Por litigios como este, varias naciones han cuestionado la legitimidad de los tbi porque favorecen a las empresas
Laudo en caso Perenco podría ser anulado (Infografía)
La falta de motivación (argumentos o razonamientos jurídicos) sería causal para una eventual revisión o anulación de la resolución emitida el 18 de julio pasado por el tribunal arbitral (bajo reglas Ciadi), que conoce el caso iniciado en abril de 2008 por la petrolera Perenco Ecuador Limited contra el Estado ecuatoriano.
El tribunal notificó a las partes la sección resolutiva de su ‘Decisión sobre la Responsabilidad y la Cuestión Jurisdiccional Pendiente’ por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y Francia. Además, anunció que a fines de agosto emitirá su decisión íntegra (en español e inglés), incluida la motivación de la resolución ahora notificada.
Según el procurador Diego García, aplazar la entrega de la motivación constituiría una causal para la eventual revisión o anulación del laudo. Además, resaltó la contradicción de esta decisión con aquella dictada por el tribunal del caso Burlington por la misma causa, lo que evidencia la falta de seguridad del Sistema de Arbitraje de Inversiones.
Adrián Cornejo, experto en Derecho Público, explicó que el caso Perenco es particular porque se trata de una compañía no radicada en Francia, pese a lo cual invoca el TBI Ecuador-Francia. Perenco es una empresa establecida en las Bahamas (paraíso fiscal) y no ha demostrado que sus acciones sean controladas en Francia.
Destacó que casos como este dan cuenta de la falta de seguridad jurídica para los Estados. “En el caso Perenco, en el que el TBI protege las inversiones de un país que no ha invertido en ese TBI, implica que los niveles de riesgo e incertidumbre se incrementen para los Estados”.
Explicó que los TBI surgieron para normar las relaciones entre los Estados e inversionistas extranjeros. Sin embargo, lo que ha pasado es lo contrario: son vías expeditas para consagrar la inmunidad de las compañías cuando estas violan la normativa y el orden público ecuatoriano o de cualquier otro país.
Las empresas imponen su posición unilateral a arbitrajes internacionales tras la mayor firma de TBI durante la presidencia de Sixto Durán-Ballén, desde que se firmó el primero con Suiza en 1969. La mayoría de los arbitrajes contra el Ecuador se realiza bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial y, por ende, de EE.UU.