Tras el pedido de descalificación de documentos relacionados con el intento de Golpe de Estado del  30 de septiembre del 2010,  el Consejo de Seguridad Nacional iniciará el análisis de los archivos, lo anunció ayer el ministro de Coordinación de Seguridad, Homero Arellano.

Arellano aseguró que la solicitud que realizó  la semana pasada  el fiscal General, Galo Chiriboga, es un pedido legal porque al igual que el Ministerio de Defensa puede pedir la calificación de documentos, por la misma vía lo puede hacer el Fiscal para investigar y transparentar los hechos suscitados el 30 de septiembre del 2010.

Javier Ponce, ministro de Defensa,  agregó que el pedido se dio porque la  “Fiscalía consideró  que necesita elementos complementarios (para la investigación) y eso significa una desclasificación de documentos. Ahora,   el pedido debe atenderlo el Consejo de Seguridad,   nosotros estamos dispuestos a desclasificar todo aquello que sea estrictamente necesario y posible para la indagación”.

Sobre el informe del operativo ‘Rescate’  suscrito por el general  Jorge Peña, director de Operaciones del Comando Conjunto, Ponce dijo que el documento no tiene carácter de reservado por eso fue expuesto a la opinión pública.  “Los documentos que se desclasificarán serán aquellos que pida el Fiscal, porque es él quien lleva el proceso”, concluyó Ponce.

Al respecto, Arellano dijo que tras un año de los hechos del 30-S no es un pedido  solo del Gobierno sino también de la ciudadanía que quiere conocer la verdad y saber quiénes están involucrados.

Arellano reiteró  que la Fiscalía lo que busca es la  desclasificación de aquellos documentos  que permitan aclarar los hechos “porque no ha habido más nadie afectado que el propio Gobierno, porque   después de un año no se ha dado con  los actores que trabajaron en el suceso, donde hubo policías involucrados, pero no  necesariamente la institución”.

Arellano concluyó: “no hay una fecha para la desclasificación,  pero el grado de prioridad de estos temas hará que sea lo más pronto posible; son trámites dentro de lo administrativo”.    Entre los requerimientos estaba desclasificar la identidad del armamento que produjo muertes en esa jornada, y otros documentos que la Fiscalía requerirá para sus investigaciones.  Chiriboga anunció  a inicios de esta semana que  solicitará la reunión del Consejo de Seguridad para exponer  el propósito de levantar la reserva de la información.

El Fiscal ratificó que 15 procesos legales ha iniciado la Fiscalía en torno a los hechos del 30-S y anticipó que se abrirá uno por la limpieza realizada en la “escena del crimen” al día siguiente de los acontecimientos.

Otras indagaciones se iniciarán por la muerte de dos militares durante el operativo de rescate del Primer Mandatario de su secuestro en el hospital de la Policía Nacional.