Uno de los cambios que deberán introducir los medios con la aprobación de la Ley de Comunicación es la creación del “defensor de las audiencias”.

Esa figura la dispone la norma en su artículo 73. “Los medios de comunicación de alcance nacional contarán obligatoriamente con un defensor de audiencias y lectores”, estipula el texto legal.

Ese funcionario será designado mediante concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).  Es un mecanismo bastante parecido a los defensores del cliente que ya operan en las entidades financieras nacionales.

Los defensores de las audiencias cumplirán “sus funciones con independencia y autonomía. Además contarán con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores, y espacios para la publicación de errores y correcciones”.

Esa es la única referencia que hace la Ley al defensor de las audiencias, por lo que el Consejo de Regulación deberá reglamentar sus funciones, además de su remuneración.

Actualmente, en Ecuador no se ha institucionalizado la figura de defensor del lector en los diarios o de las audiencias. Se han registrado algunos casos al respecto, pero han quedado aislados.

Dueños no podrán ser extranjeros

Otro cambio en los medios ocurre con su participación accionaria. El artículo 6 indica que los medios de carácter nacional “no podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional”.

En ese sentido, la disposición transitoria decimoctava ordena que los accionistas extranjeros de los medios, ya sean personas jurídicas o nacionales que no residan en Ecuador, “tendrán que enajenar la totalidad de sus acciones, participaciones o equivalentes, a personas naturales o jurídicas que residan legalmente en Ecuador”.

Mientras que las compañías extranjeras que funcionen en Ecuador y que controlen un medio deberán transferir su patrimonio a personas naturales o jurídicas ecuatorianas con la correspondiente autorización de la autoridad de telecomunicaciones cuando se trate de medios audiovisuales que sean concesionarios de una o más frecuencias de radio o televisión.

Los medios de comunicación tienen dos años para ajustarse a esta norma. En caso de incumplimiento, la Ley ubica a la empresa en causal de disolución. De igual manera, el Estado cancelará el permiso de operación a la compañía extranjera.

Cambios en medios públicos

Los medios que pertenezcan a empresas donde el Estado tenga una participación accionaria mayoritaria, tendrán 180 días a partir de la entrada en vigencia de la Ley, para adquirir el carácter de públicos o transformarse en empresas públicas de comunicación.

En base a eso, la disposición decimonovena señala que los accionistas privados minoritarios de esos medios deberán “enajenar de forma obligatoria su porción del capital social a favor de los accionistas o socios estatales”. Si no se llega a un acuerdo de venta, la titularidad de las acciones privadas “pasará a un fideicomiso constituido por la Superintendencia de Compañías y administrado por la Corporación Financiera Nacional, previa resolución de incautación”.

En un plazo adicional de 120 días, un perito designado por la Superintendencia de Compañías fijará el precio de las acciones incautadas, que deberá ser cancelado por el socio mayoritario.

Cuando se cierre ese proceso, el fideicomiso transferirá las acciones a la empresa estatal y entregará los fondos de la respectiva venta. En este proceso no entrarán las compañías que fueron incautadas por el Estado ecuatoriano después del año 2007.

Mientras tanto, el asambleísta Mauro Andino, ponente de la Ley de Comunicación, aseguró que la norma  cuenta con el respaldo de los 14 millones de ecuatorianos. De esta forma  rechazó las críticas formuladas  por algunos periódicos ecuatorianos  y  extranjeros, especialmente  de Colombia.

“Aquellas voces desentonadas, trasnochadas, ya se esperaban venir, pues no es la primera ocasión que actúan de esa manera. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) y medios de Colombia han puesto el grito en el cielo, porque hoy se les pone la estocada final al monopolio y la concentración de los medios en pocas manos y las frecuencias obtenidas ilegalmente”, dijo el legislador.

Con la norma, agregó, habrá una verdadera libertad de expresión, información veraz, contrastada, precisa, oportuna. “La actitud de algunos medios del país vecino es un atentado a nuestra propia soberanía. Vean lo que ocurre primero en su país, resuelvan sus problemas: la pobreza, delincuencia, narcotráfico, la falta de seguridad, de libertad de información”, dijo.