Natacha  Reyes Salazar
Directora Ejecutiva de Projusticia

Estoy de acuerdo con el contenido de la pregunta 4 de la Consulta Popular, porque desde el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, con la composición que tiene actualmente, no ha tenido resultados concretos que apunten a una mejora en el sistema de justicia.

La Judicatura tiene como principal mandato administrar o gestionar gerencialmente para que la administración de justicia, es decir lo que los jueces determinan respecto a un caso en cualquier materia, se ejecute de una manera ágil, efectiva y en un sentido de servicio hacia la ciudadanía. Sin embargo la Judicatura no ha demostrado tener ni la capacidad ni la solvencia para gerenciar. Ha entrado en un proceso de pugnas internas que han desgastado su misión, pues hay intereses corporativos en algunos de los vocales que hacen parte de la Judicatura, que representan intereses particulares por sobre el público. Uno de sus principales personeros, que es presidente, ha manifestado públicamente que las designaciones de los jueces se hacen a dedo, cuando en cualquier proceso de selección de un funcionario público o de un empleado privado, lo que por lo menos hace quien selecciona es atender un concurso de oposición y méritos, con un principio básico de transparencia.

Con los cambios que se proponen en la consulta, si gana el sí, el sistema de justicia será más ágil. Pero el cambio debe ser estructural, pues sería irresponsable decir que al cambiar la Judicatura, cambiará la justicia. El cambio del Consejo es el primer paso. Este Consejo de la Judicatura tiene que crear nuevos juzgados y cambiar la ubicación de algunos que no están bien localizados o instalar nuevos en sitios en donde se necesita. El sistema de juzgados debe tener una lógica informatizada de archivos de causas. También debe existir un método de formación del personal en la Judicatura, para jueces y funcionarios (...)  Los funcionarios judiciales piensan que el Gobierno quiere meter la mano en la justicia, pero en realidad el propósito que tiene ahora el Ejecutivo es dotar de infraestructura dedicada a la Función Judicial, donde coincidan las distintas unidades judiciales. Que tengan una accesibilidad en ciudades grandes, como Quito y Guayaquil.