¿Cuál es su postura frente a la pregunta 1?

Los ecuatorianos hemos estado sometidos a una suerte de esclavitud permanente del sistema judicial, donde la   mayoría de jueces ha hecho de sus despachos judiciales meros negocios o tiendas en las cuales se vende la justicia al mejor postor. Los ecuatorianos han estado esclavizados por esos jueces; y si no tenían recursos, simplemente no podían comprar justicia. Esto obviamente es un contrasentido total con lo que es la democracia. Además de eso, esto está en contra del proceso de transformación profunda que se genera desde que nuestro Gobierno funciona. La pregunta 1 va a determinar como principio constitucional las sanciones que no pasan por la caducidad o el plazo de seis meses o un año, sino por los castigos a jueces, fiscales, defensores públicos y abogados defensores que en  los juzgados eventualmente dilatan el proceso para que el plazo se cumpla, el punto central es ese. Cómo tenemos un Consejo de la Judicatura o sistema judicial que pueda controlar no solo cuando la caducidad se dé y sancionar al juez sino también en el proceso previo, es decir, cuando se dilata ya el trámite judicial para que esa caducidad se pueda aplicar. Eso es fundamental. 4.060 casos de caducidad de prisión preventiva desde el año 2007, entonces esto demuestra cómo los jueces han sometido a los ecuatorianos a una farsa, una burla, donde ellos simplemente han   lucrado de estas caducidades y, obviamente, han existido varios abogados defensores de imputados que han estado jugando con la propia situación de las familias y las víctimas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un principio constitucional para permitir y garantizar que los jueces, fiscales, defensores e incluso peritos sean sancionados si es que la caducidad de la prisión preventiva se da. Lo fundamental es que esta pregunta no podemos mirarla de manera aislada, sino dentro del contexto que consiste en cómo se articula la pregunta 1 con la 2 y con las de modificación y reestructuración del Consejo de la Judicatura.

¿Cuál es el cambio específico que plantea la pregunta 1?

Actualmente, por la caducidad de la prisión preventiva solo pueden ser sancionados los jueces, pero como falta grave y solamente cuando reincidan en tres caducidades en un año podrían ser destituidos. Justamente la pregunta 1 establece que no solamente se sancione al juez sino también al fiscal, perito, defensor público y hasta el abogado defensor del imputado como falta grave. El juez o el fiscal o el defensor público que dilaten el proceso injustificadamente o, más bien, para lograr la caducidad de la prisión preventiva podrán ser destituidos inmediatamente. Esto va a permitir tener un control más estricto y sobre todo que el Consejo de la Judicatura no haga como el actual que se lava las manos y dice  que solo tiene una caducidad. Pero ahí la gran pregunta es qué pasa con los jueces, como Aníbal Torres, que tienen más de 700 caducidades. El punto es que aquí se requieren leyes para el control, pero también autoridades y funcionarios judiciales que efectivamente controlen.

¿Es el Consejo de la Judicatura el que deberá establecer si es o no justificada la caducidad de la prisión preventiva?

De alguna manera. Lo que pasa es que ahora deja de ser discrecional porque antes el que tenía que establecer esa justificación era el propio juez, quien pasaba a ser juez y parte de su negligencia e incluso de su propio dolo. Porque yo le aseguro que la cantidad de caducidades se ha dado por acciones dolosas de esos jueces que han entregado más de 30, 50, 100, 700 caducidades. Habían hecho de esto un negocio personal.

¿Cómo la pregunta mejora la seguridad ciudadana?

En primer lugar la seguridad ciudadana está directamente vinculada con la lucha contra la impunidad. Son temas recurrentes y nosotros planteamos que la impunidad pasa porque los jueces administran justicia, esto a su vez pasa por cómo los jueces están procesando los controles y evaluación que ellos mismos tienen. Ellos deben rendir cuentas de su gestión y, además, ser evaluados permanentemente.

Si gana el Sí, ¿el plazo de un año de la caducidad de la prisión preventiva se mantiene?

Ese es un principio constitucional que está en los tratados internacionales. Lo fundamental acá es cómo establecemos un principio constitucional que va a permitir que los jueces, fiscales y abogados de los imputados no se burlen del país y dejen de hacer de la justicia, en lo que tiene que ver con la caducidad, un negocio.

Le preguntaba esto porque sectores de la oposición aseguran que la pregunta resta derechos constitucionales...

Es una falacia, una cortina de humo que tratan de botar quienes no tienen argumentos. A esos opositores habría que preguntarles qué opinan de las 4.000 caducidades de los jueces que no han sido sancionados por el Consejo de la Judicatura. Ese debe ser el tema de fondo, qué opinan de que los jueces no rindan cuentas. Eso debería hacer la oposición y, obviamente, preocuparse por la situación de las víctimas y de esa clara impunidad.

En varias entrevistas recientes el alcalde de Guayaquil dijo que al principio estaba a favor de la pregunta 1, pero la Corte Constitucional modificó su contenido profundamente y le quitó el sentido...

No es así. La Corte Constitucional, desde nuestra perspectiva, le dio una visión integral a la pregunta 1 de la consulta y obviamente que más podemos esperar del alcalde Nebot; a él se le acabó el discurso de la consulta y el de la inseguridad. Más allá de que  ha sido uno de los miembros de la oposición que se ha opuesto ciegamente a cualquier paso que se dé en la lucha contra la impunidad. ¿Él como no va a estar opuesto a la consulta popular, que lo único que va a hacer es romper con la trinca judicial del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero? Ese es el tema de fondo. Ellos no están preocupados por el asunto de la seguridad, sino porque ahora sí están en grave riesgo de quedarse sin trinca judicial.

Pero también, ¿cómo se evita que las personas pasen años en prisión sin tener una sentencia?

Justamente la pregunta está establecida en ese sentido. El plazo se mantiene y vamos a ver que la justicia no tiene que ver con plazos.