Aminta Buenaño

¿Cuál es su postura frente a la pregunta que se refiere a los juegos de azar?

Estoy de acuerdo con que se prohiban los juegos de azar, primero como maestra debo señalar que en nuestro país hay muchas máquinas tragamonedas, salas de juego cercanas a las escuelas, colegios, incluso en barrios marginales. Usted ve que en cada tienda hay uno de estos aparatos. Es increíble que hay estas máquinas y no es que hay una sino varias.  En estas máquinas nunca pierde el negocio, no es por azar sino que coordinadamente se le quita el dinero a la persona que entra a estos juegos.

Al principio se empieza ganando pero las máquinas y las salas de juego nunca pierden. Yo creo que este tipo de casinos, salas de juego, máquinas tragamonedas causan daño especialmente a los niños y adolescentes porque los hacen adictos. Este tipo de juegos hace que el niño adopte esto como un vicio, una enfermedad. Es muy conocida la ludopatía, que especialmente atrae y hace caer en sus garras a los niños, adolescentes y jóvenes. Personalmente creo que se debe prohibir, pero en los hoteles cinco estrellas se lo debe dejar porque allí pueden ser controlados por el SRI y es una forma de turismo. Pero en el resto no. Mi tendencia es responder a esta pregunta sí, pero me hubiera gustado que cuando ya pase a una normativa se ponga por ejemplo este tipo de excepciones. Porque toda la normativa va a ser desarrollada en la Asamblea bajo los parámetros que el país indique. Allí se desarrollará la ley con discusiones y participación ciudadana. Entonces  sí creo que debe decírsele sí de manera general, porque esto es utilizado para lavar activos, es una forma fácil de blanquear dinero. Segundo, no implica nada bueno  porque no es  desarrollo, o un deporte en que usted juega y obtiene la salud de su cuerpo. Aquí simplemente se cultiva la ludopatía. Hay muchos hogares que se quedan sin dinero, el padre que tiene esa afección gasta todo su salario en este tipo de juegos. La madre a la que le encanta ir a los casinos y salas de juego va a perder todo el dinero de la familia. Los niños y jóvenes hasta roban cuando hay esta grave adicción. No es nada bueno para ellos, especialmente. Lo digo como maestra.

Las personas que defienden esto están defendiendo su negocio. Creo que en un país que tiene problema de infiltración del narcotráfico, como el resto de América Latina, es mejor prohibirlos. Aquellos que defienden este tipo de negocios siempre han tenido problemas con el SRI, con el Estado, porque no se les puede hacer un control. Y nunca falta un juez que les esté dando amparos. Un juez corrupto.

Hay varios tipos de juegos de azar: los casinos, las salas de juego y los tragamonedas repartidos en las tiendas. Los dueños de estos negocios aseguran que ellos están legalmente constituídos y que prohiben la entrada de niños y que en todo caso donde sí juegan menores de edad es en estas pequeñas tiendas que escapan del control de las autoridades.

Habría que ver si es verdad que prohiben, porque en algunas salas en  que he entrado  veo jóvenes  que no son mayores de edad. Se ve transitar ahí muchos jóvenes. Esta es una pregunta de análisis y de reflexión profunda. Si vemos  el aspecto educativo, no es positiva porque no desarrolla nada, lo único que hace es timarnos, quitarnos nuestro dinero, dejar sin sueldo a una familia, provocar adicciones. Yo creo que en ese sentido a esta pregunta habría que decirle sí pero en la ley se deberán incluir excepciones, como en los hoteles cinco estrellas donde hay control del SRI, sería una forma de turismo. Una vez que gane el sí, habría que incluir que tipo de excepciones se dan a esta normativa.

El gremio de salas de juego asegura que la industria da empleo a 20.000 personas.

Está comprobado que el tabaco hace un daño terrible. Produce cáncer, efisema pulmonar y da empleo  a cientos de miles. Eso no es argumento. La prostitución y la casa de citas también dan mucho empleo. Esto no desarrolla el alma o un crecimiento espiritual.

Pero todo eso no está prohibido, como sí lo estarían las salas de juego

Pero hay una sanción moral, no contra las mujeres que son víctimas, sino contra los proxenetas, quienes las explotan. En todo caso quiero señalar que a mí nunca me ha gustado el juego porque yo me doy cuenta de que lo que se persigue es quitarte todo el dinero. No es que una vez uno gana y en la otra pierde. Para engancharte empiezan tentándote y te convierten en un ganador. Luego quieres seguir, pero la máquina es la que gana. Incluso cuando estás ganando muchas veces hay alguien que está mirando para ver qué pasa y cerrar. Yo creo que es un negocio que trafica precisamente con la adicción de esta gente.

¿Qué se le podría decir a estas personas que se quedarían sin empleo?

Como he dicho,  hay miles de personas que trabajan en las tabacaleras. Entonces habría que buscar un nuevo tipo de empleo. El Estado tendrá que apoyar y proporcionar espacios o vías para que puedan trabajar en otro sentido. Ya le digo, hay que normar las excepciones porque toda regla tiene sus excepciones. La Asamblea tendrá esta labor y allí, en el debate, se escucharán todas las posturas, la de los dueños de estos negocios y también la de los trabajadores.

María Augusta Díaz

Cuál es su postura frente a la pregunta de los juegos de azar?

