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El Telégrafo

“Una moratoria a la firma de los tratados debe ser urgente”

“Una moratoria a la firma de los tratados debe ser urgente”
21 de abril de 2013 - 00:00

21-4-13-act-CeciliaOlivet¿Cómo se puede interpretar el incremento de ocho veces más, desde 1989 hasta 2012, en las firmas de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)?

En los años 90, sobre todo, el modelo económico liberal dictaba que para que los países se desarrollaran necesitaban atraer inversión extranjera directa y para conseguir esto, había que dar seguridad jurídica a los inversores y como fin último firmar los TBI.

¿Cuál fue el método persuatorio?

Se dijo que la inversión extranjera directa siempre es buena para el desarrollo, sin regulaciones. Y que esta no llegaba si es que no se le daba seguridad jurídica a los inversores a través de los TBI y fue bajo ese dogma que los países siguieron ese camino y, además, no solo en la firma de tratados, sino que liberalizaron sus economías, las empresas públicas. Esa fue una tendencia en los 90, en casi todos los países de América Latina, no fueron solo ellos, pero fueron los países en donde se aplicó la ortodoxia neoliberal de la manera más fuerte y la firma de tratados era parte de la reserva.

¿Los gobiernos tenían conciencia sobre las implicaciones?

No había conciencia de los alcances y consecuencias de los TBI, sabemos de casos en donde hubo visitas oficiales y no había nada que firmar. Se firmaba TBI para la foto. Había que firmar algo, en la visita de presidentes, ministros y cuando no había nada más importante que firmar, se firmaban TBI. En la década del 90, organismos como la UNTA y OECB, está ultima de manera particular, promovían muy fuerte y de manera agresiva la firma de TBI y organizaban “bodas masivas”.

¿Cómo operaban?

Invitaban a países del norte, del sur, los sentaban en una mesa grande y rotaban. En un mismo día firmaban entre 15 y 20 TBI. Eso era norma. Y fue recién a mediados del 90 y fines, que empezaron a llegar los casos a los tribunales. Es allí cuando se empezó a tomar conciencia de que era un instrumento jurídico, que tenía “justiciabilidad” y que los TBI o acuerdos de libre comercio, que nosotros llamamos la ley dura, tienen “ justiciabilidad”. Mientras que los acuerdos de derechos humanos, laborales, ambientales no los tienen, si no se cumplen no hay forma de hacerlos cumplir.

La mayoría es de Latinoamérica ¿por qué?

La mayoría de demandas es de temas de recursos naturales y recursos públicos, sobre todo cuando hay la decisión de los gobiernos de retomar control y soberanía sobre sus recursos naturales y servicios públicos. En los 90 tuvimos una liberalización de la economía, en donde los inversores extranjeros llegaron y tomaron control de las economías nacionales. Empezaron a llegar gobiernos progresistas y hubo demandas fuertes de la gente que pedía un cambio de modelo y los gobiernos recuperan soberanía; nacionalizando recursos naturales (hidrocarburo, gas, minería, petróleo) o renacionalizando los servicios públicos, es allí cuando los inversores internacionales demandan.

¿Una medida de advertencia a los países progresistas?

No creo, más bien veo como una advertencia a los países del Sudeste Asiático, que tenían una política más de protección de los mercados nacionales, una política industrial, a los que se les dijo: miren que le pasó a América Latina, no repitan. Sabemos que si les regulan, las empresas transnacionales toman control de la economía nacional y llegado el momento, eso se quiere revertir, va a tener consecuencias sobre todo monetarias. Pero, creo que la otra advertencia es no firmar más TBI o tratados de protección de inversiones, ya sean TLC o TBI. Una moratoria a la firma de tratados debe ser urgente para todos los países de la región. Los países deben considerar las posibilidades de salirse, de coartar las posibilidades de que los inversores sigan demandando, por renuncia, renegociación, pasando por la nulidad, en fin todo un abanico de posibilidades.

¿Por qué compara a los TBI con los TLC?

Hay un movimiento internacional por la revisión de las reglas actuales de inversión internacional, en donde hay una ofensiva, particularmente en el caso de la Unión Europea, pues ahora las competencias sobre inversiones cambiaron de los Estados miembros a la Comisión Europea y eso implica que a partir de 2009, la Comisión Europea tenga la competencia para incluir un capítulo de inversiones en sus Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales, eso es lo que hacen. De momento se negocian los TLC con capítulo de protección de inversiones con Singapur, Canadá, India, con los países árabes Egipto, Libia y si bien los TLC con Colombia y Perú, que ya fueron firmados, no incluyen ese capítulo sobre inversiones, porque fueron antes del cambio de competencias, es probable que la Comisión agregue ese capítulo a las negociaciones. Eso es algo para estar alerta.

¿Cuál es la implicación?

Las mismas reglas de protección de inversiones con los mismos mecanismos de solución de disputas Inversor-Estado, que hoy día solo están en el contexto de los TBI, ahora incluidos en un Tratado de Libre Comercio. Los TBI protegen a los inversores después de que están instalados en el país. Los TLC abren el mercado para los inversores.

¿Demandas con nombre TLC?

Exacto, se juntan los dos elementos. Los TLC abren el mercado y los TBI protegen a los inversores, una vez que se instalen en el país. Las dos partes se juntan y en algunos casos las normas de protección de inversión no solamente protegen a los inversores que llegan después de 2013, sino a los que estaban antes de que se firmen los tratados. Eso se llama protección de inversiones de preestablecimiento, antes de que se firme el tratado, los inversores que están ya en el país antes son protegidos por el TLC.

¿Y Latinoamérica seguirá siendo el caldo de cultivo?

Sí, yo creo que en cuanto los países no se salgan y no restrinjan la posibilidad de que las compañías sigan denunciando y mientras recuperen soberanía es probable que las demandas sigan llegando.

¿Pierde solamente el Gobierno?

No, sino la ciudadanía, por diferentes lados, porque las empresas no aportan a la economía nacional, porque cuando se dan los casos, por ejemplo, el laudo de Oxy que es la mitad del presupuesto de salud de Ecuador, estamos hablando de montos significativos, y quien paga eso es el ciudadano, con sus impuestos.

¿Quiénes estuvieron detrás de los casos Chevron II y III y Oxy?

En el caso de Chevron II, dos de los árbitros forman parte de los 15 árbitros que juzgan el 55% de demandas en el Ciadi. En Chevron III, los tres árbitros no son de los más conocidos, pero invitaron a otro abogado a actuar como perito, cuando el peritaje es técnico.

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