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El Telégrafo

Rendición de cuentas de los medios sigue vigente

Rendición de cuentas de los medios sigue vigente
14 de febrero de 2012 - 00:00

La rendición de cuentas preocupa a la  Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), pues aduce que su función social no obedece a un servicio público, sino a un derecho humano.

La preocupación surge porque la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 88,  establece que cualquier ciudadano o colectivo puede   solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes.

Eso motivó a que el entonces titular de la  Aedep, Jaime Mantilla, presente  en septiembre de 2010 una demanda de inconstitucionalidad en contra de 23  artículos  que fortalecen ese proceso:  garantizar la transparencia de la información, balances de la actividad económica, informes de su gestión y dar a conocer la participación accionaria y quiénes financian los medios de comunicación.      

Según Alfredo Negrete, ex director del organismo,   la pretensión del Gobierno es que los medios rindan cuentas sobre los contenidos periodísticos y no económicos, porque esa información actualmente ya es pública.

Para el periodista,  se trata de una censura indirecta que viola la Constitución y los convenios internacionales, porque la comunicación no es un servicio público sino un derecho.

El proceso está en manos de la  jueza constitucional  Nina Pacari y se encuentra en fase de sustanciación. La jueza  deberá convocar a una  audiencia  para conocer los argumentos de las partes  y presentar un informe ante el pleno de la Corte Constitucional (CC). Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna audiencia y tampoco se barajan plazos para resolver el tema.

Sin embargo, la Ley de Participación Ciudadana entró en vigencia el 9 de septiembre de 2009, por lo que actualmente cualquier ciudadano podría ejercer el cumplimiento de la normativa.

Diego Cornejo, actual director ejecutivo de la Aedep, no le siguió la pista a este proceso y dijo no estar al tanto  de cómo avanza.

Otras dos demandas

A ese proceso  se suman dos   demandas de inconstitucionalidad    más en contra de la designación de los 14 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, interpuestas por  Alejandro Ponce Martínez y Jorge Guamán Coronel.

Simón Espinosa, Alejandro Ponce Martínez, Juan Páez, Raúl Jaramillo, Juan Hernández y Sara Serrano, pidieron que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 29, 31 y 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en los que se basó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para elaborar el reglamento del concurso.

Gustavo Medina, abogado que impulsa la demanda, anotó que, aunque la ley y el reglamento establecen que los procedimientos a cargo del CNE no son susceptibles de impugnación,   la Constitución de la República señala que todo acto administrativo es susceptible de impugnación, tanto administrativa como judicial.

“Tal es así que la Constitución crea el Consejo Contencioso Electoral para decidir estos asuntos en derecho, por lo que se evidencia una contradicción entre la ley y el reglamento respecto de la Constitución”, manifestó.

La Corte también admitió la demanda de “inconstitucionalidad por razones de fondo y de forma, fundamentado en lo que disponen los artículos 424, 425 y  436 de la Constitución”, propuesta por Jorge Guamán, militante de Pachakutik, quien solicitó disponer la suspensión provisional de la aplicación del Art. 21, numeral 8, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, referente a la designación de miembros de ese organismo.

Aquello guarda relación con la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio lugar  a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

Todas esas causas continúan en trámite en la Corte Constitucional, pero al tratarse de tres procesos relacionados con la misma institución,  las nuevas causas se adhieren a la  que ingresó  en primer lugar al organismo.

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