En los contratos de compra-venta de acciones de Teleamazonas se estipulaba una opción para que 135 empleados del canal pudieran adquirirlas no solo a través del préstamo con Banco Pichincha -cuyo principal inversionista es Fidel Egas Grijalva, dueño de dicho medio de comunicación- sino también cancelar el saldo pendiente con las utilidades que generase la compañía Centro de Radio y Televisión (Cratel C.A.), razón social de la televisora.      

Se estipuló aquello pese a que, según investigó y determinó la Superintendencia de Compañías, “Cratel reportaba pérdidas considerables de manera consistente” en esos años.

Así consta en la demanda civil entablada el 20 de febrero pasado por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), por lo que califica como una “simulación” fraudulenta en la venta de acciones.

En manos del Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha está ahora determinar si con la “simulación” detectada por el organismo de control se  habría violentado  el artículo 312 de la  Constitución, el mandato popular  del 7 de mayo de 2011, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF), la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado (LORCPM), la Ley de Mercado de Valores, la Ley General de Seguros y el Registro Oficial 555 del 13 de octubre de 2011.

En la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI) consta que Cratel y Teleamazonas Guayaquil S.A. declararon cero en la generación de utilidades y, por ende, no pagaron el Impuesto a la Renta (IR) desde 2003 hasta 2010 (ver gráfico), año en que se concretó la venta de acciones del canal.

En la demanda de la SBS consta que “no existe una real capacidad de pago de acciones compradas, puesto que los compradores dependen del crédito otorgado por la entidad financiera del mismo sujeto vinculado. El pago del préstamo y del saldo  por la compra de las acciones depende de utilidades cuya eventualidad está en manos de los constituyentes y beneficiarios, que son las mismas empresas de Egas”.

El superintendente de Bancos, Pedro Solines, pidió al juez “la nulidad de los contratos de compra-venta de acciones y los consecuentes contratos de Encargo Fiduciario y prenda ordinaria de comercio, así como la nulidad absoluta por los actos jurídicos de simulación en fraude al Derecho Público y por la retención en que incurren entidades financieras y personas naturales y jurídicas”, vinculadas a Egas.

Sin embargo, en la misma demanda Solines puntualizó que la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos de fideicomiso “deberá salvar los derechos de posibles terceros de buena fe que hayan intervenido  en negociaciones legítimas relacionadas con las acciones y derechos de las compañías dueñas  de las acciones de Teleamazonas”.

Ayer se buscó la reacción del periodista Milton Pérez,  quien consta como  representante  de los empleados del canal que compraron las acciones, pero en Teleamazonas se indicó que   no dispone de correo electrónico personal para consultarle respecto a la presunta afectación en contra de los colaboradores de Teleamazonas, como reporta la demanda civil. Freddy Paredes, periodista del canal y quien también consta en la lista de compradores de acciones, fue contactado vía celular y dijo que prefiere no opinar y que sean las   autoridades del canal quienes lo hagan.

Un análisis del SRI sobre la capacidad de pago de 26 de los 161 compradores de las  acciones de Teleamazonas, identificó que varios de ellos se endeudaron por encima de su capacidad real  y determinó que su crédito con Banco Pichincha y la Inmobiliaria Río Pacífico (Inriopa S.A.) está vencido.

Esos 161 compradores firmaron contratos de encargo fiduciario para la custodia y enajenación de las acciones en caso de incumplimiento, a través de los fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, administrados por Produfondos.

Ante la demanda presentada en contra del Banco Pichincha por incumplir con la obligación jurídica de vender de manera “perpetua e irreversible” las acciones que mantenía en  Teleamazonas, el presidente adjunto de la entidad financiera, Antonio Acosta Espinosa, el martes pasado manifestó: “La demanda no menciona ninguna infracción cometida por el Banco, y consecuentemente no solicita ninguna sanción contra esta institución”. Acosta consideró que,  en cuanto al Banco se refiere, la demanda es improcedente.

