Hasta el momento, 74 personas a nivel nacional son judicializadas por el delito de tráfico de tierras, de las cuales cuatro ya tienen sentencias ejecutoriadas.

El último operativo se realizó la madrugada del martes pasado y tres personas fueron detenidas. Los  moradores y campesinos del sector de Santa Catalina, en Conocoto (Quito), denunciaron a la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) que pagaron entre 1.800 y 5.000 dólares por cada lote a los dirigentes de la asociación El Porvenir, quienes vendían predios estatales para vivienda sin que fueran idóneos para tal finalidad.

La entidad realizó las inspecciones después de receptar las denuncias y envió  la información a la Fiscalía de Pichincha para que iniciara la investigación. Durante 8 meses el caso fue investigado y la tarde del martes se desarrolló la audiencia de formulación de cargos por estafa y fraccionamiento sin autorización, de acuerdo con el artículo 563 del Código Penal y al artículo 477 del Cootad.

El mismo día fueron allanadas cinco viviendas y se incautaron promesas de compra y venta, recibos, un revólver y se encontró una importante suma de dinero en la residencia del tesorero de la asociación, Óscar Bermeo Coronel.

Al menos 400 familias han sido perjudicadas por   la presunta estafa, según Julio César Quiñónez, titular de la Stpahi. “Nuestra labor es proteger a los  grupos vulnerables, como el sector del campesinado, ante estas irregularidades de los presuntos delincuentes”, dijo.

El Ministerio de Inclusión Social determinó que la asociación El Porvenir no estaba autorizada para  comercializar los lotes. “Ubicamos a los presuntos responsables y como es nuestro deber, presentamos cargos ante el juez de Garantías Penales”, declaró el fiscal Distrital de Pichincha, Miguel Jurado.

El funcionario explicó que en esta etapa procesal se seguirá recopilando información y se someterán a reconocimiento y avalúo las evidencias halladas. Aclaró que  dos de los implicados  tienen prisión preventiva, mientras que Dagma Q. M. está bajo arresto domiciliario porque se encuentra en período de lactancia.

“La Fiscalía ha puesto a su disposición toda la evidencia incriminatoria, con el propósito de que puedan rebatir y controvertir las pruebas”, expresó Jurado.

En el país, cuatro personas ya han sido sentenciadas de 3 a 5 años por delito de estafa y fraccionamiento ilegal de tierras  en Guayaquil y uns más en Durán.

El juez sentenció en estos casos que se repare materialmente a los afectados y que se legalice el lote donde viven  las familias.

Los perjudicados, en algunos casos, ya han interpuesto un recurso de amparo posesorio, por lo que no pueden ser desalojados, pero cada caso es diferente. “De lo primero  que debemos preocuparnos es que la gente estafada  se acerque a la Fiscalía para que haga la denuncia  y así poder actuar”, manifestó Quiñónez.