El nivel de consumo se ha desacelerado y más bien registra un aumento en el crédito comercial. Así lo reveló ayer el superintendente de Bancos, Pedro Solines, durante una comparecencia ante la comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que sesionó en Guayaquil a propósito de los 193 años de independencia del puerto principal.

El presidente de la mesa legislativa, Juan Carlos Cassinelli, convocó al funcionario para que explicara informaciones relacionadas con un supuesto incremento de la cartera de los créditos de consumo.

Funcionarios de la Superintendencia señalaron que el crédito comercial ha crecido. Esto se produce luego de que la entidad aplicara hace más de un año medidas para evitar el sobreendeudamiento de las personas, según las cifras, desde 2012 el crédito de produccion aumentó en un 10% y el de consumo en un 8%, con desaceleración.

Luego de dos horas de exposición, Cassinelli recalcó que la autoridad de control está manejando en forma adecuada el sistema financiero. “El nivel de consumo se ha desacelerado y aumentó el crédito comercial. Eso es positivo, porque significa que la gente se endeuda para producir, no para gastar”, sostuvo.

Otro tema que motivó la comparecencia fue los costos por las tarjetas de crédito. Cassinelli dijo que la explicación se basó en que a partir de las resoluciones de la Junta Bancaria las tarjetas están segmentadas y no solo han bajado de precio sino que la emisión y renovación no tienen costo alguno.

Aclaró que no significa que la banca perdió 130 millones de dólares por la emisión gratuita, sino que los usuarios han dejado de pagar esa cantidad. “La banca dejó de ganar esa cantidad, pero eso no es utilidad real, sino que cobraban al ciudadano por ser tarjetahabiente y lo hacían de manera discrecional” , manifestó.

Banco Territorial

Tras concluir la reunión, Solines se refirió al proceso de devolución de los depósitos a los clientes del Banco Territorial. Anunció que este mes está previsto que se concluya el pago a todas las personas naturales que tenían hasta 200 mil dólares. “Esto implica que se ha pagado a más del 99.5% y solo quedan las personas jurídicas privadas y públicas que tienen más de 200 mil dólares”, recalcó Solines.

El funcionario estima concluir los pagos a estos últimos en un plazo máximo de un año. “Esto es histórico porque existen financieras cerradas por más de 15 años y aún están en proceso de liquidación”, recordó.

Para noviembre aspira a tener un pronunciamiento de la Junta Bancaria para determinar si las instituciones financieras que aún tienen vínculos con otro tipo de negocio han cumplido con la Constitución que obliga a los banqueros no tener actividades ajenas a su actividad.

Solines aclaró que la intención de la Superintendencia no es sancionar sino que se cumpla con la norma constitucional, de allí que esperan que los representantes legales de los bancos presenten sus respectivos  descargos.

Recordó que las sanciones por este incumplimiento son desde multas económicas, la destitución de los representantes legales e incluso una eventual incautación de las acciones de los bancos y su venta en subasta pública. “Esperamos no llegar a eso”, puntualizó.