“La M de mordaza se escribe con la M de monopolio, de concentración de poderes en un puñadito de gente”,  responde el catedrático español José Ignacio López Vigil a quienes consideran que la Ley Orgánica de Comunicación, que entró en vigencia el martes pasado en Ecuador,  atenta a la libertad de expresión.

Para él, el mayor logro en la normativa está en que “desmonopoliza la comunicación” aportando equilibrio al espectro radioeléctrico, en donde por ejemplo, las universidades contarían con canales de televisión  y radios.

Ayer se realizó el Primer Foro de Socialización en la Asamblea Nacional, en el que además de López Vigil participaron José Villamarín, decano de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central, y el cineasta y productor Juan Martín Cueva.   

A López Vigil le llama la atención el concepto de  los medios públicos, que se diferencian totalmente de los de gobierno. “Son medios ciudadanos, de todos porque pagamos impuestos”. Afirmó que estos organismos deben incluir todas las opiniones “y no solo algunas porque si no estaríamos haciendo propaganda en vez de  comunicación”.     

Para él, el reto que tienen las empresas de medios públicos es “de no convencer a los que están convencidos, sino de sumar a quienes no creen en los medios públicos, deben ser medios comprometidos con los ciudadanos”.

También habló de los medios comunitarios, que con la nueva normativa tendrán acceso al 34% del espectro radioeléctrico que deben llegar a ser grandes y con solvencia y no como en Argentina, que en una época llegaron a ser pocos, pequeños y pobres.

El investigador  considera que en  la nueva ley el problema no está en el concepto de linchamiento mediático, que reconoció  “es preocupante pero que se deberá trabajar en ello”, sino en que la ley no desarrolla el trabajo de las nuevas tecnologías. “Se habla poco del acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, en eso hay que trabajar de  mejor manera”.

Comunicación sobre el tapete

El decano de la Facso, José Villamarín, dijo que con  la Ley se pone la comunicación sobre el tapete y se debate el quehacer periodístico. Afirmó  que debería haber un reglamento conciso para las atribuciones que tienen la Superintendencia de Información y el Consejo de Regulación “para evitar ambigüedades”. Agrega que se debería aclarar “qué es el interés público para que no haya discrecionalidad”.

Detalló que desde la Universidad Central se trabaja en la profesionalización de los estudiantes y se analizan los errores que cometen los medios, con fines didácticos, para evitar que cuando ellos lleguen a ejercer la profesión cometan los mismos yerros.

Para Villamarín, uno de los principales problemas es el analfabetismo mediático, “no sabemos leer a los medios y qué es lo que ellos nos proponen”. Destacó que  “la información sirve para la toma de decisiones”.

El docente se refirió a la precariedad laboral, en referencia a que al periodista se le exige contrastar y verificar, cuando en un mismo día, por ejemplo, tiene que hacer entre cuatro y cinco notas adicionales. “Así ¿cómo lograr que cumplan con los estándares de calidad?”, cuestionó.  

De su lado, el cineasta Juan Martín Cueva resaltó la oportunidad que la Ley dará a los productores nacionales para que puedan montar sus propuestas cinematográficas en los canales.

LEGISLADOR OBJETA NORMA ANTE LA CC

El asambleísta de la alianza CREO-PSC-Cambio, Luis Fernando Torres, presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada Ley de Comunicación.

El legislador presentó la querella ante la Corte Constitucional (CC), que en primera instancia deberá resolver si admite su trámite. “No demando la inconstitucionalidad de toda la ley, sino de algunos de los  artículos”, aclaró.

Torres detalló que el recurso impugna 50 artículos por motivos de forma -supuestamente por no haber sido debatidos en la Asamblea- y 12 por razones de fondo, ya que afectarían el derecho a la comunicación al considerarla un “servicio público”.