El martes la Contraloría General del Estado enviará a las autoridades pertinentes los resultados de la auditoría hecha a la compra de los terrenos al Issfa por parte del Ministerio del Ambiente. En esos lotes se construyó el parque Samanes.

El Gobierno reclama la devolución de $ 41 millones por un sobreprecio en dicha transacción, ya que así lo establece el avalúo municipal. Ese diferendo ocasionó la destitución de la anterior cúpula militar.

Ahora la Contraloría tendría la última palabra en este problema. El titular de la institución, Carlos Pólit, durante la rendición de cuentas realizada ayer en Guayaquil, destacó la colaboración de las entidades y de los funcionarios que facilitaron la información. No adelantó detalles, pero aclaró que como la venta fue entre 2 instituciones públicas no hay delito de peculado. “Lo que existe son observaciones administrativas, ni siquiera hay glosas porque son entidades públicas”.

Donde sí existen glosas es en la compraventa del terreno para la construcción de la Refinería del Pacífico (Manabí). En este caso funcionarios de Avalúos y Catastros del Municipio de Montecristi, por su propia cuenta, elevaron el costo de la propiedad.   

La empresa pública Refinería del Pacífico compró a un privado los terrenos y pagó el valor definido por el Cabildo, como lo estipula la ley. “Pero no hubo un análisis correcto, no hay elemento que justifique el valor”, advirtió Pólit. Por eso  fueron notificados los funcionarios municipales y el anterior dueño del terreno para que devuelva el dinero pagado en exceso: $ 6.3 millones.

Sobre el segundo examen al contrato para la adquisición de los helicópteros Drhuv, el resultado fue que las observaciones se cumplieron parcialmente. El incumplimiento derivó en sanciones administrativas. En el caso de la hidroeléctrica Manduriacu se realizaron 3 exámenes especiales de ingeniería y control ambiental. Allí se observó la falta de la licencia ambiental al inicio de la obra. Además se incumplieron obligaciones previstas en el contrato, pero que no fueron imputables al valor de la obra en total. “Así que no podemos inventar o dañar a las instituciones del Estado”.

En el caso de Tame, sostuvo que de las auditorías efectuadas hay una pérdida económica que supera los $ 38 millones. La aerolínea enfrenta problemas de cumplimiento de la ley y gastos, dijo Pólit.

Caso Esmeraldas

A mediados de 2015 se presentaron los resultados de la auditoría hecha a la emergencia en la provincia de Esmeraldas. En este caso hubo errores de administración de recursos, por lo que se realizaron acciones de control en 26 instituciones del Ejecutivo, gobiernos autónomos, sector financiero y empresas públicas. El examen arrojó 103 casos con indicios de responsabilidad penal, 351 con responsabilidades administrativas y 1.219 con responsabilidades civiles.      

Pólit explicó que se han auditado cerca de $ 155 mil millones. En su exposición sobre el año 2015 mostró cifras del número de informes de auditoría interna y externa. “Se emitieron 2.827 resoluciones de responsabilidades administrativas por más de $ 1 millón, 648 glosas que superan los $ 67 millones y 1.461 órdenes de reintegro por más de $ 26 millones”. (I)