En la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) reposa un informe de auditoría sobre los préstamos y pagos efectuados por Eduardo Granda Garcés a Banco Pichincha, entidad de Fidel Egas que ejecutó las garantías del deudor valorándolas en montos aparentemente  ínfimos que  le permitieron, incluso, el embargo  de  la televisora Teleamazonas.

El cambio en las reglas de juego respecto a los préstamos habría hecho que Granda termine cancelando:  intereses superiores a los legalmente permitidos; capitalización de intereses;  intereses sobre intereses, etc.

Banco Pichincha, supuestamente violando la normativa contractual, crediticia y legal se hizo de los bienes otorgados en garantía, a través del “Fideicomiso Mercantil Granda Garcés”, suscrito ante el notario Primero de Quito, Jorge Machado.

El informe de la SBS, fruto de la investigación de expertos, entre ellos del perito en Economía Hugo de la Torre, señala que en marzo de 2002 Granda canceló todas las obligaciones con Banco Pichincha, a través de un convenio de dación de pago consistente en la cesión (ceder) del 100% de las participaciones fiduciarias.

Sin embargo, pese a honrar todas sus deudas, se resalta que a esa fecha  Granda seguía constando  con un crédito aparentemente vigente  por la suma de $ 4’000.000.

El valor de los bienes entregados en fideicomiso al banco ascendía a $17’000.000, pero el denunciante dice que esos bienes, al momento de ser imputados en dación de pago, se  los valoró en solo $ 10’428.002, de cuya operación “se puede concluir que se me perjudicó económicamente y se violó el procedimiento establecido en la cláusula décima de dicho instrumento público”.

Sobre la base de documentos solicitados al Banco y que fueron entregados incompletos al organismo de control, la SBS estableció que los créditos motivo del reclamo de Granda eran originalmente 8 y  que fueron cancelados mediante diversas renovaciones, por lo que se convirtieron en 35 créditos entre junio de 1998 y  octubre de 2002.

Una de las conclusiones del informe de la SBS señala, por ejemplo, “las nuevas operaciones (renovación) que sustituyen a la preexistente, se presume no han sido convenidas por las partes”, pese a lo cual el banco capitalizó los intereses del deudor.

Todos esos actos “dolosos y delictuales” -según Granda- “se cometieron con el único afán de arrebatarme Teleamazonas, de manera ilegítima...”. La SBS no pudo avanzar más en las investigaciones porque el 11 de julio de 2005 Banco Pichincha remitió un oficio al director de Consultas y Reclamos de la SBS, Santiago Moreno Montiel. Allí, entre otras cosas,  destacó que   el caso  de Granda “está sometido, desde antes de la fecha del reclamo, al conocimiento, prueba y resolución de la justicia ordinaria” (ver facsímil).

Y es que para concretar los cobros de los préstamos, intereses y demás obligaciones, Banco Pichincha, a través de su presidente ejecutivo Antonio Acosta Espinosa, entabló una demanda  verbal sumaria en contra de Granda en el Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha. En cambio, el juicio de Embargo y Remate lo entabló el procurador judicial del banco, Eduardo Nieto Boada, en contra de la Compañía de Construcciones  y de Minería A. Granda C.

El embargo se cumplió el 29 de enero de 2004. El Juzgado Sexto de lo Civil de Pichincha, mediante providencia aceptó a trámite especial lo solicitado por Banco Pichincha. Allí señaló: “Sobre la base del Contrato de Prenda Industrial Abierta inscrita y vigente y la aseveración del acreedor prendario, se ordena el embargo, avalúo y posterior remate de lo detallado en el contrato (de fideicomiso)  celebrado el 30 de mayo de 2002 y reconocido el 11 de junio del mismo año (ver facsímil)”.

Indagación previa en Fiscalía

El 27 de septiembre de 2007 la Fiscalía inició la indagación previa por el “presunto hecho punible”, tras la denuncia presentada por Granda por el delito de peculado, contra directivos del Banco Pichincha y exfuncionarios de la SBS.

La denuncia -que según el afectado busca justicia, sanción  y “no se permita que atropellos e ilegalidades de banqueros y sus cómplices queden en la impunidad”- fue entablada contra el Banco Pichincha C.A., representado por el  presidente ejecutivo Antonio Acosta Espinosa; el gerente Fernando Pozo Crespo; el exvicepresidente Andrés Hidalgo Cevallos; y el funcionario Guido Cordero. Además, contra Alejandro Maldonado García y Alfredo Vergara Recalde, ex titulares de la SBS.

A decir de Granda, por el giro de sus múltiples negocios se vio en la necesidad de solicitar préstamos al Banco Pichincha, tanto a su nombre como de las empresas Construcciones y Minería A.Granda C.; y Skinner Comercial Company, de las cuales era su presidente.

Debido a la crisis bancaria que en 1999 afectó al  Ecuador, solicitó la renovación de  ciertos préstamos solo a 30 días, pero después le habrían sido impuestas renovaciones “de manera unilateral por el Banco”.