La reforma a la Ley de Héroes y Heroínas una vez más está en el centro de la polémica. Esta vez la erogación de recursos, cuyo desembolso no estaba contemplado en el Presupuesto General del Estado, causa la protesta del Ejecutivo.

Y es que los cambios aprobados por 97 asambleístas, el pasado 7 de agosto, caerían en el plano de la inconstitucionalidad. La razón es que, según el artículo 135 de la Constitución, es el Presidente de la República el único autorizado a presentar proyectos de ley que  aumenten el gasto público.

Es así que el Jefe de Estado criticó la reforma a la Disposición Final Primera de la ley con la que se establece que todos los ex combatientes en servicio pasivo que hayan enfrentado un conflicto armado gozarán de la exoneración del 50% en el costo de las entradas a espectáculos públicos y en el transporte terrestre, aéreo y marítimo.

Pero la objeción del Mandatario va más allá, pues la reforma dispone que los ex combatientes que reciban una remuneración o pensión del Estado tendrán una bonificación mensual equivalente al 50% de una remuneración básica unificada, que en este momento es de 146 dólares. Asimismo estipula una compensación de una remuneración básica unificada mensual (292 dólares en la actualidad) para los ex militares que no reciban una remuneración ni pensión y que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

A esto se suma  la Disposición Segunda en la que se menciona que todas aquellas personas que han sido beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico del Cenepa, de 1995, y quienes han recibido la condecoración “Cruz de Guerra”, serán merecedores de los beneficios previstos en la reforma. Aunque se aclara que quienes ya perciben prestaciones de similar o igual naturaleza, éstas se entenderán como imputadas.

Todo esto es suficiente para que el Mandatario no esté de acuerdo con el proyecto de ley  que en este momento se encuentra en su conocimiento para una sanción (aprobación) o para un veto total o parcial. En el caso de ser un veto total, la Asamblea podrá volver a considerarlo solo después de un año y si es parcial puede enmendar el proyecto o ratificarse en lo actuado.

Es por ello que Correa responsabilizó a la ex ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, por dejar que se cometan  inconstitucionalidades, al generar un gasto público, y a la Asamblea por dar paso a lo que él calificó de “cualquier cosa”.

“Resulta que alegremente los asambleístas aprueban pensiones vitalicias para los soldados que lo que hicieron fue cumplir con su deber. Es fácil ser generoso con plata ajena para contentar a las barras que estaban ahí, por medio de un asambleísta que quería ganar unos cuantos votitos con su demagogia”, exclamó Correa el pasado 14 de agosto durante un conversatorio con los periodistas en Guayaquil.

Ante esta situación, el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, es consciente del error y abre la posibilidad de que el Ejecutivo pida una reforma. Incluso comentó que podría ser que el Mandatario -en lo posterior- solicite a la Corte Constitucional la eliminación del artículo en el que se dispone la entrega de la mitad de un salario básico unificado mensual.

José Jumbo, representante de los ex combatientes, intuyó que los proponentes de la iniciativa antes de hacer la reforma debieron tener en cuenta el incremento del gasto público. Es por ello que anticipó una concentración en la Plaza Grande, en Quito, para el próximo 3 de septiembre.

Mientras, Emilio Gonzales, representante de los ex militares que fueron acreditados por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) como héroes, no está de acuerdo con la reforma planteada. Sin embargo, consideró que si el Ejecutivo emite un veto parcial, no debe dejar afuera de la disposición segunda a quienes han sido reconocidos con el Encomio Solemne por ser personal que estuvo en el frente de batalla.