El  23 de noviembre pasado El Telégrafo publicó un reportaje sobre los inicios de la telefonía móvil en el Ecuador,  un negocio millonario que surgió de la mano de tres medios de comunicación y algunos empresarios privados.

Diario El Universo, El Comercio y Ecuavisa participaron, en noviembre de 1993, como socios de la multinacional  Otecel, una de las empresas que obtuvo la concesión del servicio  hasta el 2008.  La otra operadora móvil   fue Conecel,  entre cuyos accionistas figuraban la compañía Univempro, vinculada al Banco Amazonas,  y Diners,  del banquero Fidel Egas. Ese hecho generó las réplicas de los medios señalados,  reiterando que un año más tarde se desvincularon del negocio.

¿Cuáles eran las  condiciones del  contrato que ellos firmaron? En 1993  las operadoras Otecel y Conecel obtuvieron la concesión tras aceptar que el Estado ecuatoriano recibiría los mayores valores generados de acuerdo a  dos posibilidades de cálculo:  el Mínimo  Anual Garantizable (MAG), que consistía  en fijar un monto para cada año (de los 15 del contrato) por el número de abonados; o pagar  un   porcentaje de  los Ingresos Brutos Anuales (IBA), el cual  se incrementaría cada año (en 1995 el 4% y en el 2008 el 70%).

En 1994, los países de la región ya contaban con el nuevo servicio y las expectativas empresariales en el Ecuador eran prudentes. Pese a ello, para ese año el negocio dio  señales de un  crecimiento  acelerado: los ingresos de Otecel, con 4.048 abonados, alcanzaron los $ 2,3 millones,  y Conecel, con 6.022 clientes,  superó los $ 13 millones.

Y poco tiempo después los medios de comunicación vendieron su paquete accionario a empresas en paraísos fiscales.
Este Diario reveló  que en 1996 las dos operadoras renegociaron el contrato para traer a valor presente el monto que debían cancelar por los 15 años de concesión, basándose en el número de abonados y costos  de la época. Entre las dos   cancelaron 106 millones de dólares.

Si se mantenía el contrato de 1993,  de acuerdo al método de calculo MAG, el Estado habría recibido en el segundo año de contrato (porque el primero era de gracia) 900 mil dólares y en el 2008, último año de la concesión,  64,1 millones.

Y  de haberse mantenido el método del Ingreso Bruto Anual (IBA), sólo en el 2008  Otecel habría pagado 331,5 millones de dólares y Conecel 750,4 millones.  En total, se estima que las pérdidas para el Estado superan los $ 4.000 millones por los 15 años de concesión.

Esa investigación fue cuestionada por Ecuavisa y Grupo El Comercio, aseverando que nunca se pidió su versión al respecto, cuando este Diario publicó las actas societarias certificadas por la Superintendencia de Compañías.

El diario capitalino también aseguró que la publicación se hizo “sin tomar en cuenta los documentos oficiales en los que se deja en constancia que C.A. EL COMERCIO había vendido su participación, la misma que nunca fue de más de 5,49%, porcentaje que obviamente no le permitía tomar ninguna decisión en el negocio de la telefonía celular”.

A través de una carta al Director, el diario capitalino afirmó que: “El Telégrafo también falta la verdad cuando dice que los medios nunca informaron sobre el negocio de telefonía celular. En los archivos del diario reposan al menos 17 notas y reportajes sobre el tema y que prueban que la afirmación del diario de Gobierno es falsa”.

El 1 de diciembre pasado, a través del portal www.elcomercio.com, el medio difundió 26 de sus publicaciones  realizadas  entre 1994 y 1997 que aparentemente trataron las negociaciones de las telefónicas y su participación en el negocio como accionistas de  Otecel (ver gráfico).

No obstante, en dichas notas se pasa por alto el proceso de concesión de la telefonía móvil, pero da seguimiento a las negociaciones que el Gobierno de Sixto Durán Ballén llevó adelante para la  privatización de Emetel, dejando entrever que se trataba de un paso hacia la modernización del Estado y una mejora en el servicio.

De esa serie de publicaciones llama la atención el reportaje del 28 de octubre de 1997, en donde se detallan los negocios del ex banquero Roberto Isaías -entonces dueño de Filanbanco- como   principal accionista  de las compañías  Skype (buscapersonas), TV Cable, Telecentro, Gamavisión, Radio Carrusel y Super K 800. Incluso se cuestiona indirectamente su afán por comprar Emetel.

En esa misma nota, en un recuadro titulado “La competencia de Isaías”, El Comercio  menciona que detrás del mismo negocio están El Universo y Ecuavisa, mediante una alianza entre Xavier Alvarado Roca y Carlos Pérez, quienes fueron ex socios de Otecel, pero se omite su propia participación en el mismo contrato de concesión.

La replica del diario no aclaró su actuación, como medio de comunicación independiente,  frente a la renegociación  de los contratos de la telefonía móvil en 1996. Pero su aporte se destaca en otro sentido: el servicio que Otecel y Conecel prestaban en 1997 era el más  costoso de la región. Tampoco cuestionó los cambios aprobados con la renegociación del contrato y apenas recoge el criterio del experto José Pillegui, quien advertía sobre las pérdidas que ello ocasionaría para el Estado. Cabe recordar que los 106 millones entregados por las operadoras sirvieron para financiar una serie de  proyectos coyunturales  de los gobiernos de turno.

A  inicios de 1997 la prensa auguraba el crecimiento sostenido y la  rentabilidad que generarían las telecomunicaciones, como resultado de la privatización de Emetel, pues allí también se negociaba la posibilidad de ampliar la oferta de servicios de las operadoras.

Es que hasta abril de ese año el costo de la llamada celular se facturaba desde el instante en que marcaba y cuando el abonado recibía una llamada, aunque el diálogo no se produjera. Es decir, si un usuario recibía una llamada mientras participaba de una reunión y no contestaba, igual pagaba por ello.

Fue ahí cuando la modalidad de cobro pasó a: “El que llama paga”, sin considerar ni cuestionar que el costo regía desde el instante en que marcaba, aunque nadie respondiera del otro lado. Ese modelo se mantuvo vigente hasta el 2008, cuando el Gobierno de Rafael Correa reformuló esas condiciones y logró reducir la tarifa de 0,50 centavos a 0,22 por minuto.

Para 1997, la pensión básica de telefonía celular bordeaba los 37 dólares, el costo más alto de la región, aunque para ese entonces los abonados de ambas operadoras ya superaban los 70 mil.