En el marco de la política pública  de redistribuir equitativamente los recursos del país, las Fuerzas Armadas han transferido 20.564,32 hectáreas de tierras a entidades del Estado, entre 2012 y lo que va de 2013.                             

El 20 de agosto pasado, con la entrega de 83 hectáreas al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, las FF.AA. completaron la cesión de los terrenos a varias entidades del país.   

La entrega ha consistido en bienes inmuebles urbanos y rurales que no se usan con fines militares, los que han pasado a instituciones públicas que aporten y potencien el desarrollo del país, acatando el artículo 48 de la Ley de Desarrollo Agrario: “Prohíbese a las entidades del sector público, con excepción del INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) y del Ministerio del Ambiente, ser propietarias de tierras rústicas. Si por cualquier razón ingresaren tierras a su patrimonio, deberán enajenarlas dentro del plazo de un año. Si no lo hicieren, estas tierras pasarán a formar parte del patrimonio del INDA”.

El Ministerio de Defensa empezó a ejecutar el traspaso de tierras tras realizar el respectivo catastroSe exceptúan tierras rústicas que sirvan para el cumplimiento de los fines específicos de la entidad que las aprovecha, como las destinadas a capacitación, investigación agraria, educación, campamentos de obras públicas, explotación de minas, canteras y recursos del subsuelo, instalaciones para la defensa nacional, puertos, aeropuertos, áreas de seguridad, áreas protegidas, patrimonio forestal y otros similares.

Asimismo, el Decreto Ejecutivo 435, del 26 de julio de 2010, señala en su  artículo 1: “Todos los órganos que forman la Administración Pública Central e Institucional traspasarán a título gratuito a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, el dominio de todos los bienes inmuebles que sean de su propiedad y que no estén siendo utilizados en sus actividades principales, en un plazo no mayor de sesenta días desde la expedición del Decreto, con excepción de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado, los bienes que integran el patrimonio cultural y natural y áreas protegidas”.

Para la transferencia de dominio de esas propiedades, el Decreto asimismo indica que se lo efectuará con base en el artículo 57 y siguientes del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público.

Los bienes deben ser administrados por Inmobiliar, entidad técnica adscrita a la Presidencia de la República, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1479, publicado en el Registro Oficial 495 del 24 de diciembre de 2008.

Los entes beneficiados

El primer mandatario, Rafael Correa, el 26 de julio pasado  lamentó que las FF.AA. se hayan convertido en las mayores terratenientes del país. Ordenó que la institución se deshaga de todas las propiedades que no son utilizadas para fines militares.

Algo similar señaló en cuanto al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), pues destacó que su fin no debe ser acumular propiedades. Por ello,  también ordenó que todas las empresas de las FF.AA. que no tengan fines de defensa pasen a manos civiles.

“Nuestro objetivo es que los campesinos tengan la tierra para salir de la pobreza”, manifestó en el acto mediante el cual se formalizó la entrega de 83 hectáreas al GAD de Ayora. Allí destacó que “no se trata de que las FF.AA. pierden esos terrenos; es al revés, la Patria gana y las Fuerzas Armadas son parte fundamental de esa Patria”. Las entidades más beneficiadas con estas transferencias de terrenos han sido los ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y del Ambiente (MAE), para uso del programa Plan Tierras (5.876,32 hectáreas) y proyectos ecológicos (14.589,66 hectáreas), respectivamente; y 98,34 hectáreas para los GAD’s (Gobiernos Autónomos Descentralizados) y otras entidades del Estado.

Todo se enmarca dentro de la política   de redistribuir equitativamente los recursos y la riquezaPara el MAE en la provincia del Guayas se transfirieron terrenos de la “Isla Esperanza” (1.598,57 hectáreas), para desarrollar proyectos que aseguren el manejo sostenible de los recursos naturales de Guayaquil; y para la implementación del proyecto emblemático Parque Samanes se entregaron 374 hectáreas (215 pertenecientes al ISSFA y 159 del Ministerio de Defensa), que formaban parte de la Brigada de Infantería Nº 5 Guayas.   

Mientras, al MAE de  El Oro se entregaron 12.831,70 hectáreas de la Reserva Militar Ecológica Arenillas. Los predios entregados al MAGAP en muchos casos servían para la producción de alimentos, pues eran utilizados para el pastoreo de ganado vacuno y caballar, camaroneras, bananeras y para la siembra de arroz, maíz y papas, entre otros cultivos.

También se han transferido terrenos a entidades como: el GAD del cantón Arenillas (El Oro), 0,12 hectáreas  para la ampliación de la vía; al colegio  Técnico Popular Cotogchoa, 0,58 hectáreas para las instalaciones de ese centro educativo; al GAD del  cantón Celica (Loja), 0,13 hectáreas para su centro recreacional. El último en ser beneficiado fue el GAD de la parroquia Ayora, con 83 hectáreas entregadas el 20 de agosto pasado (ver gráfico).

El presidente de la Junta Parroquial de Ayora, Iván Albuja, agradeció la gestión del Ministerio de Defensa para efectivizar la entrega de tierras,  y manifestó que finalmente los objetivos nacionales son coincidentes con los objetivos del pueblo.

Hasta diciembre próximo se contempla la transferencia de  alrededor de 3.000 hectáreas más para el Plan Tierras del MAGAP y para proyectos de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) como centros de atención ciudadana, centros de salud, complejos recreativos y Unidades de Policía Comunitaria. Luego de ese tiempo se seguirán realizando entregas de predios atendiendo los requerimientos de diferentes instituciones públicas.

Se hace con base en catastro

El Ministerio de Defensa empezó a ejecutar el traspaso de tierras luego de que en 2008 realizó el levantamiento de información del catastro de Fuerzas Armadas en todo el país, el cual fue presentado al presidente Rafael Correa en febrero de 2012, quien dispuso la depuración del mismo, con el objetivo de que esos predios puedan ser entregados a otros entes del Estado.

A partir de esa disposición presidencial y mediante el trabajo coordinado con otros ministerios, se evaluó la redistribución de los predios que serían utilizados para diferentes programas o proyectos de otras entidades, según las necesidades.

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1484 de 15 de diciembre de 2008, se declaró extinguida la H. Junta de Defensa Nacional, y a través del Artículo 5 del mismo Decreto se determinó que todos los derechos sucesorios de los cuales se beneficiaba la H. Junta de Defensa Nacional hasta su supresión, continuarán siendo percibidos y administrados por el Ministerio de Defensa y destinados a las mismas finalidades establecidas en la base normativa de su creación.

Sin embargo, el mandato presidencial de Correa dispuso que las tierras que no son de uso militar se reviertan a planes de interés social.

Para la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, esta entrega de tierras servirá, por ejemplo en el caso de las 83 hectáreas que recibió el GAD de Ayora, para el desarrollo de proyectos sustentables relacionados con la vocación agrícola y rural de la zona.

Según Espinosa, todo se enmarca dentro de la política del Gobierno de redistribuir equitativamente los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir (ver entrevista).

Para el ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, la trasferencia de tierras que antes estaban en poder de las FF.AA. ha sido recibida con beneplácito no solo por la ciudadanía, sino por los mismos uniformados, “que sienten realmente que el militar no gana más ni menos con tener tierras, no son de propiedad individual, son encargos de gobiernos anteriores”.

Considera que este tema no ha generado malestar en filas castrenses. “No es la conversación del día a día del soldado, del oficial. Son temas de la administración del sector público,  que está haciendo lo mejor, que está poniendo en orden la casa”, aseguró Arellano a este diario.