Dijo que esa entidad financiera reconoce que el plazo para la venta de acciones vencía en octubre de 2010, por lo que en dichos fideicomisos enajenaron la totalidad de sus acciones a un grupo empresarial del Perú, experto en comunicación; a funcionarios y empleados del mismo canal;  y a empresarios de Quito y Guayaquil.

En cuanto al Grupo República, la SBS identificó que pagó el 10% inicial de la compra de acciones de Teleamazonas mediante dos transferencias desde el Banco de Crédito del Perú en diciembre de 2010, y que los 135 empleados del canal (periodistas, camarógrafos y técnicos) y 26 personas naturales externas a las compañías que eran dueñas del canal, lo hicieron mediante préstamo.

PARA LA OPOSICIÓN, LA DEMANDA TIENE UN TRASFONDO POLÍTICO

El legislador de CREO, Ramiro Aguilar, asegura que la demanda presentada por la Supeintendencia de Bancos en contra de Banco Pichincha y Banco del Austro tiene un trasfondo político, por el solo hecho de que sus accionistas son “perseguidos por el Gobierno”.
A su criterio, existe el afán gubernamental de tener el control de todos los canales   “independientes”, porque actualmente su única vulnerabilidad sería la “prensa libre”.

Aquello lo expresó en una radio capitalina y su criterio fue recogido por otros actores políticos como Alfredo Vergara y León Roldós. Éste último sostuvo que la demanda es netamente política y advierte sobre las implicaciones en el plano jurídico y teme que puedan afectar las acciones del grupo Egas en el Banco Pichincha.

DERECHO A LA RÉPLICA

Sr. Pérez

Ayer, uno de los reporteros del diario que usted dirige, envió una nota a mi correo electrónico solicitando que le informara sobre la supuesta compra por parte mía de acciones en Teleamazonas. Curiosa forma de entrevistar a alguien que será involucrado en una supuesta denuncia por parte de su Diario.

Habiendo estado fuera de la oficina todo el día, esta mañana le contesté, dejando claro que, si bien esa había sido mi intención inicial, no se concretó la negociación por no tener la capacidad económica para lograr una financiación, lo cual comuniqué oportunamente al fideicomiso que me las ofreció. No me sorprende que, una vez más, se publique información no comprobada en ese diario.

Por otro lado, usted conoce, desde que laboró en Diario HOY, que no soy propietario de este diario sino uno más de los 260 accionistas. Mis acciones, que no son actualmente mayoritarias, desde hace más de 10 años se encuentran prendadas para garantizar operaciones de la empresa editora.

Que con mucho honor sea actualmente Presidente de la SIP, como mencionan tratando de mezclar ese nombramiento con la fallida adquisición, demuestra una vez más la obvia mala fe con que se publica la falsa  información en el diario.

De acuerdo con lo que señala la ley, solicito publicar esta réplica en el mismo espacio y lugar que utilizaron para hacer pública esa difamación.

Atentamente,
Jaime Mantilla A.

NOTA DE LA REDACCIÓN

Diario El Telégrafo jamás ha actuado con “obvia mala fe” ni con el afán de “difamación” como afirma el director de diario Hoy, Jaime Mantilla Anderson.

La información publicada sobre la “simulación” en la venta del canal Teleamazonas, como denunció la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), se sustenta en la investigación realizada por ese organismo de control en coordinación con la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI), y difundida en el proceso legal que se ventila en un juzgado civil.

Y como el propio señor Mantilla precisa, el miércoles pasado este diario buscó conocer su versión, opinión o criterio sobre la participación que tuvo en la compra de acciones de Teleamazonas, obedeciendo a una norma periodística  fundamental que es la contrastación de fuentes.

Sin embargo, la respuesta a ese correo llegó la mañana de ayer y hoy procedemos a publicar su contenido, en estricto cumplimiento al derecho a la réplica y para informar a  nuestros lectores.  
 
Atentamente
La Dirección