Una vez que la fiscal general del Estado (FGE), Diana Salazar, cerró la instrucción fiscal o investigativa en el caso “Sobornos 2012-2016”, se espera que la jueza nacional Daniella Camacho defina fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

En esta diligencia la Fiscalía expondrá los resultados de la investigación y emitirá su dictamen sobre las 26 personas vinculadas en este proceso legal, en el cual se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Los procesados por esta causa son Pamela M., Laura T., Alexis M., María de Los Ángeles D., Rafael C., Jorge G., Walter S., Vinicio A., Yamil M., Viviana B., Christian V., María Augusta E., Francisco N.

Además, Ítalo C., Alberto H., Víctor F., Ramiro G., Edgar S., Pedro V., Bolívar S., William Ph., Rafael C., Cai R., Teodoro C., José V. y Mateo Ch.

Según la Fiscalía, todos habrían tenido algún grado de participación en esta causa, en la que contratistas, supuestamente, entregaron aportes económicos a Alianza PAIS (AP), en el anterior gobierno, a cambio de asegurarse contratos con el Estado.

De los 26 procesados, hasta el momento la jueza ha dictado orden de prisión contra nueve: Pamela M., Laura T., Jorge G., Rafael C., Vinicio A., Walter S., Yamil M., William Ph. y Mateo Ch.

De ellos solo tres están detenidos, Pamela M., Laura T. y Jorge G. Los otros seis se encuentran en calidad de prófugos, por lo que se ha notificado a la Interpol para su localización y captura.

Hasta la fecha no han sido localizados, aunque presuntamente el expresidente Rafael C. estaría en Bélgica, Vinicio C. en Venezuela, William Ph. en Estados Unidos, Walter S. en México, mientras que se desconoce de Yamil M. y Mateo Ch.

Según el penalista Marcelo Dueñas, la condición de prófugos no impide que ellos sean procesados. “Pero primero hay que ver si la Fiscalía los acusa o no”.

El abogado de Walter S., Jorge Luis Ortega, confirmó que su cliente no vendrá al país para presentarse en el proceso legal, porque no confía en la justicia, criterio al que se suma la defensa de William Ph.

Para los 17 procesados que no están presos ni prófugos rigen medidas alternativas. Alexis M. está bajo arresto domiciliario y los 16 restantes tienen prohibido salir del país, deben presentarse periódicamente a un juez y prohibido de enajenar bienes.

La asambleísta Viviana B. afirmó que enfrentará el proceso legal en el país y advirtió que en su caso se sentará un precedente, pues será la primera candidata en la historia que llamarán a juicio por participar en una campaña “sin haber manejado recursos o no haber tenido conocimiento”.

Considera que en adelante, la Fiscalía tendrá que iniciar un proceso de indagación previa, cuando cualquier enemigo político, de cualquier candidato, asegure sin pruebas que le entregó dinero para la campaña.

“En adelante solo bastará que alguien diga que me dio dinero, sin ninguna prueba para ser procesado”, subrayó.

Después de que la jueza Camacho convoque a audiencia preparatoria de juicio, en esta se conocerá a quiénes acusa la Fiscalía y el grado de responsabilidad.

Las personas que sean llamadas a juicio podrían realizar pedidos de apelación o de ampliación y aclaración a la decisión tomada.

Terminarán diligencias

Esta semana se prevé que terminen las diligencias que dispuso la fiscal Diana Salazar, al cierre de la instrucción, entre ellas versiones, peritajes forenses y pedidos de información a entidades públicas.

Este jueves 19 de septiembre el Servicio de Contratación Pública deberá enviar a la Fiscalía un estudio sobre 170 contratos que el Estado suscribió con las empresas Hidalgo&Hidalgo, Fopeca, TGC, Verdu, Equitesa, Consermin y Sinohydro.

Estos proyectos fueron impulsados por el Ministerio de Transporte, la Secretaría del Agua, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y otras entidades.

La Fiscalía también pidió que estas entidades entreguen los contratos en los que aparecen Odebrecht y las otras firmas.

Asimismo, la fiscal solicitó a la Procuraduría un informe, con un análisis del control de legalidad de cinco contratos firmados con Odebrecht que superan los $ 1.500 millones.

Estos son el trasvase Daule-Vinces contratado con Senagua, dos de la Refinería del Pacífico, Manduriacu negociado por Celec y el poliducto Pascuales-Cuenca a cargo de Petroecuador.

Otro informe solicitado por la Fiscalía es sobre la oficina externa en la que trabajó Pamela M., exasesora presidencial y su exasistente, Laura T.

El exasambleísta César Montúfar y el activista Fernando Villavicencio anunciaron que presentarán una acción de protección y medidas cautelares por la negativa de la jueza Daniella Camacho de admitir a trámite la acusación particular que presentaron en el caso Sobornos.

Camacho solo aceptó a trámite la acusación particular presentada por el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en el caso Sobornos.

Eso significa que la Procuraduría se convierte en parte procesal y puede actuar pruebas en un eventual juicio que se instalaría. (I)