¿Cuál es su postura sobre las preguntas 4 y 5?

Las preguntas 4 y 5 son fundamentales para la transformación de la justicia con rapidez y con coordinación interinstitucional. La pregunta 5 nos lleva hacia una nueva conformación del Consejo de la Judicatura (CJ) que va a permitir generar una política de Estado para la modernización de la justicia, para su transformación profunda y para que se genere una política general destinada a su mejoramiento.

¿Por qué es necesario reformar la conformación del CJ?

Si bien otras preguntas abordan ajustes normativos en la Constitución, estas dos están haciendo un rediseño institucional fundamental para que se apliquen adecuadamente las normas, es decir, no es un problema solamente de ajustes normativos sino que estas normas se puedan aplicar particularmente en  la justicia en áreas fundamentales como el tema disciplinario, la evaluación del desempeño y en el mejoramiento de la calidad del servicio. Una nueva conformación del CJ va a permitir justamente que haya una mejor coordinación interinstitucional. Tener un modelo de 9, como el que se diseñó y que ya lleva dos años y medio,  no ha funcionado; entonces, ¿para qué persistir en algo inadecuado?; por eso es el ajuste rápido que se le plantea al pueblo ecuatoriano para que tengamos un CJ integrado con un representante salido de una terna enviada por la Función Judicial, quien va a presidir el Consejo, lo cual es muy bueno porque va a evitar lo que ha pasado antes: que los miembros del CJ se pasen peleando por quién es presidente. Segundo, tenemos un representante de la terna enviada por el Ejecutivo que pasará, como todas las ternas, por un proceso de veeduría,  de impugnación pública que hará el Consejo de Participación. Habrá transparencia en la designación y  una corresponsabilidad en el tema de la justicia con la presencia de un delegado salido de una terna del Ejecutivo y del Legislativo también, porque son corresponsables. Las leyes buenas o malas, las leyes procesales que tanto se han cambiado deben hacerse coordinadamente porque el Legislativo hace la ley, pero es el Judicial el que la debe aplicar. Y el Ejecutivo es quien debe velar porque existan los recursos pertinentes, que se ejecuten los programas de modernización en función de las necesidades del usuario de la justicia. Tendremos también un representante salido de una terna de la Fiscalía, porque es muy importante que se coordine a nivel penal. También habrá un delegado del Defensor Público, porque habrá una política coordinada de lo que significa justicia penal.

¿Pero esto no contradice el principio constitucional de que nadie puede ser juez y parte?

De ninguna manera, porque en primer lugar son representantes de estas funciones. No es el mismo Fiscal General o el Defensor Público, sino un delegado de una terna enviada por estas instituciones...

…que representa los intereses de ellos...

Representa una visión específica, salida de esa terna; pero al final el Consejo debe actuar como cuerpo colegiado en su conjunto. En segundo lugar, el CJ no juzga al Presidente de la Corte Nacional de Justicia y ni siquiera es el Presidente de la Corte, en persona, quien  estará ahí. Es un representante de una terna enviada por la Corte de Justicia. Tampoco juzga al Fiscal General, quien tiene una responsabilidad política, por lo que afronta juicios políticos... no es el CJ el que lo juzga directamente. Lo que  se buscaría es que el sistema disciplinario del CJ funcione frente a un sistema de justicia y no frente a la visión específica de una institución, porque recordemos que el CJ, sus cinco miembros, tomará decisiones disciplinarias. Será mucho mejor que a la hora de sancionar a un juez también se escuche la voz de la Fiscalía.

La otra pregunta se refiere a la conformación del CJ y se deja de lado al Consejo de Participación...

El Consejo de Participación Ciudadana continúa en el proceso de elección de los miembros del CJ, porque tiene que hacer un proceso de impugnación, de escrutinio público de los integrantes de las ternas que envíe el Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Fiscalía y la Defensoría Pública.

El otro argumento de la oposición es que se vulnera la independencia de la Función Judicial.

No hay ninguna intromisión de poderes. Hay que tomar en cuenta que la designación de jueces no la hace a dedo el CJ, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, es un cuerpo colegiado que pondrá en marcha procesos de selección de jueces por méritos, con veeduría ciudadana, con escrutinio público.

La pregunta 5 cambia la estructura del CJ. Pero entonces, ¿de dónde surge la necesidad de crear este consejo de transición que propone la pregunta 4?

Porque se trata de una transformación profunda y rápida y hay que ganar mucho tiempo perdido. El CJ no ha ejercido sus funciones disciplinarias, de selección de jueces, de mejoramiento del servicio de justicia, de modernización de las judicaturas. Hay un tiempo perdido que hay que ganarlo rápidamente porque no olvidemos que la impunidad es fuente de inseguridad. Muchas de las cosas que ha hecho el Gobierno para mejorar la seguridad ciudadana se diluyen en un sistema de impunidad.

El problema político es que esta comisión de transición va a estar formada por tres personas provenientes de tres funciones del Estado, de las cuales el oficialismo controla al menos dos.

No es que estos tres delegados de estas tres funciones del Estado van a nombrar jueces a dedo.

Pero eso no está en la pregunta.

Sí está. La pregunta directamente dice: ... para que ejerzan las funciones del CJ; y las funciones de este organismo son designación de jueces, medidas disciplinarias. Todo de acuerdo con la Constitución y  la ley, es decir, con concurso. La pregunta claramente establece que estos tres integrantes de este CJ de transición tienen que ejercer las funciones del Consejo de acuerdo con la ley... debe haber concursos, meritocracia, veedurías, escrutinio público.

Como el oficialismo controla dos funciones del Estado, la oposición asegura que el Consejo tendrá mayoría de PAIS.

No es así, porque la Asamblea tendrá que discutir internamente, plantearse perfiles de personas que conozcan de reforma judicial, de las necesidades del servicio de justicia, que en su trayectoria hayan demostrado conocimientos.