¿Cuál es su postura frente a esta pregunta? 

Sí. Porque la pregunta pretende desarrollar aún más el principio que ya desarrollamos en Montecristi y que establece ahora sí ya con claridad que la restricción es para aquellos medios nacionales, no para aquellos medios locales. Por ejemplo, digamos que en Marcabelí, Zumbahua, Playas, Las Balsas, hay una radio pequeña privada; normalmente  esas radios locales no sobreviven, al menos que el dueño del negocio de la comunicación  tenga otra fuente de ingreso. Entonces, tal y como está la Constitución, evidentemente podría volverlo incompatible. Ahora lo que se está haciendo es especificar mucho más que son los dueños de los medios nacionales de comunicación los que no pueden tener vínculos con la banca. En el caso de la compra de los bienes incautados, ciertos grupos quieren descalificar la pregunta diciendo que en la subasta de estas empresas solo iban a poder participar quienes ya tengan intereses en los medios de comunicación actuales. Dije que no porque obviamente yo, sin tener un medio, puedo optar por la compra de esa empresa, pero en el momento que ya soy dueño y no tengo solo la expectativa, entonces renuncio a la ocupación financiera que antes tenía. Eso es perfectamente posible.

¿Qué es un medio nacional?

Eso lo definirá la ley.

¿Habrá una ley que regule esto?

La Ley de Comunicación o la Ley de Telecomunicaciones definirá qué es un medio de cobertura nacional.

Y según su criterio, ¿qué debería ser un medio nacional?

Idealmente el que tenga cobertura en las 24 provincias del país. Eso es un medio nacional. Serán muy pocos.

Usted citaba a las radios. El presidente de AER indica que esta prohibición les restará independencia financiera porque los dueños tienen otras actividades...

Sí, pero con los medios nacionales no ocurre eso. En las cadenas nacionales de radio no. ¿Cuántas radios nacionales hay? Muy pocas. La mayoría de radios son locales, provinciales y regionales. Cadenas de radio nacionales hay muy pocas.

Si esto ya existe en la actual Constitución, ¿por qué se vuelve a tocar el tema?

Por la precisión de los medios nacionales. Así no está. La Constitución de la República, el artículo 312, estipula que las entidades o grupos financieros no podrán poseer o ser parte de medios de comunicación, se prohíbe la participación, el control de capital, inversión en los medios de comunicación social a entidades o grupos financieros, a sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Ahí no dice si son medios de comunicación nacionales, locales o regionales. Es todo. Ahora con la precisión de la pregunta se entenderá claramente qué son los medios de comunicación nacionales.

La relación en entredicho es medios-banca. Un banquero no puede ser periodista y viceversa. ¿Pero un periodista sí puede dedicarse a otras actividades?

Correcto. Ahí está la pregunta. Si yo tengo una franquicia de venta de perros calientes y soy dueño de una cadena de radio nacional, o tengo una tienda de venta de discos de DVD, ¿será que no puedo tener la tienda y desempeñar mi actividad de comunicador? Eso no dice la pregunta.  

Es que hay grupos que lo están interpretando así...

Eso no dice la pregunta. Leamos la pregunta. No dice eso.

Volviendo al origen de la pregunta, ¿por qué un banquero no puede tener un medio de comunicación?

Porque existe un evidente conflicto de intereses y porque existen en algunos momentos intereses francamente contrapuestos. ¿Hemos tenido o no historias absolutamente claras de eso? Por citar algo, aquí estamos en diario El Telégrafo, ¿de quién era antes este periódico? De Fernando Aspiazu Seminario, quien era dueño del banco del Progreso. Y en función del capital que logró tener siendo accionista del banco del Progreso adquirió El Telégrafo. ¿O es que la gente ya no recuerda eso? ¿Qué pasó cuando ocurrió la crisis bancaria? ¿No se utilizaron los medios de propiedad de los banqueros para paliar una mala imagen del banco que estaba quebrando?

En la  Constitución se estableció un plazo para que quienes tenían relaciones con medios y banca abandonaran una actividad. Fidel Egas ya no es dueño de Teleamazonas, ni Mario Canessa tiene participación en  Banco Machala. ¿La pregunta viene porque ustedes han detectado que aún persiste este tipo de casos?

Yo no lo sé. Pregúntele eso al Presidente. La pregunta nace del Presidente de la República con el perfecto derecho que tiene de consultarle al pueblo lo que considere importante.  

Otro argumento que manejan los dueños de medios es que la pregunta restringe sus derechos al no poder desempeñarse en todas las actividades económicas.

¿En qué parte del mundo eso existe sin que esté debidamente regulado? ¿Estados Unidos? ¿Europa? ¿Usted ve los grandes grupos de medios vinculados a intereses financieros directamente? No lo creo.

¿Cómo van, desde PAIS, a explicar esta pregunta?

Haciendo memoria de lo que ha ocurrido. Acabo de dar un ejemplo, el de la crisis del Banco del Progreso. La gente va a recordar quiénes eran los dueños de los medios incautados. Van a recordar que el grupo Pichincha controlaba Teleamazonas, además de varias revistas y editoriales.

¿Qué ocurrirá inmediatamente después de ganar el Sí?    

Se reemplaza automáticamente el artículo de la Constitución enmendado. La Asamblea no entra porque es por voluntad popular. Lo que viene luego es la redacción de la Ley de Comunicación, que tendrá que acoger esto. De la Constitución, que es la fuente matriz, nacerá la ley con claridad. Nosotros debemos recoger en la Ley exactamente el pronunciamiento del pueblo. Ahí se les acabó la fiesta a los detractores de la Ley. Están bravísimos porque  saben que la ciudadanía va a decir que sí a las dos preguntas que tienen que ver con el tema y, entonces, no tendrán discurso para esgrimir en la Asamblea tesis contrarias al pronunciamiento popular. Los asambleístas de oposición van a tener que acatar dicho pronunciamiento.