Ex combatientes no están conformes con veto parcial
La objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa, a las reformas a la Ley de Héroes y Heroínas con la que se elimina la duplicidad en la entrega de recursos del Presupuesto General del Estado a favor de los ex combatientes causa divisiones: unos están a favor y otros en contra.
Por un lado, está el grupo de ex combatientes del Alto Cenepa que espera que la Asamblea se ratifique en el texto original y con ello perciban beneficios adicionales a lo que la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995 ya les otorgó. Por otro lado, se encuentran aquellas personas que buscan que en el grupo de beneficiados se incluya a los del Encomio Solemne.
En el último grupo están -incluso- personas que participaron en el conflicto bélico de Paquisha, en 1981, y que también se acreditaron como héroes por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
José Jumbo, coordinador nacional de los ex combatientes del Cenepa, consideró que el Gobierno se quiere librar de su responsabilidad al vetar parcialmente el proyecto de ley.
Dijo que estarán pendientes de la decisión que adopte la Legislatura y en el caso de allanarse a lo resuelto por el Ejecutivo, advirtió, no se quedarán con los brazos cruzados.
Mientras si se ratifican en el texto original, dijo que están conscientes de que el tema pasaría a manos de la Corte Constitucional por generarse un gasto público. “No somos soldados de papel. Cuando no cumplen queda el resentimiento y se crean grupos sediciosos. Por eso esperamos que (Fernando) Cordero se pronuncie”, amenazó.
Emilio Gonzáles, representante del otro sector, está consciente de que el pronunciamiento del Ejecutivo sería dirigido a no generar más gasto público, pero lo que él no se imaginó es que no se iba a tomar en cuenta a los que han sido reconocidos con el Encomio Solemne.
Por ello, su agrupación solicitará el archivo de la reforma y pedirá más bien que se cumpla con lo previsto para aquellas personas que fueron acreditadas por el Consejo. Aunque no dudó que sea la Corte Constitucional la que analice el caso.