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Ecuador, 24 de Diciembre de 2024
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El Telégrafo

Privilegios de los “héroes”, a discusión

Dos leyes y una propuesta de reforma que está en debate concitan el interés de los ex combatientes de 1981 y de 1995, que quieren constar en el listado del Ministerio de Defensa para ser acreditados como héroes y heroínas.

La Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los combatientes del conflicto bélico de 1995 con el Perú, conocida también como Ley Nº 83, fue insuficiente, según varios concernidos, para reconocer a quienes demostraron valor, solidaridad y entrega, más allá de su deber. 

La normativa, que fue publicada en el Registro Oficial Nº 666 del 31 de marzo de 1995, en la Presidencia de Sixto Durán-Ballén, otorgó a los heridos y a los familiares de las víctimas mortales del personal militar, policial y civil algunos beneficios que, 16 años después, fueron ampliados.

Si bien en 1995 se estableció una pensión vitalicia mensual a los deudos de los fallecidos y a los heridos graves, acorde a la remuneración por el rango que tenían,  se otorgaron becas a los hijos y se condonaron las deudas, el presidente Rafael Correa propuso una reforma legal para dar cabida a otros héroes.

A través de la Ley de Reconocimiento de los Héroes y Heroínas Nacionales, que fue publicada en el Registro Oficial del 9 de marzo de 2011, el Gobierno no solo amplió ese beneficio para los combatientes de la guerra de Paquisha de 1981, sino que  reguló el procedimiento para distinguir a los ciudadanos que hayan realizado actos verificables  de valor y solidaridad que van más allá del cumplimiento de su deber.

La calidad de héroe o heroína la otorga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), mediante un sumario  sustanciado en una comisión que verifica el acto heroico. La comisión la integran: el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Defensor del Pueblo, o sus respectivos delegados.

Una vez realizada la calificación, los héroes tienen derecho a becas, a una vivienda, atención médica y a los beneficios de los proyectos sociales impulsados por el Estado. Los beneficiarios recibirán una pensión mensual equivalente a dos remuneraciones básicas unificadas (584 dólares actualmente).

Los militares y policías que tengan algún tipo de discapacidad y hayan sido declarados héroes, si desean, pueden reclasificarse y continuar en servicio activo; quienes optan por retirarse tienen derecho a una indemnización única equivalente a un salario básico unificado (en este momento es de 292 dólares), por cada año de servicio, sin perjuicio de otras prestaciones. Así mismo para los servidores públicos.

Los pagos de las indemnizaciones  están a cargo del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

Sin embargo, a un año de vigencia de la ley, surgen suspicacias y muchos quieren estar en el listado de 1.400 personas que fue enviado por el Ministerio de Defensa al Cpccs para la acreditación de héroes que concluye el próximo 27 de abril.

Los ex combatientes están representados por el coronel Mario Pazmiño, el ex director de Inteligencia que fue investigado por las Fuerzas Armadas por no proporcionar información oportuna al Jefe de Estado sobre los vínculos del ecuatoriano Franklin Aisalla con las FARC. Incluso fue vinculado con la CIA, la agencia de espionaje norteamericana.

Pazmiño expresó que del libro “Parte de guerra”, en donde constan los nombres de alrededor de 9.000 personas, 5.481 deberían ser tomadas en cuenta y no solo 1.400.

El pasado viernes, durante la reunión con los delegados del Ministerio de Defensa, la Asamblea y el Cpccs, el sargento Juan Llasha, representante nacional de los ex combatientes, solicitó la suspensión del proceso de acreditación.

Gabriela López, en representación del Consejo, aclaró que la suspensión  debe decidirla un juez. Pero  la agenda de trabajo sobre el análisis de la normativa y el listado se tramitará mañana.

Cuji acogió inquietudes

El asambleísta Henry Cuji presentó el 21 de julio de 2011 un proyecto de reforma a la ley. El Consejo de la Administración Legislativa (CAL), luego de calificarlo, lo remitió a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el legislador Fernando Bustamante, de PAIS.

El proyecto original de Cuji pidió la incorporación de los  combatientes que recibieron las condecoraciones “Vencedores de Tarqui”, “Atahualpa” y “Cabo Minacho”, así como instó a que se tome en consideración a los integrantes de las unidades militares que recibieron en 1995 las preseas al “Mérito de Guerra” en el grado de “Gran Cruz”, a quienes recibieron diplomas por su labor en los batallones Santiago, Cóndor y Gualaquiza, y a los que “no demostraron coraje en el frente de batalla, pero podrían ser considerados potenciales héroes”.

Cuji manifestó que fue un “olvido legislativo” que necesitaba ser corregido porque iba en contra del artículo 66, numeral 4 de la Constitución, que señala el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además, en su propuesta solicitaba que se incluya a todas las personas cuyos nombres constan en el libro “Parte de guerra”, que reposa en la  Fuerza Terrestre.

El 7 de noviembre de 2011 el proyecto de ley de Cuji fue remitido a la Comisión de Soberanía, cuyo informe para primer debate en el pleno de la Asamblea recogió al 95% de los ex combatientes que fue discriminado. El 9 de enero de 2012 la comisión inició el análisis que continuó el 1 de febrero.

Fausto Cobo y Fernando Aguirre, asambleístas de Sociedad Patriótica e integrantes de la comisión, pidieron el archivo del proyecto. Ambos formaron parte de las Fuerzas Armadas, uno es coronel y el otro capitán.
Sus argumentos se concentraron en que hay que entender el concepto de héroe y heroína.

Explicaron que un héroe o heroína, en caso de conflicto armado, es la persona que ha realizado un acto excepcional e individual, más allá del cumplimiento del deber. Por esa razón solicitaron no confundir ese acto de heroísmo con la obligación de todos los militares de defender al país.

En ese aspecto  coincidió la asambleísta Linda Machuca: “Hay un criterio gástrico con el que se debatió la ley.  En EE.UU. -por ejemplo- solo existen 3.000 héroes”. Eduardo Zambrano, vicepresidente de la comisión, manifestó que todavía está pendiente el segundo informe.

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