No pueden ocultar la indignación, se nota en los rostros de quienes afirman sentirse estafados por la Cooperativa de Viviendas del Ejército División Guayas.

Alrededor de 400 personas, entre uniformados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y activo, así como padres de familia,  reclamaron  el pasado lunes la entrega de  casas, por las cuales aseguran haber pagado en la mayoría de los casos más de 8 mil dólares.

Uno de los demandantes es Milton Hernán Martínez, policía retirado, quien recordó que hace 10 años canceló más de 4.000 dólares por una  vivienda de dos pisos, que tenía un costo de alrededor de $ 8.000. “Nunca hicieron la construcción”, denunció este padre de familia, que acusó a Félix Marcillo Gutiérrez, apoderado especial de la cooperativa, quien -según versiones de los perjudicados- era  el encargado de ofrecer el plan habitacional, ubicado en el cantón Durán.

Martínez aseguró que jamás dudaron de Marcillo, pues tenía el aval de la cooperativa que les entregaba crédito directo para el financiamiento de sus moradas.

Actualmente,  quienes  reclaman, piden una solución al problema, ya que tras realizar construcciones en los terrenos que, dicen, compraron,   la nueva administración de la cooperativa -señalan-  los cataloga como invasores. 

Felipe Galarza, militar retirado,  aseguró que perdió alrededor de 12 mil dólares en la compra de una vivienda. "Nos ofrecieron un plan habitacional completo. ¿Cómo íbamos a dudar de Marcillo? Yo tengo todos mis documentos en regla".

“Nosotros no somos invasores, nosotros pagamos por nuestro terreno”, manifestó Luis González, de 42 años, quien añadió que posee un documento de compra y venta de su parcela. Incluso señaló que a pesar de haber accedido el Bono de la Vivienda, en ese entonces de 1.800 dólares, jamás le entregaron la casa concluida, como le ofrecieron.

El dinero del Bono, confirmó Julio Suárez, representante de los perjudicados, fue depositado en la cuenta de la cooperativa, pero   nunca se les entregó las casas.

Dada esta situación, recordó,  no tuvieron otra opción que tomar posesión de uno de los terrenos que se vendían. “La cooperativa sí cobró el bono porque así eran las condiciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), pero enseguida se le giraba un cheque al arquitecto, porque si no con qué plata construía (…). casas completas (no entregamos)”, reconoció Fabiola Astudillo, nueva gerenta de la cooperativa.

Acciones como la de Suárez realizaron otras 76 personas, quienes desde el 2001 habitan en el lugar y hoy temen ser desalojadas, porque afirman que la actual directiva de la cooperativa no los reconoce como propietarios. Mientras que en los alrededores sí existen invasores. “Con esa gente la cooperativa sí quiere arreglar”, se quejó. 

A los perjudicados por Marcillo, que cumplió un año de prisión, se suman los estafados por Blas Hernández Moreno, quien durante la gerencia de Wilson López Erazo también ofertó casas en los mismo terrenos de la cooperativa, pero en este caso no tenía un documento especial, sino el apoyo de López.

Astudillo reconoció que Hernández, quien actualmente está detenido, ha vendido varias veces un mismo terreno. “En el proceso del juicio que se le sigue a Hernández, éste acusó a López (ex gerente) y mostró los cheques (por el pago de los terrenos) que le entregó al ex gerente”.

Una de las perjudicadas por Hernández es Alexandra Zambrano, madre soltera, quien soñando con un hogar para sus dos pequeños hijos confió en lo que le ofrecían. “Me siento mal. Jamás me imaginé terminar en una pelea”, expresó esta ama de casa, que se mostró angustiada de perder $ 700  que invirtió en su futura casa de $ 3.000.

La actual gerenta agregó que se percataron del problema, luego de conocer que un grupo de personas se apropió de algunos terrenos.

Ella aseguró que nunca hubo indicios de que algo marchara mal. Pese a que no tiene detalles de lo sucedido, pues los hechos ocurrieron antes de su posesión, afirmó que se cumplió con los procesos de ley. “El Miduvi fiscalizaba al señor Marcillo, a través de un arquitecto de apellido Ruiz. Con él nosotros teníamos contacto y siempre nos dijo que todo marchaba bien”, recordó la ejecutiva. Ella informó que funcionarios del Miduvi, entre los que estaba  Ruiz, fueron destituidos de sus cargos.

Sin embargo, admitió que en estas situaciones  las leyes fueron muy blandas, como en el caso de Marcillo, quien solo cumplió un año en prisión, pese a ser uno de los acusados de vender terrenos -incluso- a la compañía Riodarsa S.A., que entregó $ 60.000 y por lo cual dicha empresa actualmente sigue un juicio en contra de la cooperativa.

Según Astudillo,  están tratando de solucionar este problema, pues  en algunos casos las familias que habitan en el sector sí recibieron el Bono de la Vivienda, mientras que en otros, no; por ello ya se realizó un censo para conocer quiénes están viviendo en el lugar. “A ellos no les conviene  solucionar este problema”, dijo la gerenta, quien admitió la estafa, pero no por parte de la cooperativa sino por Marcillo. 

Los perjudicados piden al Gobierno  que se encargue de resolver este problema, pues los únicos estafados no han sido ellos, sino también el Estado, al entregar Bonos que no fueron  a los beneficiarios.