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El Telégrafo

El actual alcalde de quito perdió el 7% de apoyo luego de revelarse su reunión con el mexicano Muñoz Orozco

Dirigentes barriales y del transporte no ven “agilidad” tras 6 meses de gestión de Rodas

El miércoles pasado, comerciantes autónomos marcharon hacia el Cabildo para exigir su regularización. Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo
El miércoles pasado, comerciantes autónomos marcharon hacia el Cabildo para exigir su regularización. Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo
15 de noviembre de 2014 - 00:00 - Redacción Actualidad

Quito.-

Desde que Mauricio Rodas (SUMA) asumió la Alcaldía de Quito han transcurrido 6 meses y ya han surgido al menos 5 sectores que demandan acciones o anuncian movilizaciones, para exigir el cumplimiento de  su “plan de trabajo”.

Entre esos frentes consta el reclamo de los transportistas urbanos y de los taxistas para que el Alcalde acelere la revisión de tarifas; la exigencia para que se continúe con la legalización de barrios; el pedido de regularización de comerciantes informales; y la movilidad.

También está la caída de 7 puntos porcentuales en el apoyo de los quiteños a Rodas (del 81% en septiembre a 74% en octubre, según Perfiles de Opinión) luego de que medios mexicanos (Río Doce y Proceso) revelaron reuniones con Ignacio Muñoz Orozco, mexicano a quien la justicia de EE.UU. lo vincula con lavado de dinero del narcotráfico, del Cartel de Sinaloa.

Según la encuesta el 57,7% de los quiteños quedó insatisfecho con la explicación del alcalde sobre sus entrevistas con el mexicano.

Muñoz sería quien asesoró en la instalación de los Guagua Centro en Quito, similares a las Estancias Infantiles que se crearon en México.

11 Guagua Centro se han instalado hasta ahora en Quito. Uno de ellos, el de Atucucho, ya atravesó problemas por falta de recursos y el nombramiento de director. Los  padres de los 40 niños inscritos en ese centro rechazaron la falta de atención durante 2 días, aunque el Alcalde aseguró que fue “por mantenimiento de rutina”.

Transportistas anuncian marcha

La Constitución y la Ley estipulan que los 221 gobiernos autónomos municipales deben asumir las competencias en planificación, regulación y control de tránsito y transporte terrestre y seguridad vial.

Esto se cumple paulatinamente. En el caso de Quito, a inicios de 2014 asumió el total de competencias, entre ellas, para decidir sobre las tarifas de pasajes de servicio urbano. Los choferes piden que la tarifa pase de $0,25 a $0,42 y argumentan el incremento en que los 2.800 buses existentes en la capital destinan $ 1,35 por cada kilómetro que recorren.

Añaden que les afecta el aumento en el costo de repuestos, neumáticos y la eliminación de subsidios por la tarifa diferenciada para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.

Para hablar del tema de tarifas, calidad del servicio y movilidad, representantes del transporte urbano de Quito y del Cabildo se reúnen  desde agosto pasado, pero aún no hay resultados. Frente a ello, Jorge Yánez, dirigente de los transportistas dijo a EL TELÉGRAFO que el próximo 20 de noviembre se concentrarán en el parque El Arbolito y saldrán en marcha hacia la Plaza Grande: a la Alcaldía.

“Aspiramos a que esa acción sea suficiente para definir las cosas, aunque el anuncio (de la marcha) ya ha movido algunas fichas (en la Alcaldía). Reclamamos celeridad, porque la transportación y la ciudadanía necesitan soluciones”, apuntó.

5 delegados de los transportistas urbanos se reúnen con 8 técnicos de movilidad del Municipio. En 2 de las 4 mesas de trabajo se abordaron temas como la gestión de la calidad del servicio, el sistemas de paradas; la reestructuración de rutas; la movilidad reducida; las rutas nocturnas; sistemas de recaudo con tarjetas inteligentes, etc.

En otra mesa discutieron sobre los requerimientos que entregaron diversos sectores de la sociedad civil al alcalde, respecto al transporte y al problema de la movilidad. Y los transportistas también piden una solución al “cáncer” que significa el tráfico en Quito.

Falta por hablar sobre el sistema de recaudo, que empezó a abordarse desde el 7 de noviembre pasado, y lo referente al estudio financiero.

La condición de los transportistas para reunirse con delegados de Rodas fue que tuvieran poder de decisión, “para que no digan esperen, ya volvemos, nos vamos a consultar al Alcalde”. Por ello, del 95% de las reuniones de trabajo ha venido participando la Vicealcaldesa.

Barrios exigen su legalización

Bajo la figura de ‘expropiación especial’, contemplada en el artículo 596 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), decenas de barrios exigen legalizarse.

El proceso para reconocer, por ejemplo, los asentamientos Luz y Vida, 11 de Mayo, La Pampa, El Sol, Los Cipreses, Divino Niño, Dorado Real, Virgen de la Nube, El Conde 4 y otros, quedó en marcha en la administración anterior, pero en los 6 meses de Rodas no ha concluido.

Édgar Cajas, líder de uno de esos sectores, dijo que no hay avances y apeló a la voluntad política del Concejo Metropolitano para agilitar el trámite, en beneficio de 15 mil familias que viven en los barrios citados.

En la Asamblea Nacional, el 27 de junio pasado, dirigentes y moradores de 11 barrios de Quito, especialmente del sur, aseguraron haber cumplido todos los requisitos establecidos en el Cootad y nada.

Francisco Zabala, presidente de los Barrios de Quito, confirmó  que con la administración actual no ha promovido la regularización de barrios. “Todo es pura propaganda. Una vez nos puso a uno de sus asesores que era un joven que no conocía bien Quito y menos el sur, porque vivía en el norte, por lo que no se llegó a nada”, indicó.

Habrían 360 barrios por regularizarse; 60 de ellos iniciaron el trámite en la administración anterior, pero al cambiar de alcalde les dijeron -según Zabala- que les falta requisitos. Como no están legalizados, no tienen acceso a obras. “Todo es burocrático, engañoso y político. Llegan con bandas, ofrecen maravillas y las obras no se ven”, reclamó.

Tras una de esas visitas realizadas el miércoles pasado a los barrios Dorado, El Conde y Los Cipreses, Rodas escribió en su cuenta Twitter: “Nosotros sí vamos a agilitar el proceso de legalización de barrios que por años estuvo abandonado”.

Zabala advirtió: “Estamos en compás de espera hasta fin de año para ver qué sucede con el alcalde Rodas y nuestros pedidos, sino tendremos que protestar públicamente”.   

Antonio Ricaurte, concejal electo por la alianza SUMA - VIVE, reconoció que el tema de la legalización de barrios requiere soluciones.  

Contó que la semana pasada, en el Concejo Metropolitano, se propuso que bajo una resolución se les autorice la ocupación de esos barrios a quienes viven allí desde hace mucho tiempo. Cree que es importante adoptar medidas para que las obras empiecen a fluir  a esos sectores, mientras se resuelve la formación de comisiones especializadas para tratar el tema.

Sobre los compromisos adquiridos con los taxistas durante la campaña, Ricaurte dijo que él fue parte del vínculo y del acuerdo firmado. Considera que ya es hora de dar viabilidad a los requerimientos de ese sector, entre ellos, que no acudan 2 veces al año a los controles vehiculares “porque técnicamente es posible hacer un solo control”.

Igual debería ocurrir con el tema de la patente y el permiso de operaciones. Para abordar estos temas, EL TELÉGRAFO solicitó entrevista con el alcalde capitalino, pero aún no hay respuesta. 

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