El final de la década de los noventa estuvo marcado por el cierre de 17 bancos y por pérdidas que se estiman en 6.170 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE).

Tal debacle, considerada como la peor crisis financiera que haya sufrido el país, tuvo su origen en normas legales y constitucionales, mas no en el excesivo gasto público, según el presidente Rafael Correa.

Durante su último enlace sabatino, realizado en Babahoyo, Los Ríos, el mandatario rechazó un editorial titulado ‘Liquidez y crecimiento’, publicado el 30 de diciembre de 2013 por diario Expreso, en el que se afirma que la crisis financiera de 1999 fue fruto del excesivo gasto público.

Según el Jefe de Estado, dos de las decisiones que perjudicaron la salud financiera del país fueron la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), por parte del Congreso Nacional; y la transitoria cuadragésima segunda de la Constitución de 1998, emitida por una mayoría afín al Gobierno demócrata popular del exmandatario Jamil Mahuad.

La Ley AGD eliminó el Impuesto a la Renta (IR) y creó el del 1% para el cobro de los cheques “con lo cual la intermediación financiera colapsó”.

“Están atentando contra la verdad histórica y por fundamentalismos ideológicos aseguran que la crisis del 99 no fue fruto de la corrupción bancaria o de la complicidad entre el poder político y banqueros que financiaban al gobierno, o de la trampa en la Constitución de 1998 en la que se introdujo una disposición transitoria (cuadragésima segunda) diciendo que el BCE podía salvar a los bancos”, expresó Correa.

El exdiputado de la Democracia Popular (DP) y secretario de la Asamblea Constituyente, Diego Ordóñez, dijo en declaraciones al portal web ecuadorinmediato que la Ley de la AGD fue la que desencadenó la crisis bancaria al determinar una garantía ilimitada de depósitos y que la transitoria establecía un régimen temporal de dos años de transición a la normativa determinada en el artículo 265 de la Constitución.

La disposición cuadragésima segunda de la Carta Magna de 1998 determinaba que: “Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.

Esta transitoria fue en su momento apoyada por asambleístas de DP, Partido Social Cristiano (PSC), así como también por los denominados de oposición como Nina Pacari, José Manuel Vega Ilaquiche, Julio César Trujillo, Gustavo Vega, entre otros.

Crisis gestada en el Congreso
Con una mayoría conformada por legisladores de la DP, PSC, Alfaristas, Conservadores, Cefepistas e independientes, denominados ‘La Aplanadora’, en el Congreso de 1998 se dio paso a la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), mediante la aprobación, con 63 votos, de las reformas a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera. La AGD tenía por objeto, según los legisladores de oposición de aquella época, presuntamente el proteger el dinero de los depositantes en el Sistema Financiero Nacional, compuesto en ese entonces por 39 instituciones.

La propuesta del Ejecutivo fue tramitada durante la presidencia del Demócrata Popular (DP), Juan José Pons, que obtuvo el apoyo de los jefes de bloque Álex Aguayo (DP) y Jaime Nebot (PSC). El 1 de diciembre de 1998 se aprobó las reformas en donde se creó la AGD, así como la propuesta interpuesta por Nebot, en la cual se elimina el Impuesto a la Renta (IR) y se establece el impuesto del 1% a las transacciones bancarias. La normativa obtuvo 63 votos a favor, entre los que se contaban los de los diputados: Jaime Nebot, Carlos Falquez, Juan José Pons, Álex Aguayo, Alexandra Vela, Raúl Hurtado, Pedro Pinto, Ramiro Rivera, Juan Franco Porras (hermano del gerente de Filanbanco), Cinthya Viteri, Xavier Neira, Alfredo Serrano, Leopoldo Baquerizo, Marcelo Dotti, entre otros.

Los ministros de Finanzas, Fidel Jaramillo; de Gobierno, Ana Lucía Armijos, funcionaria cercana al presidente Mahuad; y, Jaime Durán Barba, secretario de la Administración Pública, fueron los que encabezaron los diálogos para que la norma se aprobase.

La AGD, en una de sus primeras acciones, acogió al Filanbanco, entidad bancaria que siendo la más grande del país fue la primera en requerir de la intervención del Estado por problemas de liquidez, según lo anunciaba en declaraciones a la prensa el secretario de comunicación de la Presidencia, Juan Reece, quien señaló que “este banco pasaba por un momento de iliquidez, que se estaba analizando una posible ayuda; esto significa que habrá la garantía absoluta de que los cuentaahorristas y cuentacorrentistas del banco tendrán el respaldo del Gobierno Nacional”.