Entre 1996 y el 2008 las empresas de telefonía móvil Conecel y Otecel (antes conocidas como Bellsouth y Porta) facturaron por el servicio más de  7.000 millones de dólares como resultado de un exitoso negocio.

Por 15 años de  concesión del servicio (desde 1993), el Estado ecuatoriano recibió apenas 53 millones de dólares de cada una,  producto de una renegociación contractual que favoreció a esas compañías en 1996.

Una investigación realizada por este Diario estimó que el perjuicio al Estado superaría los 4.000 millones de dólares, pues con las condiciones del contrato   original, suscrito en noviembre de 1993, cada operadora debía pagar un porcentaje de su facturación   por cada año de concesión, que de acuerdo al mismo contrato   sería  del   4% en  1995 hasta llegar al 70% en  el 2008.

El nuevo contrato fue avalado por el entonces presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones  (Conatel), Carlos Manzur,  aduciendo las ventajas que obtendría el Estado al percibir en ese momento los réditos estimados para los próximos 15 años.

En base a las consideraciones hechas por los ex funcionarios para la renegociación   se determinó que Otecel debía pagar 47,2 millones  de dólares y Conecel 51,5 millones; pero luego de un análisis de costos operativos y administrativos cada  compañía pagó   53 millones.

Para el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, con  la renegociación del contrato de 1996  se redujeron los ingresos del Estado y los accionistas (medios de comunicación y banqueros) participaron de un excelente negocio.
Señala  que    las autoridades ecuatorianas de la época aceptaron las nuevas condiciones,   considera que pudo existir un afán de  favorer a la empresa privada.

No obstante, precisa que los accionistas que se beneficiaron de la renegociación  -y que aún operan en el país- no son los mismos que hoy manejan el negocio, bajo condiciones más justas para el Estado y el usuario.

Guerrero se refiere a la segunda renegociación efectuada en el 2008, mediante la cual  se modificaron sustancialmente las obligaciones de las operadoras. Por ejemplo, se trajo a valor presente los montos a pagar por la concesión según el número de abonados y su facturación anual. En el caso de Conecel, por ejemplo, la cifra estimada fue de 493 millones de dólares, pero  que llevado  a la práctica sería mucho más.

El Ministro recuerda que la renegociación no fue sencilla y que en el proceso existieron varios detractores que auguraban la salida de las compañías   o su reducción y el decrecimiento del servicio.  Entre ellos, destaca,  estuvo Juan Carlos Solines,   ex presidente del Conatel, en el Gobierno de Alfredo Palacio.

En el 2006 Solines  intentó renovar  la concesión, pero debido al cambio de Gobierno la renegociación fue suspendida.

En el modelo propuesto por el ex funcionario, basado en un estudio contratado a la empresa peruana Latin Pacific por aproximadamente 600 mil dólares,  cada operadora móvil debía  pagar apenas 60 millones de dólares por los próximos 15 años de servicio.

Además, tenían otras ventajas como la posibilidad de ceder o vender sus acciones de manera unilateral, incorporar servicios adicionales sin que ello signifique un aporte adicional para el Estado.

Y en otra de las cláusulas se establecía el “equilibrio económico”, que en  la práctica significaba que el Estado debía asumir los costos requeridos por las operadoras en caso de que éstas reporten pérdidas en su negocio. 

Esas condiciones extremadamente “favorables” para las telefónicas llamaron la atención de las actuales autoridades, que resolvieron incrementar  la participación del Estado en ese rentable negocio.

En los  contratos suscritos con Conecel (Claro) y Otecel (Movistar)  en el   2008,  se establece  claramente que las empresas concesionarias no podrán  ceder o transferir acciones  sin la previa autorización    del Conatel y en caso de que ello suceda deberán notificar a la autoridad pertinente.

Y con un nuevo análisis de costos, el Gobierno y las telefónicas llegaron a otro acuerdo económico por la concesión del servicio hasta el 2023:  Conecel   pagó de contado 289 millones de dólares y Otecel, en dos partes, cubrió 90 millones.

Adicionalmente cada operadora  debe cancelar al Estado el  3,93% de su facturación anual. Mediante ese mecanismo, entre el 2009 y el 2010 las dos operadoras han pagado 160 millones adicionales.

Con los nuevos montos el Estado recibiría entre 1.200 y 1.500 millones de dólares por la concesión de 15 años (hasta el 2023).

Además, se disminuyó el techo tarifario de 50 a 22 centavos de dólar por minuto y se fijaron los costos de otros servicios, con la salvedad de que la autoridad competente pueda revisar en cualquier momento esos costos.

Para Guerrero se trata de un contrato que  rompe con las viejas prácticas, pues asegura que luego de una ardua investigación se ha detectado que  en varias concesiones  se  intentó  favorecer a la empresa privada frente al Estado.

Y señala que la intención gubernamental es proporcionar normas  claras para las empresas extranjeras que prestan sus servicios en el país, como las telefónicas, pues al crecer sus ingresos también crecerán los aportes al Estado.

Por otra parte, precisó que esos recursos favorecen a la inversión pública, pues del 3,93% que las operadoras de telefonía móvil pagan al Estado, 1% se destina al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Areas Rurales y Urbano Marginales (Fodetel), que ha servido para la construcción de infocentros en todo el país y laboratorios escolares con banda ancha. El otro 2,93% va al Presupuesto General del Estado (PGE).

La renegociación del 2008 es para Guerrero un ejemplo  que sólo se compara con países como  Noruega, en donde el Estado también percibe altos ingresos por la concesión de la telefonía celular.

“En la situación del Ecuador, con un número menor de habitantes, pocos creyeron que era posible mejorar las condiciones, pero hubo la decisión firme del Gobierno y logramos un acuerdo que favorece a ambas partes”, destaca.

La próxima meta, anunció el funcionario, será revisar  los costos de los servicios. Para ello está previsto que la Senatel realice un estudio técnico con la finalidad de proponer una reducción de los  techos tarifarios, entre ellos, del  valor de la llamada.