La postura de los empresarios de salas de juego y de los trabajadores y de todas las personas que estamos dentro del medio es totalmente a favor de un rotundo NO. Hemos venido, desde hace mucho tiempo, tres, cuatro años, casi desde  cuando el gobierno del presidente Correa entró al poder, tratando de comunicarnos con él para dejar esto solucionado.  Es una cuestión que no se soluciona prohibiendo porque todo lo prohibido es lo más apetecido. Mañana la gente no va a apostar en casinos que están en hoteles o en salas de juego que están en calles céntricas porque las cosas se van a volver clandestinas. Ya no va a haber empresarios que demos la cara, sino mafias. Por eso  digo que esto, en lugar de tener un efecto reparador, beneficioso para la seguridad, va a tener un efecto totalmente contrario.

Usted dice: “solucionar el problema”. ¿Entonces sí reconocen la existencia de un problema?

Hay un problema en cuanto a regulación. El votar NO impulsaría a las autoridades para que regulen el asunto porque definitivamente hay ciertas legislaciones para casinos pero falta mucha regulación. Ecuador es uno de los pocos países de América Latina que no tiene regulación del juego. Todos los países, casi en su totalidad, están regulados por la ley.

Hay un problema de regulación. ¿Bajo qué esquema funcionan ustedes?

No se ha estandarizado la norma. El mercado de juego de azar en Ecuador lo representan las salas de juego y los casinos, aunque también están los hipódromos y los bingos. Ocurre que se regula a uno, pero no a otro. Hay ciertas regulaciones para los casinos y salas de juego, pero en ciertas cosas. Tenemos que pagar los impuestos. El SRI está detrás de nosotros. Hay que pagar un impuesto al juego a las municipalidades. Todas las obligaciones laborales con nuestros trabajadores tenemos que cumplirlas. Todas las obligaciones con el cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Sayce, el uno por mil, la patente. Yo le muestro la cantidad de impuestos que nosotros pagamos.

La ley establece que los casinos sólo pueden funcionar dentro de los hoteles 5 estrellas y los que están por fuera son ilegales...

El ser ilegal sugiere que verdaderamente yo no cumpla con ningún requisito. Nosotros no somos ilegales. Bajo el amparo jurídico estamos trabajando porque la ley nos lo permitió. Cuando la ley restringió los casinos a los hoteles cinco estrellas, quedó el vacío de que no puede ser que sólo ahí operen máquinas tragamonedas. Entonces lo que se hizo fue plantear acciones judiciales que fueron debidamente ganadas en su tiempo. Eso permitió el funcionamiento. El momento en  que les dan la posibilidad de operar, las empresas tienen que empezar a cumplir con todas sus obligaciones.

Supuestamente son jueces de Calceta, Rocafuerte.

Hay salas en todo el país. Si una sala está en Buena Fe me imagino que el juez de este cantón debió haberle dado el amparo. Si tengo una sala en una provincia, el juez de esa provincia tiene que darme el amparo. Es lógico. Esta es una cuestión que se ha venido distorsionando porque se ha creado una cortina de humo que genera una visión negativa de las personas. Hablan también de lavado de dinero.

Vamos a ese punto. Esa es una acusación que se les hace.

Para que se acuse de lavado de dinero que se demuestre que se está, pues,  lavando dinero. A nosotros nos ha revisado la CAE  las máquinas. Tengo máquinas a las que la CAE les ha puesto un sello de revisado porque tengo los documentos de importación. Nos ha revisado el Ministerio de Relaciones Laborales, nos ha pedido  los contratos, los vistos bueno, las salidas, los pagos al seguro social, las horas extras, todo. Nosotros somos las personas que debemos ser más transparentes porque estamos en esta situación. Nos ha revisado la Superintendencia de Compañías los  balances, nuestros diarios. Nos ha revisado el Ministerio de Salud para que los locales cumplan con las medidas de seguridad.  Efectivamente, hay una lista internacional de actividades que son propensas a generar este tipo de delitos. Ahora hasta los bienes raíces los han incluido ahí. Pero el hecho de estar en la lista no quiere decir que cometamos el delito. A mí me parece que para poder acusarnos se tiene que haber generado una investigación, detectar a la empresa y cerrarla.

Este problema estalló cuando ocurrió el caso Invermun.

No me voy a referir a ese caso porque yo no trabajo en Invermun, ni soy su vocera.

Pero es parte del gremio.

Es parte porque está dentro. Pero se los he dicho muy claro: las responsabilidades laborales, tributarias, financieras y comerciales son problemas de cada empresa. Si mañana el Gobierno detecta que Invermun lava dinero, tiene que seguírsele un proceso por eso. Pero no se puede decir que se van todos porque a mi me cayó mal Invermun. No puede ser así. Se debe juzgar a la empresa de la que se tengan dudas. Que se la revise. Una vez que se demuestre que esta empresa no está bien, pues allí la Justicia se encargará. Pero no se puede cerrar toda una actividad y dejar sin trabajo a 40.000 personas. Esto no es de caprichos sino de justicia. Se trata de tener una capacidad de control.

El votar en la consulta popular a favor del NO significa impulsar a las autoridades para que hagan un control total, de la parte de registro, impositiva, importaciones, laboral, un control integral, que sepan donde está cada máquina y, también, cada trabajador.