Eficiencia y calidad en el servicio público, esos son los retos que se ha impuesto la Secretaría de la Administración Pública para los próximos cuatro años de Gobierno. Con esa ruta trazada, desde julio pasado se implementan nuevas medidas para ser más eficientes en el gasto y mejorar la calidad de los  servicios, un trabajo que arrancó en 2010 con la aprobación de las leyes de Finanzas Públicas y  Servicio Público. Ahora el reto -afirma el secretario Cristian Castillo- es alcanzar estándares internacionales.  
 
Uno de los cuestionamientos de la oposición ha sido  el crecimiento -injustificado según ellos- del Estado en estos seis años. ¿Es así?
Es una mentira eso del excesivo crecimiento del sector público  porque sí hemos aumentado, pero para hacer las cosas que antes no se hacían. Antes no habían suficientes hospitales ni  policías. En Europa, el 15% de la población económicamente activa trabaja para el Estado; en el Ecuador hablamos del 8% y ahí están considerados gobiernos autónomos, otras funciones del Estado y Ejecutivo. Solo en el Ejecutivo son alrededor de 550 mil personas –aunque no tengo el dato exacto- y la mayor masa está en policías, médicos, enfermeras y fuerza pública militar. Entonces cuando hablan de disminuir el Estado les planteo: “acabemos con los ministerios coordinadores”, pero son apenas 1.000 funcionarios y con eso no se lograría nada. O como sugirieron el otro día: “Eliminen todos los cargos políticos”. Bien, nos vamos ministros, viceministros y subsecretarios, pero son 4.000 personas y tampoco lograríamos nada  porque la masa de servidores públicos está en salud (50 mil), educación (300 mil) y Ministerio del Interior (50 mil).  

¿Qué significa eficiencia y calidad dentro de la gestión pública?
La eficiencia deberíamos entenderla como la capacidad de hacer más con menos recursos, lo que no necesariamente significa menos personas. Lo que buscamos es optimizar el gasto, es decir, hay un conjunto de rubros que pudieran destinarse a actividades más importantes que ahora no agregan valor al ciudadano. Por ejemplo, el Acuerdo 98 que firmamos en julio pretende que todo evento público -porque las instituciones necesitan socializar, comunicar y tener espacios donde la ciudadanía exprese sus propuestas- puedan hacerse en las mismas dependencias del Estado y no en hoteles donde el servicio es costoso.

¿Cuánto ahorraría el Estado con la vigencia del Acuerdo 98?
El año pasado gastamos más de $18 millones en eventos (todo el Estado en todo el territorio) y esperaríamos reducir al menos a la mitad ese gasto utilizando los espacios físicos de las propias instituciones... Esos $ 9 millones que dejaríamos de gastar podríamos invertirlos en tres escuelas del milenio o nueve centros de salud categoría C, lo que sí es valor agregado. Otro aspecto es la calidad... Como he dicho, el Presidente es el principal crítico de su gestión y siempre está comparándose con los mejores del mundo... La premisa siempre fue -en el periodo neoliberal- que lo público era lo peor, ahora queremos demostrar que lo público puede ser mejor que lo privado y hay ejemplos como el SRI, Aduana (que hasta 2006 era un botín político) y Correos del Ecuador, que es un ejemplo paradigmático: en 2006 generaba cerca de $5 millones en ventas, pero le costaba al Estado $20 millones y la gente no confiaba en dejar su sobre allí. Ahora sus  gastos de operación alcanzan los $30 millones y genera al Estado $40 millones en ingresos, con índices de satisfacción del 95%... Otro elemento es la calidez, eso implica mejorar el sistema de contratación de personal para el Estado... y capacitarle para que mejore su comportamiento y recibamos calidad con calidez.

