¿Qué es más pertinente un reglamento general o uno específico para normar más de 11 artículos que manda la ley?

Es importante desarrollar la institucionalidad, principalmente debería realizarse un reglamento general a la Ley Orgánica de Comunicación, que es lo que le corresponde a la Presidencia de la República y luego la propia ley le otorga al Consejo la potestad de realizar reglamentos específicos que permitan definir su estructura orgánica, su vida institucional, la forma como se va a organizar para poder cumplir las demandas que establece la Ley de Comunicación y poder desarrollar de hecho la comunicación. Este reglamento deberá tener cuestiones de orden visional, pero también administrativo-financiero.

             ¿Quién es?

Nombre completo: Paulina Mogrovejo

Profesión: Doctora en Jurisprudencia, licenciada en Ciencias Políticas.

Fue asesora de la Comisión Ocasional de Comunicación

¿Cuál será la principal diferencia que tendrá el Consejo de Regulación, en cuanto al actual Conatel y la Superintendencia de Telecomunicaciones?

En principio, el Conatel aplicaba la Ley Orgánica de Radio y Televisión, que se refería a las cuestiones vinculadas a la televisión y radio, principalmente. La Ley Orgánica de Comunicación desarrolla, además del control a este tipo de medios de comunicación social, un mandato vinculado con el desarrollo del derecho a la comunicación. Lo cual implica no solo regulación a medios de comunicación, como televisión, radio y prensa, sino el fomento con actividades relacionadas con la comunicación, las industrias culturales, el fomento del talento nacional tanto en la cuestión musical como producción audiovisual y otro tipo de producción relacionada con la cultura, el arte, que son formas de expresión y comunicación, que no han sido consideradas por la Ley de Radio y Televisión, pero sí por la Ley de Comunicación.

¿Desaparecería, entonces, el actual Conatel o debería mantenerse con algún tipo de competencia?

La Ley de Comunicación establece en el artículo 48 las atribuciones que están determinadas, algunas que tenía anteriormente el Conatel, pero no todas. Entiendo que el Conatel quedará con algunas atribuciones relacionadas con la cuestión de telecomunicaciones.

¿Cuál sería el mecanismo más idóneo para el control de los medios de comunicación?

Lo más idóneo es regular el derecho a la comunicación y a la información para que sean garantizados todos los derechos fundamentales, a través de la comunicación, lo que significa es que todos y todas podamos expresarnos libremente, buscar, producir e intercambiar producción. Tener el derecho al acceso a la comunicación pública y recibir información veraz y verificada que nos permita tomar decisiones adecuadas acerca de nuestra vida pública, pero también privada. La comunicación nos permite modificar las relaciones de poder discriminatorias y excluyentes que han sido parte del discurso de nuestra realidad ecuatoriana, en las relaciones familiares y que se han dado en contextos de violencia machista y sexista, de homofobia, incitación a la violencia y discriminación, así como distinción que vulneran derechos fundamentales, que deben ser desterrados y una de las formas es a través de una comunicación transformadora, que nos permita entender y aprender una forma de relacionarnos en condiciones de igualdad y sin discriminación.

¿Qué mecanismo se debe aplicar para regular este derecho a la comunicación?

Es importante desarrollar estándares de calidad y con enfoques de derecho en todas las actividades y procedimientos comunicativos para fomentar la calidad, pero fundamentalmente que la comunicación se ejerza con dignidad y que todas las personas podamos ejercerla y que cuando recibimos la comunicación no sea llena de estereotipos. El desarrollo de estándares permitirá que la regulación sea adecuada, técnica y que permita el avance progresivo del derecho a la comunicación e información.

¿Se creará un reglamento que defina estándares de calidad?

No un reglamento necesariamente, sino levantar investigación e insumos y el desarrollo de los estándares. Finalmente esta cuestión no es estática, sino dinámica que avanza de acuerdo a la producción de conocimiento que se pueda realizar en las diferentes instancias, como la academia, las organizaciones sociales y la relación que podamos tener desde el Consejo con la ciudadanía. No se trata de imponer sino definir criterios de calidad de manera constructiva y participativa, incluyente e intercultural.

La Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el IAEN analizan la creación de un observatorio de los medios. ¿Cuál sería el aporte de este observatorio al trabajo que realice el Consejo?

No es precisamente un observatorio de medios, sino de comunicación y de derechos humanos que pretende identificar aquellas cuestiones relacionadas con la comunicación como derecho subjetivo y como integrador de otros derechos; es decir, cómo desde la comunicación y la información se puede respetar, garantizar y promover derechos humanos y asimismo cómo desde la comunicación se pueden vulnerar derechos fundamentales. El observatorio busca ser un laboratorio que permita la producción de conocimiento para desarrollar el derecho a la comunicación, mediante las políticas públicas y estándares.

Han pasado dos años de la consulta de 2011, cuando la ciudadanía se pronunció a favor de que los representantes de los medios de comunicación no tengan vinculación con otras empresas. La Superintendencia de Compañías informó, la semana pasada, acerca de 19 medios que habrían incumplido esta norma. ¿Qué acciones implementará el Consejo al respecto?

Estas acciones están en manos de las autoridades administrativas, entiendo que judiciales, a pesar de que no estoy segura de aquello, pero dejemos que las autoridades pertinentes se pronuncien al respecto. La Ley de Comunicación no establece la transferencia de estos procesos al Consejo, habrá que definir eso posteriormente.

Pero, ¿el Consejo tendrá competencia en aclarar este control o será más una tarea de la nueva Superintendencia?

Este tema concreto le compete a la Superintendencia de Compañías. El Consejo tendría que definirlo. Yo no puedo adelantar porque soy delegada de la Defensoría del Pueblo y estos son temas que aún no se han tratado porque no se ha conformado el Consejo de Regulación.

¿Mediante qué mecanismo la ciudadanía podría presentar sus denuncias cuando sienta que se han vulnerado sus derechos por parte de los medios?

La ley define una institucionalidad que aún no ha sido desarrollada, más allá del tema de los Defensores de Audiencia y Lectores y el Consejo de Regulación.
De hecho esa es la tarea fundamental al desarrollar la institucionalidad, los protocolos para el trámite de quejas por parte de la ciudadanía tienen que definirse una vez que se constituya el Consejo.

¿Ha tenido algún acercamiento con los delegados del Ejecutivo y los Consejos de la Igualdad?

No, no hemos tenido reuniones.

¿Estarían esperando que se definan los dos restantes para realizar la primera reunión?

Claro, esperamos que se definan los dos representantes, y de allí entiendo que el Presidente hará la convocatoria respectiva.

¿Cuál será su aporte al Consejo?

Buscamos crear una cultura de respeto, de fomento y construcción positiva de nuevas formas de relacionarnos con las personas.

En el tema de asignación de frecuencias, la ley dispone plazos que los medios deben cumplirlos, ¿cuál será el aporte del Consejo de Regulación?

El que establece la ley. Debe hacer una valoración y emitir informes vinculantes para que la Superintendencia sea la que resuelva sobre las asignaciones.

Y en el tema de concesiones de frecuencias, ¿cómo se deberá hacer el proceso para que sea equitativo y evitar algún tipo de discrecionalidad?

Hay que hacer lo que manda la Constitución; es decir la distribución de frecuencias en igualdad de condiciones: 33% para privados, 33% para públicos y 34% para comunitarios. Las cuestiones que tienen que ver con esta distribución, como dice la ley, deben basarse no solamente en el monto del capital social que pueda tener la empresa, sino en otros criterios, como el Plan de Comunicación, que debe contener cuestiones constructivas y formativas que propendan a la construcción de la democracia y no solamente a la comunicación como un negocio. Los territorios deben tener voz propia.

¿Cómo se evitará que los propietarios de los medios tengan dinero en paraísos fiscales o simulen ventas y tengan más de un medio de comunicación?

Se deberá definir reglamentariamente.

La ley manda la publicación del tiraje de los medios de comunicación, ¿cómo se evitará que esas cifras no sean manipuladas y sobredimensionar el número de publicaciones?

La ley establece algunas medidas de transparencia y acceso a la información. Tendrán que regularse a través del Consejo.