Ramiro G.; William Ph. C.; Rafael Leonardo C.; Teodoro C.; Pedro V.; y Mateo Ch.

No obstante, en los casos de Pamela M. y Laura T., por su cooperación eficaz que permitió el esclarecimiento del caso, la Fiscal solicitó a los jueces se aplique la reducción del 90 por ciento de la pena, por lo que de ser aceptado cumplirían una sentencia de ocho meses de cárcel.

Mientras que para el empresario Pedro V., Diana Salazar pidió un tercio de la sentencia por haber contribuido con el esclarecimiento del caso con su testimonio y pruebas de que se le exigió el pago de sobornos.

$ 1.130 millones de indemnización

Pese a que la Fiscalía definió que la cantidad por el pago de sobornos, en efectivo y por medido del cruce de facturas, alcanzaría los $ 7.6 millones, Salazar consideró que en la reparación integral para el Estado no solo debía incluirse esa cifra sino la cantidad de cada uno de los contratos que se entregaron en esta trama de corrupción.

Por ello propuso que se establezca como reparación integral la suma de $ 1.130’420.108,08.
Adicionalmente solicitó que se ofrezcan disculpas públicas y el extracto de la sentencia sea publicado en los portales de las ocho instituciones a las que pertenecían los procesados.

Para garantizar la restitución de los recursos pidió que se mantenga la prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos.

Y anunció que se iniciarán expedientes para investigar lavado de activos, enriquecimiento ilícito y peculado, que se derivarían de la investigación del caso Sobornos.

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, se sumó a la sentencia planteada por la Fiscal.
No obstante indicó que como acusador particular y en defensa del Estado, el monto de reparación integral solicitado por él, es del triple de los sobornos recibidos ($ 7.6 millones); por lo que pidió $ 23’025.588. (I)

La sentencia se escuchará en cuatro salas 

Personal técnico de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) tiene previsto hacer este lunes 6 de abril de 2020, las últimas pruebas del sistema telemático, que se utilizará mañana en la audiencia convocada para anunciar la sentencia del caso Sobornos 2012-2016.

Para esta diligencia que se cumplirá desde las 10:00 en forma presencial en tres salas habilitadas en la CNJ y en una de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, han sido convocados los abogados de los 21 procesados, los jueces y personal de apoyo del organismo de justicia.

Según la providencia emitida por el Tribunal penal integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, en los sitios se limitará el ingreso a un número no mayor a 13 personas por sala y se realizará sin público.

La conexión telemática será en tiempo real entre las salas, se habilitará una plataforma que permita estar conectados vía Skype u otra similar con las direcciones electrónicas de los procesados y su defensa técnica.

Al ingreso de los edificios y salas, personal de los departamentos médico y administrativo, hará los controles de temperatura, provisión de gel antibacterial y que cada persona se encuentre provista de mascarillas y guantes como medidas de bioseguridad.

Para la jurista Matilde de Gómez, la diligencia es legal y posible porque las partes procesales solo van a escuchar la sentencia y no tienen que interactuar.

En declaraciones a la prensa, Fausto Jarrín, abogado de Rafael C. puso reparos y advirtió que este hecho provocaría nulidad. (I)