El presidente Rafael Correa denunció hoy el ecocidio en la Amazonía de Ecuador a causa de la explotación petrolera del consorcio estadounidense Chevron Texaco de 1972 a 1990, el cual pretendió eludir su responsabilidad al manipular pruebas.

Durante la presentación del libro Caso Chevron: Defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión, a cargo de la Procuraduría General del Estado, Correa apoyó la iniciativa de convertir en volúmenes los juicios para el conocimiento ciudadano.

Dijo que el texto expone gráficamente y de manera meticulosa el trabajo de defensa del Estado ecuatoriano frente al arbitraje de inversión planteado por Chevron.

"Debemos leer este informe transformado en libro, para verificar una vez más, cómo la política corrupta, la falta de ética de ciertas trasnacionales y un orden mundial injusto, han sido cómplices de una de las mayores violaciones a los derechos humanos y los de la naturaleza de la historia de la humanidad’, manifestó el Jefe de Estado, en su intervención.

Desde la quiteña Capilla del Hombre, Correa fustigó el daño al ecosistema -que denominó ecocidio-, así como las afectaciones a la salud de los habitantes de la Amazonía, unos con cáncer y otros con enfermedades en la piel.

Recordó que una de las 3 más grandes empresas de Estados Unidos infectó 5 mil kilómetros de selva ecuatoriana y arrojó 18 mil barriles de desechos tóxicos, lodo y demás contaminantes a los ríos amazónicos.

En esta batalla contra Chevron Texaco, destacó, "por primera vez un gobierno ecuatoriano no se vendió", pero en represalia la firma norteamericana desató una campaña de difamación contra Ecuador y su sistema judicial.

Es cierto que existen presiones extrajudiciales, denuncias de supuestos abusos a los derechos humanos, falta de libertad de prensa, entre otras estrategias como contratar a 12 empresas de relaciones públicas para dañar la imagen de Ecuador, puntualizó el estadista.

Correa informó que la petrolera se acoge a la juridicidad del Tratado Bilateral de Inversión suscrito por Ecuador y Estados Unidos en 1997, pero aclaró que ese pacto entra en juridicidad para resolver diferencias entre un Estado y una compañía.

El gobernante aclaró que el caso Chevron Texaco tiene relación con las comunidades amazónicas, por lo tanto es una barbaridad jurídica, además de que la petrolera dejó el país cinco años antes.

Con el propósito de evitar este tipo de abuso, aseguró el mandatario, "estamos negociando un nuevo tratado para las transnacionales, así como damos impulso a la creación de organismos regionales de arbitraje".

Explicó que en estos momentos "estamos promoviendo el centro de solución de disputas y arbitraje de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para no depender de tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, o el Tribunal de La Haya".

Por su parte, el procurador del Estado, Diego García, explicó que el libro muestra la historia del arbitraje de inversiones planteado por Chevron Texaco en contra del Estado ecuatoriano.

Mediante ese laudo, la empresa pretende distraer a la justicia de la controversia ambiental y trasladar a Ecuador la responsabilidad por cualquier valor asumible dentro del juicio de Lago Agrio.

El pasado 4 de septiembre la Corte Suprema de Canadá falló a favor de que ciudadanos ecuatorianos puedan demandar en ese país el cobro de compensaciones a Chevron por daños ambientales en la Amazonía de 1972 a 1990.

La máxima instancia judicial validó una decisión del Tribunal de Apelaciones de Ontario, que permite a los demandantes continuar con el proceso de homologación de una sentencia ecuatoriana que exige al consorcio el desembolso de nueve mil 500 millones de dólares.

La Corte rechazó el argumento de la petrolera estadounidense de que no existía base legal para que unos 30 mil indígenas y campesinos demandaran a Chevron Canada, su subsidiaria, que no era parte del juicio ecuatoriano.

La empresa se niega a pagar y alega uso de fraudes y sobornos para obtener el fallo en su contra, opinión respaldada por un juez federal de Estados Unidos el año pasado. (I)