Hace 182 años, bajo la presidencia de Juan José Flores, las islas Galápagos fueron anexadas a Ecuador y desde 1973 se constituyeron en provincia. Su riqueza natural hizo que el 97% del territorio fuera declarado Parque Nacional y que el mundo velara por la conservación y protección de las especies que allí habitan. Pero más allá de la ecología, 30.000 ecuatorianos residen en las Islas y hoy el Gobierno analiza cómo mejorar sus condiciones de vida.

¿Cuánto peso tiene el Gobierno, la administración pública, en un pueblo que ha construido su propia dinámica y complejidad social?

Cuando uno está en Galápagos empieza a entender la lógica de su gente y la ingobernabilidad de la que se habla. Si bien siempre estuvieron presentes todas las entidades del Estado –un esfuerzo que hay que resaltar- en la práctica allí se vive como en el Ecuador de hace siete años: un territorio donde viven ciudadanos –a más de su riqueza natural- con una realidad económica y social distinta. Sin duda es una población pequeña (30.000 habitantes), pero tiene tres cantones y desgraciadamente los espacios de poder siguen controlados por los grupos que históricamente han manejado el poder económico y político. Además, al ser un grupo humano pequeño todos guardan una relación de parentesco y existe una real ingobernabilidad frente al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, que sustituyó al Ingala y al Consejo Provincial, tras la aprobación de la Constitución de 2008.

¿En Galápagos persisten los rezagos de la partidocracia?

Sin duda. Es una población alejada de la revolución que se vive en el continente, que a más de la obra física genera un cambio de pensamiento en la ciudadanía. Esa realidad aún no llega a las islas.

¿Por qué esa transición ha demorado tanto?

Por los grupos interesados que viven allá, porque de alguna manera seguían gobernando, ya que las autoridades, indistintamente de su línea ideológica, son personas vinculadas a esas estructuras de poder. De ahí que el presidente Rafael Correa buscó una autoridad externa.

Pero un foráneo puede que no tenga acogida...

En Galápagos hay una crisis de talento humano porque no hay educación de calidad, además no hay educación superior. La única entidad ahí es la Universidad San Francisco que básicamente ofrece cursos de PHD y maestría y, de vez en cuando, talleres para la gente local. Y la gente que desea estudiar la universidad tiene que salir al continente y no todos tienen los recursos. Esas dinámicas especiales requieren un tratamiento particular.

¿Cuáles serían las medidas urgentes?

Un tema fundamental es la educación, sin duda, pero lamentablemente no se le ha dado tanta importancia.

¿Crear una universidad solucionaría el problema?

No necesariamente, es decir, está excluida la posibilidad de crear nuevas universidades. Y quien desea estudiar y tiene la posibilidad de hacerlo viaja al continente, además hay una política de becas específicamente para Galápagos, pero ahora existe la tecnología para proveer a los jóvenes de estudios universitarios en línea como funcionan algunas universidades particulares.

Al hablar de la problemática de Galápagos también se mencionan los altos índices de alcoholismo y otros problemas sociales. El aislamiento podría exacerbar esos conflictos...

Alguien decía que Galápagos es un resumen de la belleza del Ecuador, pero también de sus conflictos. Es que al ser pequeñísimas poblaciones distantes entre sí, tienen problemas específicos que se acentúan por la falta de presencia eficaz del Estado, que no tiene que ver con normas sino con la falta de control por múltiples razones. Por eso la gente debe asumir que el Consejo de Gobierno es la máxima entidad en el territorio y que constitucionalmente hay competencias claramente definidas. No sustituye a la Senplades, pero requiere de una planificación específica para ese régimen especial.

Entre los problemas sociales de Galápagos también se habla de violencia intrafamiliar y otros...

La violencia intrafamiliar y la prevalencia de madres solteras son los casos más recurrentes. Por eso es necesaria la presencia del Estado, un proceso ligado a la inversión pública, pero que no esté fundamentada en una fórmula de cálculo per cápita ya que desgraciadamente invertir así en Galápagos resultaría altísimo.

¿Qué ocurre con la regulación en el ámbito turístico?

Ese es un serio problema porque así como está regulada como una fuente de oportunidades para algunos, existe también un grado de descontrol. De hecho, el turismo es su fuente principal de desarrollo, pero no siempre fue así, antes allí se desarrollaba la pesca... Es que en el afán de permitir a la gente local aprovechar del turismo también se abrió la posibilidad para que los pescadores sean operadores de turismo y las viviendas reciban huéspedes, pero hoy en día hay una gran anarquía y una ola de reclamos que nos ha obligado, este año, a establecer una moratoria para la construcción de nuevos hoteles o su expansión, mientras no pongamos en orden lo existente. También hemos tenido serios problemas con el otorgamiento de cupos para ingreso de turistas, en donde se han beneficiado los mismos de siempre y, al parecer, se cometieron irregularidades. Entonces, si bien el turismo es una fuente de ingresos, si no se hace de manera adecuada es un gran riesgo para la estabilidad de las islas.

Nombres como el de Alfredo Ortiz, político vinculado a la industria turística, revelan esas relaciones de poder. ¿Cuánto afecta eso al desarrollo de la provincia?

Sin duda existen “argollas políticas” que el Gobierno intenta romper. Gente vinculada a la partidocracia que aprovechó esos espacios de poder para seguir lucrando, un fenómeno que volvió a suceder en el último concurso de asignación de cupos, algo que ya investiga el Ministerio de Ambiente... Galápagos tiene centros poblados tan pequeños que requieren de un modelo de desarrollo propio, en donde el medioambiente abrace a lo social y lo económico. El gran problema es que desde los gobiernos locales se intenta diseñar un modelo de desarrollo como el que se aplica en el continente, 100% comercial, que ahí no puede aplicarse.

¿Cuál es el modelo que requieren las Islas?

Estamos tratando de construir ese modelo, un mandato que tiene el Consejo. Es decir, no podemos tener un plan de educación que se extrapole a la realidad de Galápagos. Un ejemplo de ello es la infraestructura de las escuelas del milenio, un diseño que no se podría trasplantar en las Islas. En Galápagos el medioambiente es clave, así que podría contemplar la recolección de aguas lluvias para atender ciertas necesidades, construir grandes ventanales para no usar aire acondicionado y otras mejoras. Es decir, hay letra específica para Galápagos y tiene que ser aplicada.

En esa construcción también hay voces que reclaman autonomía...

Hay varios problemas ahí. Por ejemplo, revisaremos adónde va la cooperación internacional, cómo se canaliza; probablemente vaya al Parque Nacional Galápagos a través de la Fundación Charles Darwin, y está bien, pero que rindan cuentas. Estamos trabajando con la Seteci para identificar eso y si están cumpliendo sus estatutos. Además necesitamos aplicar las leyes y reformar la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (Loreg), que ya se tramita para segundo debate en la Asamblea, para que se precise que hay una sola autoridad que no es solo para el 2% de la zona urbana porque el 97% es Parque Nacional, sino que se trata de una unidad territorial.

Al actual Gobierno le quedan tres años de gestión, ¿qué se puede lograr en ese periodo?

Que entre en vigencia la nueva Loreg, estableciendo qué es un régimen especial y sus facultades; y definir un plan de desarrollo y ordenamiento territorial propio, pues ahora cada municipio y fundación tiene su plan.