Los permisos de tala en el bosque nativo de Esmeraldas otorgados por el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Transparencia de Gestión, serán auditados por una firma experta.

La revisión se ejecutará en el marco del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Rafael Correa, en la región.

Además, durante los 60 días que dura la medida se prohíbe la emisión de esas autorizaciones y la renovación de las existentes.

Los ministros Lorena Tapia y Homero Arellano, del Ambiente y Coordinador de Seguridad, respectivamente, explicaron ayer los alcances de la disposición presidencial.

El decreto también incluye la ejecución de un Plan de Acción a desarrollarse con la cartera de Defensa, la Secretaría Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Comunicación y la Fiscalía

La iniciativa tiene como fin frenar la tala del bosque nativo y permitir la regeneración natural de la provincia verde, para promover un manejo forestal sostenible.

Otro de los objetivos es propiciar una actividad forestal responsable que asegure negocios rentables en donde todos los actores sean beneficiados.             

Según Tapia,  el decreto 116 es el resultado de un estudio sobre la situación de esa región en los últimos años. “La herramienta aplicada en este análisis fue un mapa de deforestación”, indicó Cristian Terán, subsecretario de Patrimonio Cultural.

Entre los años 2000 y 2008, sostuvo, ha habido una tala indiscriminada de 67 mil hectáreas de bosques a nivel nacional. “Un total de 12.485 hectáreas anualmente son deforestadas en Esmeraldas. Es la tasa más alta del país”, aseguró.

Los secretarios de Estado anunciaron una inversión de $5’100.000 para los controles con  equipos, personal e implementación de tecnología de punta.

Un equipo especializado revisará y evaluará el 100% de los programas aprobados en bosques nativos en campo, tanto de pequeños como de grandes empresas.

No es una medida coercitiva

Arellano explicó que no es una medida coercitiva, pero advirtió que harán el uso legítimo de la fuerza para detener la tala indiscriminada.

Entre las medidas que contempla el plan están: la renovación de bosques, la apertura de expedientes administrativos, la formación de un equipo especializado, auditorías empresariales y la creación de un programa de incentivos.

Esto último, según Tapia, optimizando  programas de aprovechamiento, compra de maquinaria para reducir el desperdicio de la madera y la promoción del programa SocioBosque”.   

Las autoridades anunciaron sanciones a quienes transgredan lo estipulado. Por ejemplo, se privará de libertad de 3 a 5 años a los responsables y se impondrá multas.

Sobre la minería ilegal que también se realiza en esta provincia, Arellano dijo que “va de la mano con la deforestación irregular”.

“A quienes explotaban recursos en el Parque Nacional Podocarpus de Loja y Zamora Chinchipe se les impuso sanciones civiles y penales”, indicó Tapia. Insistió en que es una necesidad  histórica  solucionar este problema en una de las provincias más biodiversas del Ecuador.