En los últimos  seis años  la banca ecuatoriana  ganó 1.644 millones de dólares netos, lo que evidencia que es uno de los sectores  que más ha crecido con la política fiscal. Con el  proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social enviado por  el Ejecutivo a la Asamblea el jueves pasado,  el Gobierno pretende recaudar 164 millones de dólares para financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que, a partir de enero próximo, ya no será  de 35 dólares sino de 50. 

Para lograrlo, la propuesta de ley plantea elevar el impuesto a los activos en el exterior (del 0,08% al 0,25% y al 0,35%), gravar con el 12% del  IVA a  los servicios financieros, suprimir la exoneración del 10% del Impuesto a la Renta (IR) a las entidades financieras, cambiar  el cálculo del Anticipo del IR y facultar a  la Junta Bancaria para que  fije salarios máximos a los administradores y representantes legales de los bancos.

Con ello, el Gobierno estima financiar el 54% de los 300 millones de dólares que significa el aumento de 15 dólares al BDH. Y con la regulación de los salarios se pretende distribuir  con equidad las utilidades entre los trabajadores de los bancos, pues se comprobó que ciertos directivos ganan entre 20.000 y  78.000 dólares mensuales, mientras que sus colaboradores perciben un salario promedio de 800 dólares.

El economista Hugo Villacrés explica  que el pago de   salarios  se registra como  un gasto, lo que a su vez  reduce  el margen de utilidad del sistema financiero.  Considera que los cuestionamientos del presidente Rafael Correa buscan que  los  banqueros   se compadezcan con la realidad nacional, a fin de que las utilidades se repartan  entre todos quienes contribuyeron a  generar las ganancias  de la institución financiera. Eso implica -manifiesta- evitar distorsiones con salarios exorbitantes y ser más eficientes al reducir   ciertos costos.

Con respecto a las reformas tributarias que plantea el documento, el analista asegura que la banca “pensará dos veces   antes de sacar el dinero fuera del país,   porque el impuesto será  más alto”, lo que les motivará a   invertirlo en el sector productivo privado.

Desde la semana pasada la Asociación de Bancos Privados y dos de sus socios -Fidel Egas del Banco Pichincha y Abelardo Pachano de Produbanco- han advertido sobre el impacto que  podrían sufrir los usuarios del sistema financiero si se aplican las medidas planteadas por el Ejecutivo.

En una entrevista publicada ayer por   un diario local, Pachano volvió a insistir en que el proyecto va en contra de los 7 millones de depositantes y de los 20.000 millones de ahorros de los ecuatorianos. Se lamentó porque  los “más de 20 mil  accionistas  no podrán vender sus acciones o lo harán a un precio menor. Tampoco tendrán sus legítimas utilidades” y calificó de “confiscatoria” a la reforma que elimina la exoneración del 10% del IR, con lo cual la banca “no solo deja de ser un negocio, sino que tendrá dificultades para mantenerse como tal”.

Sin embargo, el  economista Villacrés cree que “ese impacto” que advierte la banca sobre los cuentahabientes  no existirá porque los costos de los servicios financieros se mantendrán igual, solo que el 12% irá  al Estado a través del IVA.

Entre los principales servicios están el retiro de efectivo  en cajeros automáticos, cuyo costo fue fijado por la Junta Bancaria en 50 centavos; la impresión del saldo en la cuenta en 35 centavos,   5,15 dólares  por una tarjeta de débito con  banda lectora y  2,79 dólares por un cheque nacional devuelto, entre otros.

A través de la reforma tributaria, el Gobierno estima recaudar 122 millones de dólares en 2013, 127 millones en 2014  y 137 millones  en 2015. A ello se sumarán las medidas administrativas, cuya ejecución dependerá de la Junta Bancaria, con lo cual la recaudación total  ascendería a 164 millones de dólares  en 2013, a 171 millones en 2014 y a 183  millones en 2015.  

Esta semana la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional tramitará el informe para primer debate  del proyecto de ley. El primero en emitir sus observaciones fue el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, y durante la semana serán convocados los representantes de la banca.

Por ello, Villacrés también anota que es importante reconocer que la  banca es un negocio  de intermediación financiera  que en el último año aportó 170 millones de dólares al Estado en  impuestos. Y acotó que no se  debe olvidar que el  servicio que presta  permite la   dinamización del  sector productivo cuando hay dificultades de  liquidez, lo que representa un   riesgo, lo cual es compensado cuando existe una ganancia.  

De ahí que el tema  de debate debe estar orientado hacia  cómo  ese negocio puede generar impactos positivos sobre el resto de la sociedad.

Cabe precisar que solo el último año el sistema financiero reportó más de 300 millones de dólares en ganancia neta, lo que demuestra su liquidez y solvencia.