Insegura, así vivía Ana Delgado. La mujer de 66 años temía ser desalojada en cualquier momento de su casa. La disputa de la comuna San Mateo con los integrantes de una familia que afirma ser heredera de 4.500 hectáreas en el sector era un tema que le generaba intranquilidad. “No me quería quedar en la calle”, manifiesta.

Ella es una de las cerca de 1.000 personas que corrían el riesgo de salir de las que consideran sus tierras. Tras una disputa legal de alrededor de 30 años, los moradores de San Mateo ya están tranquilos, porque tras una acción de protección interpuesta por Mónica López, presidenta de la comuna, la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a través de la Sala de la Familia, Mujer y Adolescencia, suspendió la resolución dictada por Jaime Estrada, exalcalde de Manta, en la que se autorizaba la construcción de la urbanización Nuevo Manta.

En el fallo se reconoce el derecho de los comuneros a las tierras consideradas ancestrales. “Antes no dormíamos tranquilos, porque siempre nos decían que nos venían a desalojar. A mí me daba miedo. Con esta noticia ahora sí podré estar segura de que me voy a quedar con mi casita”, indica Delgado, quien vive sola hace un año, que falleció su esposo.

Ella se dedica a la crianza de animales. “Tengo una chanchita y 4 gallinitas para mantenerme. También recibo el bono (que entrega el Gobierno) y con eso me alcanza para comer”, dice.

Respecto a la resolución, López expresa que ahora está a la espera de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) titularice a las 4.500 hectáreas que estaban en conflicto. La dirigente de la comuna resalta que ellos sí aceptarían la construcción de la urbanización en sus tierras, pero bajo sus términos.

“Nosotros no queremos vender las tierras, pero sí estamos dispuestos a darlas en comodato para obtener beneficios a favor de la comuna San Mateo. Queremos obras, porque aquí no tenemos un centro de salud, un buen hospital, no hay parques, un cuerpo de bomberos, no tenemos alcantarillado, ninguna obra básica. No queremos dinero, sino obras”, dice.

El barrio 10 de Julio, uno de los sectores que estaban en disputa, posee una vista privilegiada al mar, además es un sector apto para la agricultura. “Esta belleza natural es la que nos querían quitar. De este barrio son 40 familias las afectadas y de los Sauces 50 familias, además está el sector El Aromo. En total, como 1.000 personas eran las afectadas”, cuenta López.

Uno de los principales productos que se siembran en San Mateo es el palo santo, además de decenas de frutas y vegetales que se pueden cosechar en sus tierras.

El conflicto por la propiedad de los terrenos no es nuevo, viene desde la década del 40, incluso se han dado enfrentamientos armados, cuenta López. “En 1990 tuvimos peleas, ellos hirieron a varias personas, pero no se quedaron con nuestras tierras”, expresa.

“TUVIMOS QUE DEJAR EL CAMPO E IRNOS A PESCAR”

Para José Alonso, quien vive en el barrio 10 de Julio de San Mateo, la agricultura es su pasión. Pasa varias horas al día cuidando sus sembríos de yuca, plátano, maracuyá, entre otros.

Cuenta que hace algunos años tenía gran parte de sus 14 hectáreas cubiertas con plantaciones, pero debido a la disputa legal por las tierras se vio obligado a dejarlas. “Antes me ayudaba un poquito más con las plantaciones, pero al ver el problema y para estar tranquilo me hice pescador, que es algo que también me gusta. Prefiero estar cuidando mis matitas de limón, de sandía y viendo a unos chivitos que tengo por ahí”, resalta.

En la actualidad, Alonso cultiva varios productos que distribuye entre sus familiares y también le sirven para intercambiarlos con otras personas que se dedican a la crianza de animales. “No tengo muchas cosas, solo me alcanza para darle un poquito a cada pariente. Además, con mis productos puedo cambiar cosas con otros vecinos que me pueden dar gallinas o chancho”, resalta.