En estos días también se dispuso eliminar el rubro de alimentación para los servidores públicos,una decisión  cuestionada desde sus dirigentes, pero reconocida por  la ciudadanía…
La resolución del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) establece que hasta diciembre se mantendrán los contratos con los servicios de catering, pero aquí hay que distinguir dos conceptos: una cosa es el derecho que tiene el trabajador y otra el beneficio adicional que puede tener. Los servidores públicos –y nadie puede decir que no- recibieron un incremento significativo en su remuneración, en todos los escenarios. Solo analicemos el incremento del salario básico, pero el sector público no fue la excepción y hoy nadie gana menos de $525, es decir, $207 más que en el sector privado. Una remuneración es justa cuando alcanza para vivir dignamente y cubrir mis necesidades básicas: vivienda, vestimenta y alimentación. Entre lo que reciben nuestros servidores públicos está incluido el monto por alimentación, pero la gran masa de servidores públicos ya  gana entre $900 y $1.500, es decir, no podemos afirmar que un servidor público es pobre... Ese era un beneficio ineficiente que no le agregaba valor a nadie, porque el trabajador del Estado gana lo suficiente para cubrir su alimentación y al ciudadano que no trabaja para el Estado no le beneficiaba que los servidores públicos coman. Si tuviéramos que darles de comer a todos nos costaría $500 millones  anuales, entonces pregunto: ¿Está de acuerdo con que $500 millones se dejen de destinar a obra pública (escuelas, colegios, carreteras) para dar de comer a los servidores públicos que ya tienen una remuneración que les alcanza? Eso no tiene sentido. Ahora dicen que es un derecho adquirido, pero aclaro:  no es un derecho sino un beneficio y ahora hay que optimizar ese costo. Eso generaba inequidad entre los trabajadores, porque todos somos iguales ante la ley y merecemos el mismo trato. Ahora se gastan $50 millones  en un sector, pero no es suficiente para cubrir a los 550 mil servidores públicos porque los médicos, policías y maestros no laboran en la planta central sino en el territorio. Aquí no hay perjuicio para nadie, sino un beneficio que no  podía socializarse con todos  y, por ende, es mejor no darlo.

Ese tipo de beneficios daba lugar a instituciones doradas con funcionarios de primera, segunda y tercera categoría…
Había funcionarios que recibían buena alimentación por parte del Estado y otros que no. Entonces  es más coherente que con su sueldo decidan qué tipo de comida prefieren, porque  si hay algo de lo que la gente siempre se queja es de la comida… Y generar condiciones inequitativas donde todos salen perdiendo, es mejor no hacerlo.

Otro de los ajustes al sector público es la entrega de uniformes. El presidente Rafael Correa cuestionó que había entidades que presupuestaban uniformes de hasta $700 por persona. ¿Qué medidas se adoptarán al respecto?
Eso es eficiencia del Estado: destinar lo que corresponde para los rubros que se deben cubrir, pero sin excesos. El mismo MRL dispone que el estándar del uniforme sea el mismo para todos los servidores públicos, porque cuando alguien gasta $700 y otro $100 es evidente que hay diferencias. El objetivo del uniforme es homologar la imagen gubernamental para que no haya funcionarios de primera y de segunda categoría. La disposición del Presidente es dotar de uniformes porque es eficiente para todos, pero sin excesos, y se estableció un tope de $200 dólares con una limitación de componentes: no más de tres piezas y de acuerdo a las condiciones climáticas. Esto no afecta a policías y militares que tienen un régimen especial garantizado por la misma ley. Tampoco incluye ropa de trabajo, porque el uniforme es para quienes realizan labores administrativas, pero el personal médico, por ejemplo, tiene otra regulación.

El Acuerdo 98 también habla de viáticos y dispone a las instituciones realizar reuniones virtuales para ahorrar en viáticos. ¿Cuánto gastaba el Estado?
Esa era una ineficiencia porque cerca del 80% de las instituciones cuentan con sistemas de videoconferencia para  reuniones virtuales, y cuando se trata de reuniones pequeñas se puede utilizar Skype.

¿Existía un doble gasto: se invirtió en equipos para reuniones virtuales y los funcionarios continuaban viajando?
Cuesta bastante. Un ciudadano que vive en Zamora tenía que viajar a Catamayo para tomar el vuelo de la tarde y llegar a Quito el día anterior. Eso implicaba hospedaje, alimentación y al día siguiente, con suerte,  regresaba en el vuelo de la tarde. Eso era viático y pasaje de avión, un gasto que no le agrega valor a nadie  porque viajaba para una reunión de tres horas. Quizá en 2006 eso no era posible porque el ancho de banda  era un desastre y no teníamos cobertura de fibra óptica, pero ahora existen  las condiciones.

¿Todas las instituciones públicas caían en gastos innecesarios?
Esta decisión ya se cuajaba con Finanzas, Secretaría de Administración Pública y Relaciones Laborales mucho antes de que yo llegase. El objetivo era identificar que existían ineficiencias como los $18 millones en eventos -y quizá en viáticos y traslados se gasta una cifra similar- que no corresponden al requerimiento institucional. La necesidad es reunirse, no que esté aquí el funcionario, entonces lo más importante es identificar los gastos innecesarios y la ciudadanía nos ha expresado varias propuestas que habrá que analizar.